01 Abr Memoria e interpretación sobre la “guerra improvisada” de Calderón

ELENA AZAOLA*

La guerra improvisada. Los años de Calderón y sus consecuencias.

Guadalupe Correa-Cabrera y Tony Payán. Prólogo de Sergio Aguayo.

Ciudad de México, Editorial Océano, 2021, 338 pp.

De acuerdo con los autores, el propósito de este libro se circunscribe a dar cuenta de la opinión de algunos funcionarios o consejeros que desempeñaron un papel relevante en el diseño y la ejecución de las políticas de seguridad durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012). Entre los actores entrevistados destacan Genaro García Luna, Eduardo Medina Mora, Tomás Ángeles Dauahare, Guillermo Valdés, Jorge Tello Peón, Rafael Fernández de Castro y Sigrid Arzt. Para elaborar el texto, los autores también entrevistaron y recabaron las opiniones de un conjunto de destacados especialistas en temas relacionados con la seguridad, entre ellos, Sergio Aguayo, Fernando Escalante, Raúl Benítez, Luis Astorga, Edgardo Buscaglia, Eduardo Guerrero, Carlos Flores y Alejandro Hope. En total, el libro es el resultado del análisis de 34 entrevistas realizadas, en su gran mayoría, entre 2014 y 2016.

Con respecto a las entrevistas realizadas a quienes tuvieron un papel relevante en el diseño y ejecución de las políticas de seguridad, el libro logra preservar sus puntos de vista, aunque, de manera inevitable, en muchos casos nos trae a la memoria lo repetitivo —y lo tóxico, añadiría yo— que resultó el discurso oficial durante dicho periodo. Ciertamente, es difícil, si no imposible, pedir a quienes participaron en aquel momento tener una perspectiva objetiva y distanciarse respecto a hechos de los que formaron parte, especialmente al tomar en cuenta que, en la mayoría de los casos, se entrevistó a los actores poco tiempo después de que dejaran el cargo.

Quisiera destacar dos de los méritos más importantes que encuentro en este texto. El primero es que nos permite preservar para la memoria un cúmulo de información acerca de un periodo que implicó un giro importante en las políticas de seguridad de nuestro país y sobre el cual las opiniones incluidas en el texto se encuentran divididas, aunque prevalecen los juicios críticos en vista de los resultados. El segundo es que los autores no se quedan solamente con las ideas que aportaron los entrevistados, sino que constantemente se formulan preguntas a partir de éstas y proponen sus propias respuestas e interpretaciones de lo ocurrido, con base en su conocimiento en temas relacionados con la seguridad y apoyados en un acervo importante de datos que incorporan al final de su texto en once anexos. Estos últimos abarcan desde la cronología de sucesos relevantes en materia de seguridad hasta el diseño, la estructura, los presupuestos y el personal de las instituciones de seguridad, así como datos relativos a los aseguramientos, operativos e incluso un recuento de “eventos desafortunados”.

También es importante destacar, como lo señala Sergio Aguayo en la introducción, que el texto forma parte de una colección que se ocupará de temas relacionados con la seguridad desde una perspectiva que incorpora la relación México-Estados Unidos, por lo que, además de los antes señalados, también fueron entrevistados algunos especialistas en esta materia, como Jorge Castañeda; académicos norteamericanos, entre los que se encuentran Andrew Selee, Eric Olson y David Shirk, e incluso exembajadores de ambos países, entre los que destacan Carlos Pascual, Tony Garza, Anthony Wayne y Arturo Sarukhán.

Haber incorporado la perspectiva de las relaciones México-Estados Unidos fue una de las aportaciones que encontré más interesantes en el libro, pues, con información de fuentes primarias, se adentra en el papel que desempeñó Estados Unidos en el diseño y la puesta en marcha de la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón, la cual incorporó varios elementos —como el uso de las fuerzas armadas, la tecnología y el equipamiento militares— que, no por casualidad, beneficiaron (sobre todo económicamente) más a aquel país que al nuestro, además de que le otorgaron un acceso sin precedentes para actuar en nuestro territorio de la mano, y hasta por encima, de nuestras instituciones.

Otro mérito importante que encuentro en el libro es que somete a juicio y contrasta casi cada una de las aseveraciones de los entrevistados, aunque, al mismo tiempo, permite que muchas preguntas continúen abiertas, puesto que no pretende dar respuesta a todas las contradicciones.

En la tesis central que plantea el libro, a saber, que se trató de una estrategia de seguridad “improvisada”, tesis que por demás se sostiene, quizá faltó que los autores se preguntaran cómo es que después de tantas décadas de supuesta “estabilidad” en México, no hubiera capacidades establecidas, instituciones y programas sólidos en materia de seguridad e inteligencia. Todo indica que la supuesta estabilidad era frágil, superficial, más aparente que real, y estaba sostenida más sobre acuerdos entre la clase política y la delincuencia que sobre las capacidades institucionales que, como bien sostienen los autores, ha sido una de las principales deficiencias que aún persiste en nuestro país.

Un acierto adicional de la obra es la inclusión de un anexo con la cronología de sucesos relacionados con la seguridad, especialmente los que se refieren a los operativos y las masacres que tuvieron lugar durante el sexenio de 2006 a 2012. Evocar aquellos acontecimientos, ahora vistos de golpe y como parte de un conjunto, no deja lugar a dudas sobre la incapacidad de las autoridades para controlar la violencia, pero también queda claro que la política por la que optaron, lejos de contenerla, terminó por alentarla.

Los autores destacan que las entrevistas realizadas los confrontaron, no con una, sino con muchas “verdades” entre las que les resultaba difícil optar. Sin embargo, me parece que no todas pueden colocarse en el mismo plano: algunas son más “verdades” que otras o cuentan con mayor sustento en evidencias, sin perder de vista que las ciencias sociales no se ocupan de emitir juicios o de producir “verdades”, sino, en todo caso, de penetrar en el análisis de las condiciones sociales que las hacen posibles. 

Por momentos, se aprecia la dificultad que enfrentaron los autores para tomar distancia de la narrativa gubernamental, para desmenuzar la retórica a la que de manera sistemática nos sometió, sobre todo el discurso presidencial que, de tanto repetirse, terminó por construir una realidad alterna de la que aún no logramos desprendernos por completo. Dentro de esa realidad, el discurso etiquetó a los delincuentes como enemigos, es decir, como personas que no forman parte de nuestra misma comunidad sociopolítica, y como personas a quienes valía la pena enfrentar con las armas, en lugar de someter a la justicia. En su entrevista, el general Tomás Ángeles Dauahare, exsubsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo expresó de la siguiente manera: “Sí había un problema, pero si utilizas las fuerzas armadas para confrontarlo, le estás dando al grupo [de la delincuencia organizada] un carácter de grupo beligerante, cuando nunca lo fue” (pp. 37-38).

Todavía no logramos desprendernos del todo de estas imágenes. Como recientemente lo expresó el profesor del itam Vidal Romero: seguimos girando en torno a las mismas ideas, como el perro que da vueltas persiguiendo su propia cola o, dicho de otra manera, sin poder pensar “fuera de la caja”. Necesitamos otras ideas, otras herramientas que nos permitan una aproximación distinta a las que hemos intentado, desde mi punto de vista, de manera infructuosa. Machacar todos los días las mismas frases, como lo hizo el expresidente, dificulta que luego podamos expulsarlas del imaginario público y también obstaculiza su análisis, que requeriría ser más sobrio y más objetivo, como lo reconocen los autores.

Varios de los especialistas entrevistados enfatizaron que la decisión del expresidente de enfrentar mediante el uso de la fuerza al crimen organizado no partió de un diagnóstico preciso de la realidad: de ahí que se sostenga la tesis de que se trató de una “guerra improvisada”.

El texto señala que la situación que enfrentó el estado de Michoacán al inicio del gobierno del expresidente jugó un papel importante en el trazo de la estrategia de seguridad para el resto de su sexenio. En aquel momento se consideró que el operativo de Michoacán había sido exitoso; de ahí que el gobierno decidiera implementarlo en otros estados, con resultados desastrosos. Hoy sabemos que tampoco puede considerarse que el operativo en Michoacán haya tenido éxito.

Con respecto a cómo clasificar los incidentes de violencia, un problema adicional que mencionaron los entrevistados es el hecho de que, aun aquellos eventos que se atribuyeron a la acción o al enfrentamiento entre grupos del crimen organizado carecían de fundamento, ya que nunca hubo un juicio para determinar la responsabilidad de los supuestos responsables y menos para poder asegurar que pertenecían a grupos de la delincuencia organizada. Es decir, la base de datos de las muertes atribuidas a enfrentamientos con el crimen organizado se basaba sólo en hipótesis y carecía de evidencias, razón por la cual se determinó descontinuarla. 

Por otra parte, los entrevistados hablaron muy poco acerca del nivel de penetración o de participación de actores gubernamentales y empresariales en grupos del crimen organizado, cuestión que se ha analizado a detalle en diversos estudios recientes. En este sentido, pareciera que sus puntos de vista se sitúan dentro de la perspectiva del discurso gubernamental respecto de quiénes son “los buenos” y quiénes “los malos”, como si existiera una línea precisa e inamovible que los mantuviera separados. Los entrevistados tampoco mencionaron las consecuencias que han tenido la política de seguridad y la participación en ella de las Fuerzas Armadas en el incremento de las violaciones graves a los derechos humanos.

Me resultó interesante la propuesta del libro de atribuir cierto peso a elementos de la personalidad de los actores que participaron en aquel momento en la toma de decisiones. En el caso del expresidente Felipe Calderón, destacan su carácter colérico y su inseguridad, que impregnaban muchas de las medidas que tomó. Asimismo, las rivalidades que prevalecieron entre quienes estaban al frente de las instituciones de seguridad muestran que no había una estrategia previa a la que todos tendrían que sujetarse y que tampoco había un líder capaz de someterlos, de manera que en el fondo esta ausencia auspiciaba los conflictos y la falta de coordinación entre las instituciones.

Un elemento que el libro no señala, pero que me parece muy importante destacar, es que, si uno revisa el conjunto de los discursos que pronunció el expresidente Felipe Calderón, encuentra que 90% de ellos giraba en torno a la necesidad de emprender una guerra contra el narcotráfico. Sin duda, se trataba de una obsesión y de una incapacidad para elaborar una agenda de gobierno que fuera más allá de este objetivo. Otro error que me parece fundamental en la concepción que tenía del problema el expresidente es que redujo el tema de la seguridad a la criminalidad y, dentro de ésta, centró su atención únicamente en el crimen organizado. Como sabemos, la seguridad es un concepto mucho más vasto que abarca desde la salud y el medio ambiente hasta la posibilidad de disfrutar del conjunto de derechos y libertades establecidos en nuestras leyes. En otros términos, en mi opinión, el expresidente Felipe Calderón no fue capaz de ofrecer una política de seguridad integral y articulada con el conjunto de políticas sociales y económicas que nunca ocuparon un lugar dentro de su estrecho concepto de seguridad.

Otro tema que tuvo un gran impacto, aunque los entrevistados lo dejaron de lado, fue el del lenguaje que se utilizó para la definición de la política de seguridad. El expresidente repitió cientos de veces que se trataba de una “guerra” para después negar que hubiera utilizado este término. El hecho es que, aun hoy en día, no hemos logrado caracterizar y generar un consenso acerca de cómo denominar la situación que vive México: ¿se trata de una situación que puede caracterizarse como un conflicto interno? De ser así, ¿cuáles son las implicaciones tanto desde la perspectiva de nuestro marco jurídico como para el derecho internacional de los derechos humanos? Considero, en otras palabras, que nos hace falta avanzar y crear una narrativa distinta a la que emplearon los actores de aquel momento para poder mirar desde otra perspectiva la situación nacional, especialmente después de que han transcurrido ya quince años desde que iniciara aquel giro en las políticas de seguridad sin que los problemas que supuestamente le dieron origen hayan sido resueltos.

Dentro de lo que los entrevistados no apuntan, pero que sin duda merece consideración, se suma el tratar de entender la violencia desde la perspectiva de sus orígenes en la sociedad y en la dinámica de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Tampoco parece haberse intentado comprender las distintas dinámicas que distinguen a las violencias entre una y otra región del país. No obstante, los autores sí destacan que se aplicó la misma receta, la de Michoacán, a enfermedades distintas. Y, como también apuntan, no fue sino hasta que ocurrió la masacre de Salvácar cuando se incorporaron ciertos elementos de política social y la participación de distintos sectores en las estrategias de seguridad.

Una falla más que acertadamente destacan los autores fue la incapacidad del expresidente de construir consensos con los gobernadores. Es decir, se trató de una estrategia de seguridad impuesta por el Ejecutivo federal sin tomar en cuenta a los otros poderes.

De igual modo, la decisión de emplear a las Fuerzas Armadas desestimó el hecho de que éstas contaban con probados antecedentes de un uso atroz y desproporcionado de la fuerza letal. Resultan impactantes y verosímiles los testimonios que incluye el libro sobre abusos cometidos por parte de las Fuerzas Armadas y la responsabilidad ineludible que éstas tuvieron en las violaciones masivas a los derechos humanos, a pesar de la negativa y del sistemático encubrimiento de estos hechos por parte del gobierno.

Tal como sugieren los autores, lo que se requiere es la construcción de instituciones civiles sólidas, tanto de seguridad como de justicia; sin embargo, quizá ello sería insuficiente. También se requería reconstruir un diálogo con ciertas capas de la sociedad con las que había una clara ruptura que el expresidente Calderón no logró visualizar y que, por lo contrario, exacerbó. Los agravios sociales continuaron acumulándose bajo la indiferencia de la clase política, especialmente durante el régimen del expresidente Enrique Peña Nieto. Ni él ni el expresidente Felipe Calderón consideraron importante dar respuesta y satisfacción a las víctimas. Éstas se hallaban fuera de su radar y parecían ser sólo parte de los costos que había que pagar, desde su perspectiva, para poder erradicar el crimen organizado.

Finalmente, el libro incluye un epílogo acerca del caso del exsecretario de seguridad Genaro García Luna, sobre cuya inocencia o culpabilidad los autores tienen el cuidado de no pronunciarse, lo que no quita que pongan sobre la mesa la cantidad de intereses políticos que pudieron haber jugado algún papel en su captura. Los resultados de este juicio, como apuntan los autores, podrían dar un giro dramático a la evaluación histórica de las políticas de seguridad puestas en marcha por el gobierno del expresidente Calderón.◊

* Es antropóloga y psicoanalista, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Sus líneas de investigación comprenden violencia, delincuencia, instituciones policiales y penitenciarias y delincuencia juvenil. Es miembro de la Junta de Gobierno de El Colegio de México, institución en la que ha impartido cursos y donde publicó, en 1996, como coautora, Las mujeres olvidadas. Un estudio sobre la situación actual de las cárceles de mujeres en la República Mexicana.