A partir de la constatación de la fragmentación política existente en México, que ha llevado de un sistema de partido hegemónico al prisma de partidos y candidatos que hoy conocemos, el autor de este texto analiza las relaciones entre democracia y pluralidad política como factores que, a fin de cuentas, deben garantizar legitimidad democrática y una gobernabilidad más eficiente e incluyente.

–WILLIBALD SONNLEITNER* –

El fantasma de la fragmentación política

Un fantasma recorre México: el fantasma de la fragmentación partidista. Todas las fuerzas del Antiguo Régimen se han unido para conjurarlo. Al mismo tiempo, muchos siguen pensando que los partidos son el problema, que éstos han secuestrado la democracia y que la única salvación es su sustitución por personas “honestas” e “independientes”. Carentes de liderazgos y de programas atractivos, de militantes y de electores convencidos, son acusados de todos los males y se han convertido en los villanos favoritos de la política. Sin embargo, estas percepciones pudieran estar sesgadas con un sistema de partidos al borde del colapso. ¿Cuán arraigados e institucionalizados —o cuán fragmentados y debilitados— están actualmente los partidos mexicanos?

La fragmentación partidista se deriva del declive estructural de las identificaciones políticas tradicionales —particularmente aquellas que se forjaron durante el nacionalismo revolucionario—, así como de la descomposición del sistema de partidos que surgió durante la transición. México nunca tuvo realmente un régimen de partido único. Desde la fundación del Partido Nacional Revolucionario (pnr) en 1929, el órgano hegemónico que gobernó se formó con base en coaliciones que agrupaban a centenas de organizaciones cuyos caudillos detentaban el poder local y regional. Incluso durante el apogeo del régimen posrevolucionario, siguieron sobreviviendo decenas de pequeñas fuerzas políticas que participaron regularmente en los comicios federales y locales.

Lo nuevo no es ni la cantidad ni la volatilidad del número de partidos con registro legal. Lo inédito es que ahora las fuerzas “menores” han dejado de jugar un papel marginal para posicionarse como actores estratégicos en el juego político-electoral. Durante el régimen hegemónico, la participación de los partidos “satélite” legitimaba y reproducía las estructuras del poder autoritario. Ahora, los pequeños organismos políticos no solamente ganan centenas de escaños en los cabildos y en los Congresos locales; también gobiernan a centenas de miles de ciudadanos en el ámbito municipal, han conquistado gubernaturas y están incidiendo en la mismísima contienda presidencial.

Las dinámicas de la fragmentación partidista

Para captar las dinámicas de la creciente fragmentación partidista, analicemos un indicador sintético que capta la profundidad del cambio. A diferencia del número real de partidos registrados legalmente, que puede incluir un sinnúmero de minúsculas organizaciones sin importancia, el Número Efectivo de Partidos Electorales (nepel) permite aproximarse al número de fuerzas relevantes. Su cálculo resulta abstracto, pero su interpretación es simple e intuitiva: al ponderar cada fuerza por su propio peso electoral, este índice mide el número (teórico) de partidos que captan una parte significativa del voto en una circunscripción dada. Por ejemplo, un nepel de 1.0 indica que un solo partido capta 100% de los votos, mientras que un nepel de 4.5 indica que el voto se fragmenta entre cuatro y cinco fuerzas relevantes.¹

En las últimas décadas, México transitó de un régimen de partido hegemónico (con 1.3 partidos efectivos en los sesenta) a un sistema multipartidista competitivo: en los noventa, éste contaba con tres organizaciones nacionales suficientemente arraigados para liderar alianzas con otros grupos de menor importancia. Sin embargo, con la proliferación de coaliciones desordenadas y volátiles, dicho sistema no ha dejado de fragmentarse para alcanzar 5.6 partidos en 2015. Las gráficas 1 y 2 ilustran el declive de las tres fuerzas que predominaron durante la apertura democrática. Tras haber pasado de 91% a 61.5% de los votos válidos entre 1961 y 1991, el pri acusó una fuerte caída desde 1994 y tocó fondo en 2006 y 2015, con 30% de los sufragios. A su vez, el pan y el prd alcanzaron promedios de 30.7% y 20.2% entre 1994 y 2012, antes de regresar a porcentajes similares a los obtenidos en 1991. Así, mientras que en los noventa estos tres partidos sumaron hasta 92% del voto válido, apenas recibieron 64% de los sufragios en 2015 (véase la gráfica 1).

Gráfica 1: Tendencias del voto en elecciones federales (por partidos y alianzas, 1991-2015)

Paralelamente, se observa un crecimiento de los partidos políticos “minoritarios”. En los noventa, éstos sumaban 6.5% de los electores, pero su promedio se incrementó a partir de 2003 para sumar 20% en 2012 y rebasar al mismo Revolucionario Institucional en 2015, con 36% de los votos válidos. Durante dicho periodo, el promedio efectivo de partidos en México pasó de 2.3 a 5.6, es decir, de alrededor de dos a alrededor de seis fuerzas políticas relevantes (véase la gráfica 2).

Gráfica 2: Promedio nacional del Número Efectivo de Partidos Electorales (1991-2015)

La descomposición del sistema de partidos no es un fenómeno coyuntural y puede rastrearse desde las legislativas intermedias de 1997. La fragmentación permea todos los niveles de la geografía electoral: de las 148 mil casillas que se instalaron en 2015, sólo 37% conservaron formatos mono (1.3%), bi (10%) o tripartidistas (26.2%), mientras que el resto pasó a formatos de cuatro (26.5%), cinco (20.5%), seis (11.1%) o más (4.4%) partidos electoralmente relevantes. Hasta el 2000, 10% de los 300 distritos federales tenían más de 3.5 partidos; a partir de 2012, 75% se sitúa por encima del mismo umbral y 25% cuenta con cinco o más fuerzas políticas relevantes.²

En una perspectiva territorial, sólo 22 de los 300 distritos legislativos registraron menos de tres partidos relevantes en 2015, con 49 distritos que se situaron por debajo del umbral de 3.5. Éstos se encuentran en los estados norteños y en Yucatán, donde la competencia se estructuró en torno a un clivaje pri–pan y el prd nunca echó raíces. En contraste, la fragmentación es máxima en el centro del país, en Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Baja California (donde se ubican los 51 distritos con más de 5.5 partidos relevantes). Pero ahora la fragmentación se extiende hacia el Bajío, Monterrey, Sinaloa y Chihuahua, hacia Campeche y Quintana Roo, donde 94 distritos han rebasado el umbral de 4.5 y están transitando hacia configuraciones con cinco fuerzas importantes. En suma, 76% de los distritos ha dejado de funcionar en formatos bi o tripartidistas (véase el mapa 1).

Mapa 1: La fragmentación partidista en los 300 distritos uninominales (2015)

Ante la contundencia de estos datos, cabe revisar la concepción dominante que reduce la política mexicana a tres partidos e interesarse en la expansión territorial de fuerzas como Morena, el pvem y el Movimiento Ciudadano, sin hablar de la proliferación de las candidaturas supuestamente “independientes”.

Los desafíos de la fragmentación para la gobernabilidad democrática

Las dinámicas de la fragmentación partidista, que se remontan a 1997, se relacionan con otras variables socio-demográficas y político-electorales. Más que ser un fenómeno “urbano”, ésta se incrementa en los distritos con poblaciones más dinámicas y en edades productivas (18-64 años), con mayor cobertura del issste y con mayores tasas de ocupantes por vivienda, con menores tasas de masculinidad y de hablantes de lenguas indígenas. La descomposición del sistema de partidos mexicano también se asocia positivamente con el incremento de la volatilidad, la competitividad, la proporción de votos nulos y las candidaturas independientes. Estas variables remiten a cambios socio-políticos estructurales que, en su conjunto, explican 75% de la varianza registrada en los 300 distritos (Sonnleitner, 2017).

Sus efectos pueden sintetizarse de una forma contundente: de mantenerse este nivel de fragmentación, muchos candidatos pudieran ser electos con menos de una quinta parte de votos válidos en 2018. Si en 2015 todos los partidos “minoritarios” se hubiesen coaligado, sin incluir ni al pri, ni al pan ni al prd, hubiesen ganado 160 de los 300 escaños uninominales y contarían ahora con una mayoría legislativa, por vez primera desde 1994 (véase el mapa 2).

Mapa 2: Coaliciones potencialmente ganadoras sin el apoyo del pri, pan o prd (2015)

¿Qué implicaciones tiene esta fragmentación para la estabilidad política y para la gobernabilidad del país? ¿Se trata de un desarrollo positivo —de creciente pluralismo— o de una crisis de la representación política? Lo relevante no es la coherencia de las fuerzas emergentes: es el declive de los tres partidos que encabezaron la transición desde el régimen posrevolucionario. En el contexto actual, la descomposición partidista complica la gobernabilidad y tiene costos tangibles para su legitimidad democrática.

En la literatura, no hay consenso sobre el número óptimo de partidos. En teoría, el bipartidismo genera mayor estabilidad porque propicia gobiernos mayoritarios con alternancias regulares. Sin embargo, el número de partidos interactúa con otras variables que inciden en la concentración/dispersión del poder (particularmente los tipos y niveles de polarización ideológica). Por ello algunos multipartidismos moderados pueden ser igualmente gobernables. Tampoco se verifican correlaciones robustas entre la fragmentación y la estabilidad gubernamental, sino una miríada de configuraciones de casos estables con pocos/muchos partidos, más o menos volátiles/estables.

En un régimen presidencialista que elige al Ejecutivo por mayoría simple en una sola vuelta, simultánea pero independientemente de las elecciones legislativas, se requiere de incentivos para la cooperación entre el gobierno y los legisladores. En algunos sistemas presidencialistas mayoritarios (Estados Unidos) y parlamentarios mayoritarios de tipo Westminster, esto se logra gracias a la dinámica bipolar de bipartidismos arraigados de larga fecha. En otros sistemas parlamentarios proporcionales, la conformación de gobiernos requiere de la negociación de mayorías legislativas multipartidistas que garantizan la cooperación, independientemente del número efectivo de partidos.

En otros sistemas híbridos, se han tenido que ingeniar soluciones mixtas con segundas vueltas y calendarios desfasados para incentivar la elección democrática de gobiernos mayoritarios. En Francia, tanto las presidenciales como las legislativas incluyen ballotages cuando nadie alcanza la mayoría absoluta en primera vuelta; sobre todo, las dos vueltas de cada elección se organizan consecutivamente a lo largo de varias semanas, lo que permite agregar los votos en una perspectiva estratégica, “eligiendo” la opción más deseable en la primera y “eliminando” la menos deseable en la segunda vuelta. Así, las elecciones funcionan como fábricas de gobernabilidad y legitimidad democrática.

Junto con otros países latinoamericanos, México enfrenta un escenario adverso: su sistema político se forjó en una lógica mayoritaria y autoritaria, que consiguió la gobernabilidad mediante la subordinación del Congreso a los poderes “metaconstitucionales” del presidente. Desde 1977, las reformas han ido incrementando la pluralidad de los órganos legislativos, pero, a diferencia de Estados Unidos, México no cuenta con un bipartidismo estable y su multipartidismo tampoco se organiza en una lógica bipolar, como sucede en Francia. Los poderes públicos mexicanos se eligen de forma simultánea pero independiente, conforme a una separación rígida entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por ende, la inconsistencia de las coaliciones en los distintos niveles de elección y la creciente fragmentación partidista dificultan la construcción de mayorías legislativas para gobernar y de oposiciones coordinadas para exigir cuentas democráticas. Ello contribuye a erosionar la legitimidad de la democracia electoral, que fabrica Ejecutivos débiles sin contrapesos institucionales, frente a partidos desacreditados sin bases programáticas y alianzas efímeras que desdibujan las diferencias ideológicas, alimentan la confusión y diluyen las identidades partidistas.

De ahí el rechazo creciente a los partidos, alimentado por la personalización excesiva de la política, por una idealización de la sociedad civil y de la supuesta honestidad de nuevos empresarios políticos que se presentan como candidatos “independientes”. De ahí, también, la urgencia de re-construir una gobernabilidad más eficiente e incluyente. Porque, a final de cuentas, las elecciones democráticas no sólo deben servir para competir por cargos públicos, para designar y empoderar, para evaluar y sancionar a los gobernantes; tienen que contribuir a moderarlos y a controlarlos, a exigirles resultados y rendición de cuentas y, por ende, a legitimarlos ante las minorías mayoritarias que conforman el pueblo soberano.◊

1 Dicho índice se calcula como el inverso de la suma de los cuadrados de los porcentajes de votos obtenidos por cada partido: nepel = 1/∑Pn². A su vez, el inverso del nepel indica el umbral efectivo que permite ganar una mayoría relativa de votos: cuando es igual a 2.0, su inverso resulta ser igual a 1/2.0 (= 50% de los sufragios); cuando alcanza 5.6 (su promedio actual), su inverso equivale a 1/5.6 (=17.9% de los votos) (Laakso y Taagepera, 1979).

2 Cálculos propios, con base en los resultados oficiales publicados por el ine en su página web: <http://siceef.ine.mx/>  (última consulta, el 15 de febrero de 2017).

Referencias citadas 

Laakso, Markku y Rein Taagepera (1979), “Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe”, Comparative Political Studies, vol. 12, núm. 1, abril, pp. 3-27.

Sonnleitner, Willibald (2017), “Rastreando las dinámicas territoriales de la fragmentación partidista en México (1991-2015)”, América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales, vol. 75, abril.