01 Oct Ser mujer en México: un estado permanente de discriminación
Basado en su reporte Ser mujer en México, la organización Signos Vitales expone en este artículo los diversos tipos de discriminación que enfrentan cotidianamente las mujeres en México, desde los riesgos que atentan contra su vida hasta las formas diferenciadas de procurar seguridad e inequidad, y que afectan significativamente su vida educativa, laboral, social y política.
SIGNOS VITALES*
Contexto nacional
De acuerdo con la Entidad de la Organización de las Nacionales Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (onu Mujeres), la desigualdad de género es un fenómeno generalizado que redunda en que las mujeres carezcan de acceso a un empleo decente y enfrenten diferencias salariales por motivos de género. En todo el mundo las mujeres y las niñas son privadas sistemáticamente del acceso a la educación y la atención de la salud, están subrepresentadas en la toma de decisiones económicas y políticas y son víctimas de la violencia y discriminación por el simple hecho de ser mujeres. En México, este tipo de situaciones se han hecho más visibles, por lo que el desarrollo integral de las mujeres se ha visto afectado de manera sistemática.
La problemática que enfrentan las mujeres en México incluye especialmente una inadmisible situación de inequidad y discriminación en todas las etapas de vida, desde la primera infancia hasta la vida adulta, así como en diversos ámbitos de la sociedad. Persiste el abuso, la segregación, la desigualdad, la violencia y, en el caso más terrible en nuestro país, los feminicidios. Muchas mujeres siguen viviendo en condiciones de desigualdad debido a factores estructurales con respecto a los hombres, que van desde el terreno económico hasta el de la participación política, pasando por el acceso a la educación, salud y un empleo digno.
La situación de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en el mundo varía entre regiones y países. En México, la realidad que enfrenta la mayoría es crítica. A pesar de que representan 51.21% de la población nacional, es decir, 64 540 634 habitantes (Inegi, 2020), la calidad de vida a la que suelen tener acceso está acotada por una serie de factores estructurales en los ámbitos económico, político, cultural y social, así como de prejuicios y actitudes abiertamente discriminatorias que terminan obstaculizando sus proyectos de vida.
De acuerdo con el Índice Mujeres, Empresas y Derecho 2021 del Banco Mundial, que mide la igualdad entre hombres y mujeres, México se encuentra en el puesto 45 de 190 países evaluados. La calificación del país pasó de 83.8 a 88.8 puntos, debido al avance en los derechos matrimoniales. El indicador de matrimonio evalúa las restricciones legales relacionadas con este aspecto, como la discriminación que incluye los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para dirigir un hogar y la familia. Sin embargo, los puntajes más bajos para México se encuentran en las leyes que afectan el salario de las mujeres (75), leyes que afectan el trabajo de las mujeres después de tener hijas e hijos (60) y leyes que afectan el monto de la pensión de una mujer (75).
Por su parte, el Georgetown Institute for Women, Peace and Security, publicó su informe 2019-2020, en que se estudian los países con mejores condiciones para las mujeres en temas de bienestar, inclusión económica, social y política, justicia, seguridad y empoderamiento en el mundo. La investigación arroja resultados sobre las políticas e instituciones que garantizan igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y, de los 167 países analizados, los que obtuvieron mejor calificación fueron Noruega, Suiza, Dinamarca, Finlandia e Islandia. México se ubica en la posición 103 del estudio, ya que, a pesar de que cuenta con excelentes políticas de representación parlamentaria y normas contra la discriminación, tiene una de las peores calificaciones en seguridad (feminicidios), en inclusión financiera y acceso a la justicia.
¿Qué fomenta la discriminación de la mujer?
En la actualidad, las niñas y mujeres que sufren múltiples formas de discriminación —interrelacionadas entre sí— son aquellas a las que con mayor frecuencia se deja atrás (onu Mujeres, 2018). La situación de las mujeres varía según la etapa de la vida en que se encuentren. En un principio las diferencias entre bebés hombres o bebés mujeres no es muy distinta, pero conforme pasa el tiempo, desde la infancia y, sobre todo, a partir de la adolescencia, las brechas comienzan a crecer. Esa situación adquiere diversos matices respecto de la seguridad, la discriminación o los roles culturales durante la maternidad y la etapa madura de las mujeres. Al término de la vida, las diferencias entre personas mayores hombres o mujeres presentan brechas considerables todavía.
Un primer elemento que condiciona el pleno desarrollo en la primera infancia es el acceso a los servicios de salud, ya que, en el país, sólo 7 de cada 10 niñas y niños de entre 0 y 4 años cuentan con algún tipo de afiliación a servicios de salud (72.7%), y es menor la proporción en niñas (35.9%) que en niños (36.8%). La problemática que enfrentan las niñas y adolescentes en esta etapa incluyen riesgos que atacan su salud mental, física y sexual con delitos como la trata, la corrupción de menores, el abuso sexual, el rapto, los feminicidios o la desaparición. Tan sólo cada día, 9 personas de entre 0 y 17 años se reportaron desaparecidas o no localizadas durante lo que va de 2021. Del total de 2 539 desapariciones, 1 683 son de niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años y una de cada cinco de estas personas continuaban desaparecidas o no localizadas hasta el 16 de abril de 2021.
Por si fuera poco, de enero a diciembre de 2020 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (sesnsp) registró 10 706 casos de niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años que fueron víctimas de delitos. Esta cifra es apenas menor a la reportada en 2019, el año con mayor número de delitos registrados contra mujeres de 0 a 17 años desde 2015. Los registros disminuyeron significativamente a partir del 23 de marzo de 2020, fecha en que inició la Jornada Nacional de Sana Distancia; no obstante, a partir de mayo, algunos delitos contra niñas y adolescentes de 0 a 17 años se incrementaron: la corrupción de menores, las lesiones, la extorsión, el rapto y la trata de personas. En total suman 70 014 delitos contra mujeres de 0 a 17 años registrados desde enero de 2015 hasta junio de 2021, y son las niñas y adolescentes mujeres las más afectadas por los delitos de rapto, trata de personas, feminicidio y corrupción de menores.
Un factor que afecta en mayor medida a las mujeres en la etapa de la adolescencia es el embarazo. En México, 23% de los adolescentes inicia su vida sexual entre los 12 y los 19 años. De ellos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual (Inegi, 2019). En el país ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años, lo que significa un grave problema tanto médico como social. A pesar de que no es ésta la única explicación del aumento en los embarazos en adolescentes, es sin duda un problema de salud pública que tiene implicaciones económicas y educativas, que además amplía la brecha social y condiciona de manera permanente la vida de la juventud mexicana.
En el caso de las mujeres indígenas, existen igualmente muy pocas oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultades geográficas y económicas singulares para tener acceso a servicios de salud y educación, a programas y servicios sociales, tasas elevadas de analfabetismo, escasa participación en el proceso político y marginación social. La exclusión política, social y económica de las mujeres indígenas contribuye a una situación permanente de discriminación estructural, que las vuelve particularmente susceptibles a diversos actos de violencia.
Del mismo modo, un tema que resulta discriminatorio en el país es la enorme brecha educativa entre las mujeres que fueron madres en edades tempranas y las que fueron madres en la edad adulta. Quienes han sido madres adolescentes tienen un logro educativo menor. Mientras las mujeres que fueron madres en edad adulta tienen mayores niveles de escolaridad, 13.4% tiene estudios profesionales; por contraste, apenas 3.8% de las que tuvieron un embarazo adolescente llegaron a este nivel educativo (unfpa, 2020).
Quienes han experimentado la maternidad temprana también perciben ingresos inferiores. En general, las mujeres que fueron madres en la adolescencia perciben un ingreso inferior en 31.6%. En cuestiones laborales, las mujeres que han sido madres adolescentes tienen trabajos más precarios. 67.4% de las madres adolescentes nunca ha cotizado en las instituciones de seguridad social, mientras que en las mujeres que experimentaron el embarazo en edad adulta este indicador fue menor (56.8%). Dentro de los costos macroeconómicos, el abandono y el rezago educativo vinculados al embarazo adolescente representan para el país un costo o pérdida anual estimada en 31 mil millones de pesos mexicanos. Este monto equivale a 1.6 mil millones de dólares.
Tal y como se observa, la discriminación hacia la mujer también afecta el ámbito laboral. De aproximadamente 6 millones de mujeres que se encontraban ocupadas en México antes de la crisis sanitaria, 27 de cada 100 percibían ingresos de hasta un salario mínimo. Esto implica que se encontraban en los límites de la pobreza por ingresos. En cambio, sólo 15 de cada 100 hombres se encontraba en la misma condición hasta diciembre de 2019. Dicha brecha se amplifica entre el centro-norte y el sur del país, con 21 de cada 100 y 38 de cada 100 mujeres, respectivamente. Incluso hay más hombres, en términos proporcionales, con un ingreso de hasta un salario mínimo en el sur del país que mujeres con los mismos ingresos en el centro-norte del país.
Aunado a lo anterior, 7 de cada 100 mujeres que se encontraban ocupadas no percibía ingresos por su trabajo (1.52 millones de mujeres): ello implica que, antes de la crisis sanitaria, 7.44 millones de mujeres tenían ingresos hasta de un salario mínimo o no percibía ingresos (33.8% de la población ocupada). Es decir, poco más de una tercera parte de las mujeres que estaban empleadas tenía ingresos laborales precarios o no los tenían. En consecuencia, los efectos de la pandemia agravaron las condiciones en el ámbito laboral, ya que, al último trimestre de 2020, la participación laboral de la mujer fue de 42.4%, lo que representa un retroceso de 10 años, semejante a la participación en el primer trimestre de 2011. Durante el tercer trimestre de 2020 dicha participación fue de 39.9%, la tasa más baja de la que se tiene registro.
Las secuelas de la crisis sanitaria extienden sus estragos con mayor fuerza en las mujeres. Al cuarto trimestre de 2020, el número de mujeres que no estudiaba, no trabajaba y no buscaba empleo entre los 15 y 59 años (excluyendo aquellas mujeres pensionadas o jubiladas) fue de 16.6 millones. Aunque es una cifra histórica (reporta una variación anual de 7.9%), sólo la supera la del tercer trimestre de 2020, ya que se trata de 17.7 millones de mujeres que no fueron parte de la Población Económicamente Activa (pea), pero tampoco estudiaba ni buscaba empleo (42.8% respecto del total de este grupo poblacional).
Un dato preocupante es que la situación del 93.2% de las 16.6 millones de mujeres que se encuentran fuera de la pea y que además no estudiaba a diciembre de 2020 se justifica por razones de género; es decir, más de 15 millones de mujeres se dedicaban a los quehaceres del hogar. Lo anterior evidencia la gravedad social y económica de las circunstancias por las que pasa una gran parte de la población de mujeres en México. Esto implica que, debido a razones de género, las mujeres son excluidas tanto del mercado laboral como del educativo, lo que a la postre genera un círculo vicioso que recrudece la pobreza entre las mujeres.
En cuanto se refiere a la impartición de justicia, existe un inminente debilitamiento institucional para la atención a las mujeres. La evidencia se contrasta con las reformas al Código Penal Federal que realizó el Congreso: aunque se extendió la pena por los delitos de feminicidio y abuso sexual, estas reformas se diseñaron con fines punitivos y no preventivos. De tal suerte que la procuración e impartición de justicia es uno de los grandes pendientes del Estado mexicano. La impunidad mexicana es de las más altas del mundo y tiene como víctimas tanto a hombres como mujeres; sin embargo, en los delitos que incluyen a estas últimas, la exención del castigo es mayor. Existe evidencia que señala que 51.4% de los feminicidios y 89.6% de los homicidios dolosos han quedado impunes (Zepeda y Jiménez, p. 20).
Como reportó Inegi en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh, 2016), alrededor de 66.1% de las mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, lo que equivale a que casi 31 millones de mujeres han sido agredidas de alguna manera. Del total de agresiones contra mujeres, 49% refieren a violencia emocional, 41.3% a violencia sexual, 34% a violencia física y 29% a violencia económica, patrimonial o discriminación en el trabajo.
Por otro lado, de acuerdo con Reinserta, la justicia para hombres y mujeres acusados por delitos graves es diferenciada, ya que a las mujeres se les ponen penas corporales 35% más altas. En promedio, a los hombres sentenciados por delitos graves se les asignan penas de 17 años de prisión, mientras que el promedio en mujeres es de 23 años. Por si fuera poco, aunque 78% de las mujeres en prisión dicen tener acceso a un abogado, ellas gastan más dinero en su defensa jurídica que los hombres. Mientras las mujeres gastan en promedio 155 593 pesos, los hombres gastan 100 521 pesos, es decir, 35.4% menos. Todos ellos son elementos que evidencian que las mujeres enfrentan diversos tipos de discriminación, que van desde los riesgos que atentan contra su vida hasta las formas de procurar su seguridad y la inequidad en la impartición de justicia.
Comentarios finales
Queda claro que ser mujer y vivir en México puede llegar a ser terrible. Las oportunidades a las que las mujeres pueden acceder, así como la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos y vivir sin el temor a ser discriminada o agredida, son significativamente menores en comparación con los hombres. La vida educativa, laboral, social y política de las mujeres está condicionada por diversos supuestos. En prácticamente todos los aspectos de la vida, la brecha entre hombres y mujeres es grande, y poco se ha reducido en los últimos años.
Si bien las mujeres en México y el mundo han emprendido una lucha constante en contra de la desigualdad y la injusticia en razón de género, siguen siendo críticas las condiciones en las que se encuentra la mayoría de ellas. El camino por recorrer en materia de desigualdad de género es muy largo y, aunque construir un mundo igualitario está incluido en los 17 objetivos de Desarrollo Sustentable en la Agenda 2030 de la onu, muchos gobiernos no han hecho de esta agenda una prioridad que les permita a mujeres y hombres gozar de una sociedad progresiva en todos los ámbitos de la vida.◊
Referencias
Banco Mundial, “Mujer, Empresa y el Derecho 2021”, Mujer, Empresa y el Derecho, 2021, consultado en mayo de 2021.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares”, 2016, consultado en mayo de 2021.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “Mujeres y hombres en México 2019”, 2019, consultado en mayo de 2021.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), población de 15 años y más de edad”, 2020, consultado en mayo de 2021.
onu México, “El embarazo en adolescentes en México, un precio muy caro para la sociedad, señala unfpa”, 2020, consultado en mayo de 2021.
onu Mujeres, “Hacer las promesas realidad: la Igualdad de género en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, 2018, consultado en mayo de 2021.
onu Mujeres, “Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development”, consultado en mayo de 2021.
Reinserta, “Reporte Anual 2020”, 2020, consultado en febrero de 2021.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Información sobre violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911”, 2021, consultado en mayo de 2021.
Zepeda, Guillermo R., y Paola Jiménez. “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México: Reporte 2020”, Impunidad Cero, noviembre de 2020, consultado en enero de 2021.
* Es una organización civil, apartidista, sin fines de lucro, regida por un Comité Ejecutivo y un Comité Asesor de Especialistas formados por personas de alto perfil, reconocidas en México y el extranjero, con un compromiso firme por los principios democráticos y de libertad que dan origen a la organización, cuyos trabajos están coordinados por una Dirección Ejecutiva. Puede visitarse su página en internet en www.signosvitalesmexico.org.mx.