01 Jul ¿Qué nombra la transición ecológica?
Horizonte para la acción colectiva ciudadana y para la gobernanza ambiental, objetivo de las políticas públicas gubernamentales, nuevas formas de arraigo territorial, una simple intención de reciclar la idea de “desarrollo sostenible”… ¿Qué entender por el polisémico término de transición ecológica?
PATRICE MELÉ*
Posiblemente más en el contexto francés y europeo que en el latinoamericano, la transición es hoy en día un término omnipresente, no sólo para expresar un objetivo de la política pública orientada a limitar las emisiones de los gases de efecto invernadero y a modificar los modelos de producción y de organización de las sociedades, sino también como horizonte de acción que respaldan diferentes grupos y como un valor que conduce al cambio de los modos de vida.
La generalización del término implica también una diversificación de los usos. La transición se refiere a los ámbitos ecológico y energético, pero también debe ser ciudadana, social, democrática y justa para expresar la necesaria movilización de todos, el papel de la sociedad civil y la búsqueda creciente de aceptabilidad social. Esta última temática, que se relaciona con el riesgo del aumento de las desigualdades, se ha fortalecido en Francia tras el movimiento de los Chalecos Amarillos (de finales de 2018 y principios de 2019), que tuvo como una de sus dimensiones el rechazo a la instauración de una contribución fiscal “ecológica” mediante un impuesto a las energías carbonizadas y, por lo tanto, a los combustibles.
En este contexto, los investigadores en ciencias sociales parecen debatirse entre varias posturas. Algunos adoptan una opinión crítica que considera que, al ser retomado por las instituciones, el término anula toda capacidad de cambio radical y que no se trata más que de un avatar de la agotada retórica del desarrollo sostenible. Otros consideran que la urgencia de la lucha contra el cambio climático vuelve necesario el abandono de posturas constructivistas para poner las ciencias sociales al servicio de las transiciones ecológicas y societales en una posición próxima a los sustainable transitions studies. Otros más se enfocan en los procesos de cambio sociotécnico y analizan el papel de las innovaciones sistémicas en el tránsito de un régimen de equilibrio a otro. Finalmente, otros proponen concentrarse en el análisis de experimentaciones de transición respaldadas por grupos, que prefiguran prácticas más respetuosas de los medios de vida en todas sus escalas.
También es posible adoptar una postura diferente, centrada en los usos del término en diferentes contextos de acción, en el análisis de los posibles efectos de reconfiguración de las cuestiones ambientales y, sobre todo, en lo que el término expresa en cuanto al lugar asignado a los ciudadanos en los cambios societales. Significa ello tratar de delimitar el significado de la transición en diferentes contextos de enunciación y pensar cuáles son, para la acción pública ambiental, los efectos de un marco de acción construido a partir de ese término.
La transición ecológica como objetivo de política pública
Históricamente, la noción de transición está relacionada con la de desarrollo sostenible: fue utilizada en el informe Brundtland de 1987 para hacer referencia a un periodo y a una estrategia de transición hacia un nuevo modelo de desarrollo más sostenible. Luego, su uso parece haberse puesto entre paréntesis ante la generalización del término de desarrollo sostenible por las instituciones, y ante el uso del de decrecimiento por los movimientos sociales.
En Francia, el regreso del término data de la década de 2010. Ello refleja la voluntad de movilizar a la sociedad en su conjunto respecto a las cuestiones climáticas: en 2013 se creó un nuevo dispositivo de concertación bajo el nombre de Consejo Nacional de la Transición Ecológica, una instancia que formula opiniones y reagrupa a representantes del Estado, de las autoridades locales, del sector económico, de los sindicatos y de las asociaciones ambientales que encarnan la democratización de la gobernanza ambiental.
En ese contexto, la referencia a la transición ecológica no cancela la noción de desarrollo sostenible, pero es característica de una fase intermedia hacia su activación: por ejemplo, un documento titulado Estrategia nacional de transición ecológica hacia un desarrollo sostenible (2015-2020) reemplaza a otro denominado Estrategia nacional de desarrollo sostenible (2010-2013).
Es a partir de la campaña presidencial de 2017 cuando el concepto salta a los medios de comunicación y se fortalece, luego del llamado de un reagrupamiento de ong ambientales para una “transición ciudadana”. Luego de la victoria de Emmanuel Macron, el Ministerio de la Transición Ecológica y Social fue ocupado un tiempo por Nicolas Hulot, una figura de la ecología política. Éste renunció un año más tarde, con el argumento de la imposibilidad de poner en marcha una estrategia de cambio ante el peso de los cabilderos. Después de la reelección de Emmanuel Macron en abril de 2022, el término de transición está presente en el título de dos ministerios, el de Transición Ecológica y Cohesión de Territorios y en el de la Transición Energética. Por razones electorales —entre la primera y la segunda vueltas de la elección—, el candidato Macron recuperó una temática que hasta ese momento había sido esencialmente planteada por la oposición de izquierda: la de la planificación ecológica. Un secretario de Estado para la planificación ecológica fue colocado bajo la tutela directa del primer ministro. Es demasiado pronto para afirmar si la noción de planificación ecológica tendrá un destino institucional; por el momento, tiene como efecto exhibir una prioridad en la acción del Estado y marcar el retorno de una voluntad política de planificación centralizada.
En Francia, como en otras partes, la intensa producción jurídica en temas ambientales y de lucha contra el cambio climático toma la forma de textos y programas que enuncian intenciones y trazan trayectorias de cambio. Se multiplican los dispositivos de incitación con los que se espera que actores privados y autoridades locales adopten nuevas prácticas y que éstas, sin obligatoriedad de por medio, se generalicen en un horizonte temporal más o menos próximo (2030 o 2050): de la neutralidad de carbono a la prevención de residuos, pasando por el abandono de pesticidas y la calidad del aire. Una parte de esas medidas fueron integradas a la ley después de procesos nacionales de concertación o participación, de evoluciones legislativas en la Unión Europea o por el cumplimiento de acuerdos internacionales. Para acelerar la implementación de esas medidas, las asociaciones ambientales tratan de actuar en las diferentes instancias de concertación y a través de tribunales.
Ahora bien, parece claro que no se alcanzarán los objetivos en numerosos ámbitos. El último informe de la Autoridad Ambiental, organismo público independiente encargado de formular opiniones sobre el cuidado del medio ambiente en proyectos y planes, considera que la transición ecológica no ha iniciado en Francia y denuncia un retroceso de la democracia ambiental relacionado con el debilitamiento de ciertas instancias de concertación.
Además, Francia también ha conocido procesos climáticos vigorosamente expuestos en los medios de comunicación. Luego de una petición lanzada a finales de 2018, que reunió 2.3 millones de firmas, y de la deposición de una demanda por parte de un consorcio de ong (Greenpeace France, Fundación Nicolas Hulot, Oxfam France) en octubre de 2021, el Estado francés fue condenado por inacción climática. El tribunal administrativo de París ordenó al gobierno tomar las medidas necesarias, antes de diciembre de 2022, para reparar el daño ecológico provocado por el no respeto de los compromisos de Francia en materia de reducción de gases de efecto invernadero. Esta condena continúa con los fallos rendidos en el mismo sentido por el Consejo de Estado luego de un recurso del municipio de Grande-Synthe (en la región de Norte-Paso de Calais), particularmente expuesto a los riesgos de una sumersión marina.
Señalemos también las controversias en torno a la adopción de la Ley Clima y Resiliencia en agosto de 2021. El texto aprobado sólo retomó algunas de las propuestas de la Convención Ciudadana para el Clima que, entre octubre de 2019 y junio de 2020, reunió a 150 ciudadanos seleccionados mediante un sorteo. El gobierno había solicitado a esta instancia “definir las medidas estructurantes para lograr, en un espíritu de justicia social, una reducción de emisiones de efecto invernadero al menos de 40% respecto a 1990, antes de 2030”. El presidente de la República se comprometió, tal vez un poco rápidamente, a transmitir “sin filtro” las propuestas de los ciudadanos a las asambleas legislativas o a someterlas a referéndum. Este episodio, que se concibió con el fin de relanzar la trayectoria de la transición y fortalecer su aceptabilidad social en un contexto poschalecos amarillos y de multiplicación de manifestaciones por el clima, se transformó en una demostración más de la incapacidad del gobierno para adoptar medidas ambiciosas.
Actualmente, en cada periodo electoral se multiplican los llamados a la puesta en marcha de una verdadera “transición ciudadana”. Los plantea una alianza de más de 30 asociaciones y ong movilizadas sobre temáticas muy diversas que exigen a los candidatos que se comprometan a activar medidas ecológicas ambiciosas, pero también modalidades innovadoras de democracia participativa. El objetivo es obligar a los poderes públicos a respetar sus compromisos y a construir un contexto favorable para que las iniciativas planeadas por los colectivos ciudadanos se tomen en cuenta.
La transición como nuevo repertorio de acción colectiva
La transición designa —para instituciones, para individuos y para grupos— el paso a la acción, la adopción de una estrategia de cambio, y también un nuevo repertorio de acción colectiva. Las referencias a una concepción sistémica de las transiciones tecnológicas, muy presentes en los informes y textos gubernamentales, ponen a los poderes públicos en una posición particular, la del acompañamiento de las innovaciones, así como la del impulso a la propagación y al cambio de escala. Los experimentos ciudadanos de transición se consideran laboratorios de capacidades de cambio que pueden ser innovadores con respecto a las instituciones y al mercado. En ese contexto, las acciones de ciudades y de autoridades locales se conciben con frecuencia como una obligación para conducir la coordinación de las iniciativas. Por otro lado, mostrar un apoyo a los experimentos locales desempeña también el papel de promover el poder de acción de las ciudades y el carácter innovador del ámbito metropolitano.
Grupos y movimientos muy diversos pueden adoptar un léxico común: evocar la transformación, la bifurcación, la reconversión, la sustitución, la adaptación y la resiliencia. El lenguaje de la transición ofrece un nuevo imaginario político que puede constituir un marco conceptual que valore ecológicamente ciertas prácticas: jardines compartidos, compostaje, agricultura urbana, autonomía energética, nuevas formas de hábitat, monedas locales.
Bajo la influencia del movimiento Ciudades en Transición —que apareció en 2005 en el Reino Unido— y de la permacultura, movimiento de pensamiento y de promoción de ciertas prácticas agrícolas, la transición se convirtió en sinónimo de una nueva forma de compromiso alternativo respecto a las modalidades de politización anteriores, señaladas como obsoletas. En esta óptica, grupos exhiben un modo de acción indulgente. Se trata de experimentar formas de acción inclusivas, consensuales, volcadas hacia el hacer juntos, hacia la atención a los medios de vida y hacia la resiliencia de las sociedades locales gracias a la relocalización de la producción alimentaria y energética. Para algunos, este movimiento proteiforme aprovecharía una capacidad de experimentación que permite romper los marcos existentes y que prefigura un movimiento de reterritorialización de las sociedades.
En el contexto francés, se observa una profusión de iniciativas locales que se relacionan con una ecología de las soluciones o con un ambientalismo de la proximidad. Otras buscan una ruptura más radical por la experimentación de la desconexión de servicios e infraestructuras, y por la voluntad de un regreso a la tierra y de la autonomía de grupos familiares o de comunidades. Las investigaciones sobre esos diferentes ámbitos de acción subrayan las relaciones entre acciones colectivas, trayectorias individuales y proyectos de arraigo sobre territorios, así como, a veces, la existencia de un continuum entre compromiso e invención de actividades profesionales en correspondencia con los valores personales. Aquí la energía de las trayectorias personales y colectivas de transición está presente en la constitución del sustrato de los cambios societales.
Son muy diferentes las formas de acción que pueden considerarse productoras de innovaciones en el sentido de las transiciones ecológicas y energéticas. Se multiplican los sitios de intercambio de experiencia y de valoración de las iniciativas. La ejemplaridad de los que pasaron a la acción se aprecia en publicaciones, documentales y reportajes que tienen mucho éxito, pero también en la implementación de nuevos reconocimientos y etiquetas promocionales atribuidos a ciertos municipios. La transición sería una forma particular del arraigo territorial de la innovación societal y política al servicio de la acción ecológica sobre un territorio.
Conclusiones: pensar juntos las transiciones ambientales y ecológicas
El debate sobre las transiciones está marcado por varias tensiones paradójicas: de entrada, por la contradicción entre los objetivos ambiciosos inscritos en las políticas públicas, sólidamente apoyados por las asociaciones ambientales, y sus medios de acción limitados. La urgencia de la lucha contra el cambio climático, intensificada por el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (giec), y las denuncias de inmovilismo que provienen de agencias públicas independientes o de jueces parecen poner a las autoridades en el paredón. En efecto, la aceptación del lenguaje de la transición tiene como consecuencia mostrar la buena voluntad institucional, pero también da pie a los grupos que militan por una implementación rápida y por el arraigo en el territorio de trayectorias de cambio. Todo pasa como si la convicción compartida de un lento pero progresivo fortalecimiento de las políticas ambientales, sobre el que podría incidir el alegato de las asociaciones, se viera hoy cuestionado y pudiera ser sustituido por el sentimiento, tal vez ilusorio, de que las estrategias de procrastinación y de mejoramiento lento no podrían continuar. Además, la urgencia parece restar toda credibilidad a las declaraciones de intención o a los efectos publicitarios.
Por otro lado, los experimentos de transición, que ponen en escena la inventiva y las capacidades de adaptación de las sociedades locales, parecen dar testimonio de una demanda social de cambio en los modos de acción en todas las escalas, mientras que la cuestión del déficit de aceptación social de las medidas restrictivas constituye hoy en día un argumento omnipresente de los poderes públicos para justificar el statu quo. Además, la focalización sobre la cuestión del cambio climático parecía haber relegado a un segundo plano la cuestión de las desigualdades en la exposición a contaminaciones o riesgos, en tanto que hoy están en el centro del debate otras desigualdades potenciales instauradas por el futuro fortalecimiento del marco reglamentario para la reducción de emisiones. Me parece importante entonces considerar los efectos de la focalización de políticas públicas y de la atención mediática de las transiciones ecológicas y energéticas sobre las evoluciones de la acción pública ambiental. Mientras que parece posible cuestionar lo que se daba por hecho en numerosos ámbitos de acción pública ambiental, esta tensión se fortalece por el contexto geopolítico y por la posibilidad de una crisis de abastecimiento alimentario y energético. Las promesas del marco de acción ambiental y los compromisos relacionados con el derecho a la información, a la participación y la posibilidad de acceso a los tribunales son objeto de ataque por parte de ciertos sectores económicos y de sus representantes en el aparato del Estado. En Francia, como en numerosos países, la cuestión de la no regresividad de las políticas públicas ambientales se ha convertido en un asunto crucial.
Será necesario desde ahora pensar las relaciones entre las transiciones ecológicas y energéticas, y lo que podría llamarse una transición ambiental —inconclusa e incompleta— que fue iniciada, por un lado, por la institucionalización de las políticas ambientales y, por otro, por la discusión de las modalidades de ordenamiento territorial que han promovido las movilizaciones ambientales. Aunque no se cumplieron cabalmente las promesas de una sociedad más democrática, reflexiva y preocupada por sus impactos, las promesas formuladas por esta transición ambiental y sus profundizaciones constituyen en la actualidad un apoyo indispensable para enfrentar las transiciones ecológicas, energéticas y ciudadanas necesarias para la lucha contra el cambio climático.◊
* Es geógrafo, profesor titular en la Universidad de Tours, miembro de la Unidad Mixta de Investigación Cités, Territoires, Environnement, Société (citeres/cnrs) y del Institut Universitaire de France. Trabajó en el Observatorio Europeo de Geopolítica de Lyon y en el Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla. Sus investigaciones tratan sobre las relaciones entre urbanización y políticas públicas en México y en Europa. En El Colegio de México, fue coautor y coeditor de la obra Conflictos y concertación. La gestión de los residuos en México, Italia y Francia (2017). Destacan también entre sus publicaciones Transacciones territoriales. Patrimonio, medio ambiente y acción pública en México (2014), Conflits de proximité et dynamiques urbaines (2013) y La producción del patrimonio urbano (2006).