¿Qué futuro le espera a la política migratoria mexicana después de la elección presidencial en Estados Unidos?

La victoria de Joe Biden como presidente de Estados Unidos conllevará cambios y continuidades en su política exterior con México. Francisco Alba sugiere algunos escenarios posibles para que nuestro país desarrolle una “política migratoria madura” con sus vecinos del norte y del sur.

 

FRANCISCO ALBA*

 


 

Después de meses de suspenso en vísperas de las elecciones en Estados Unidos, e incluso de días de suspenso después de la elección —que, al cierre de esta edición, todavía no se despeja por completo debido a los reclamos y cuestionamientos sobre la elección que aún no han resuelto los órganos judiciales correspondientes—, “todo” apunta a la confirmación de una victoria de Joe Biden.1 Bajo este supuesto, la presente colaboración pretende reflexionar, principalmente, sobre los cambios que podría haber en la política migratoria mexicana con Biden como presidente.

Reflexionar sobre una posible reelección de Trump tiene menos interés, puesto que es fácil imaginar lo que sucedería en ese escenario: una continuada retórica antiinmigrante que tendiera a frenar en su totalidad los flujos migratorios que ingresan de manera no autorizada por la frontera sur de Estados Unidos; una continuada injerencia y un desprecio hacia México por parte de la administración de Trump, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador (amlo) niegue esa injerencia y sostenga que existe gran respeto en la relación bilateral; la continuidad de una actitud mexicana de “no confrontación” frente a las demandas migratorias de Estados Unidos, misma que se ha percibido ampliamente como un acto de sumisión. Se trataría, en general, de una revisión de “más de lo mismo”. De manera similar, estimo que las oportunidades y los retos que se le han presentado a la política migratoria mexicana después del “gran viraje” de mediados de 2019 también seguirían presentes.

¿Qué puede esperarse de la administración de Biden en materia migratoria? Su llegada a la presidencia promete muchos cambios en posturas y políticas migratorias en Estados Unidos. Es entendible que un buen número de ellos tendrían importantes implicaciones y repercusiones sobre México y, potencialmente, sobre la política migratoria mexicana. Biden ha planteado, en su plataforma de campaña, y en el segundo y último debate presidencial, recuperar los valores como una nación de inmigrantes mediante el establecimiento de un sistema de inmigración justo y humano que dé la bienvenida a los inmigrantes en las comunidades, que reafirme el compromiso de Estados Unidos con los solicitantes de asilo y con los refugiados, y que refrende su deber con los derechos humanos. También buscará aplicar políticas que salvaguarden la seguridad nacional al implementar una revisión efectiva en las fronteras, así como establecer aquellas que promuevan el crecimiento de la economía nacional. Plantea, además, enfrentar las causas fundamentales de la migración irregular. En concreto sobre Centroamérica: ha planteado llevar a cabo una estrategia regional integral de desarrollo, priorizar la reducción de la pobreza, movilizar la inversión privada internacional en la región, mejorar la seguridad y el estado de derecho, y ayudar a enfrentar la corrupción endémica.

Biden ha considerado una vergüenza nacional las políticas migratorias de Trump, como la separación de las familias, la prohibición de viajar a Estados Unidos de personas de países de mayoría musulmana o el rechazo y la disminución del número de refugiados admitidos, entre muchas otras políticas, y ha prometido abolirlas al asumir la presidencia. Lo anterior podría traducirse en la terminación o cancelación del ominoso y gravoso Protocolo de Protección al Migrante conocido como “Remain in Mexico” (de acuerdo con el cual se envía al migrante a permanecer en México mientras se procesa en aquel país la solicitud de refugio o asilo), la disminución de las devoluciones de niños no acompañados o la mitigación de la angustia de las familias y de los migrantes mexicanos —por largo tiempo residentes en Estados Unidos— ante la posibilidad de ser deportados.

Pero las propuestas de Biden van más allá del mero repudio a las actitudes y políticas de Trump. El candidato ha externado su propósito de regularizar y ofrecer un camino para los millones de migrantes residentes no autorizados en aquel país (un universo estimado en aproximadamente 12 millones, de los cuales cerca de la mitad son mexicanos) a fin de que obtengan la ciudadanía estadounidense. Obviamente, los dreamers, cuyo número de mexicanos es mayoritario, serían objetivo prioritario de este proceso de regularización. Biden también plantea la legalización de los trabajadores agrícolas que han laborado muchos años en el campo estadounidense y que permanecen aún en ese sector; de manera similar, los trabajadores agrícolas mexicanos se cuentan por cientos de miles. Se desprende, por lo tanto, que la relación podría mejorar de manera sensible y podría desactivarse “la cuestión migratoria”. Un factor adicional, potencialmente favorable para una ágil relación bilateral y, en específico, para un entendimiento comprensivo de la problemática migratoria, es que la vicepresidenta Kamala Harris es californiana, familiarizada por ello con lo mexicano, e hija de inmigrantes de la India y de Jamaica.

Lo anterior no es poca cosa. Sin embargo, no debemos festinar los cambios ni lanzar las campanas a vuelo. Llevar a cabo la agenda migratoria de Biden no será una tarea fácil ni está asegurada. La cuestión migratoria divide profundamente a la sociedad estadounidense y ha impedido durante más de tres lustros que el Congreso adopte una reforma significativa en el sistema migratorio de ese país. Desde el año 2004, cuando el entonces presidente Bush, ante el diagnóstico de que “el sistema migratorio está roto”, planteó una reforma migratoria relativamente balanceada y comprensiva para manejar las realidades de un mundo posterior al 11 de septiembre, el debate se ha dividido prácticamente en dos campos opuestos, aunque no totalmente partidistas: el de los adeptos a una comprehensive immigration reform (una reforma inmigratoria comprensiva) y el de los partidarios de enforcement first (primero la aplicación de la ley), que bajo Trump se ha concretado en enforcement first and only (primero y únicamente la aplicación de la ley). Biden, por lo demás, si bien contaría con una House of Representatives con ligera mayoría demócrata, tal vez se encontraría con un Senado dividido.2

La agenda migratoria de Biden es ambiciosa y seguramente habrá diversos y significativos cambios que aliviarían las presiones sobre México. Sin embargo, resultará difícil que se desvíe de manera importante de una larga trayectoria que ha seguido la política migratoria estadounidense, que tiende a controlar la inmigración no autorizada que ingresa por su frontera sur, trayectoria seguida por presidentes tanto demócratas como republicanos. Uno podría remontarse a la ley irca (Immigration Reform and Control Act) en 1986, a los “operativos de control” en centros urbanos fronterizos y al inicio de la construcción de una barrera, valla o muro a lo largo de la frontera binacional (en 1993-1994), estos dos últimos bajo la administración demócrata de Clinton, y, paulatinamente, extendidos con posterioridad a la atención prioritaria a la seguridad de las fronteras después del 11 de septiembre de 2001 y al actual enforcement first and only de Trump. Así pues, es seguro que el muro seguirá ahí: no creo que Biden tenga intención alguna de destruirlo.

Por lo tanto, el escenario que enfrentará la política migratoria mexicana será ciertamente complejo, ya que, por un lado, habrá más respeto y menos injerencia por parte de Estados Unidos, se esperan menores presiones para que México adopte determinadas políticas migratorias, aunque no por ello desaparecería la demanda de políticas firmes; por otro lado, se prevé que seguirá vigente su larga aspiración por ejercer un creciente control de sus fronteras y por acoger, ante todo, migraciones ordenadas y regulares. Sin embargo, una presidencia de Biden ofrecería a la política migratoria mexicana múltiples y amplias oportunidades de avanzar en el camino de una política madura, a la vez que la posibilidad de tener puntos de encuentro, de llegar a una cierta “responsabilidad compartida”, entre la estrategia de Biden para el desarrollo de Centroamérica y el Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México de amlo.

¿Qué significa una política migratoria madura para México? Comencé a explorar este concepto a raíz de una reflexión sobre “oportunidades y retos” de la política migratoria mexicana después del “gran viraje migratorio” del gobierno de amlo en 2019 —ocurrido a mediados de ese año, apenas a seis meses de haber iniciado su presidencia, con una política migratoria tradicional, principista, de respeto de los derechos de los migrantes— con el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur y en la frontera norte, y las declaraciones posteriores de que México no es un país de tránsito, si bien abierto a la inmigración y el refugio. He considerado esas acciones y declaraciones como un primer paso en el camino hacia una “política migratoria madura” relacionada con la concreción de ciertos principios, en este caso, el control de las fronteras y el ejercicio de la soberanía territorial.3

Con este primer paso, indagaba yo a fines de 2019 cuáles podrían ser algunas de las oportunidades y de los retos para una política migratoria mexicana madura en otras de las dimensiones en este campo. ¿Qué significaría ser país de inmigración y refugio? ¿Significaría enfrentar la elección de la selectividad de los inmigrantes, de los objetivos de esa inmigración, del volumen de la misma, de su acomodo e integración? ¿Significaría adoptar una actitud humanitaria y generosa ante el refugio, conscientes también de las limitaciones impuestas por las disponibilidades, insuficiencias y restricciones de personal e infraestructura? Se observaba que, en ese contexto, oportunidades y retos son dos caras de una misma moneda.

Las decisiones que deben tomarse en el camino de la concreción de los principios que rigen una política migratoria madura son difíciles, con frecuencia dolorosas, pues se tiene que escoger entre opciones diversas, posibilidades limitadas y demandas frecuentemente conflictivas. Todo lo anterior, en el contexto del mundo contemporáneo basado en una organización de naciones Estado y signado por una globalización multidimensional y heterogénea, y por un marco normativo nacional e internacional caracterizado por la creciente exigencia de respeto a los derechos humanos que se consideran universales e inherentes a toda persona.

Las oportunidades y retos para avanzar en el camino de una política migratoria madura en el contexto de la administración de Biden son similares a los arriba planteados a raíz del gran viraje migratorio del gobierno de amlo, ya que ese viraje es sólo un primer paso en la senda potencial de su construcción. Ese inicio se dio ciertamente de manera forzada ante las presiones de Estados Unidos, pero la continuación en esa senda sería hecha de manera consciente, por propia convicción y conveniencia. Recorrer ese camino, construir esa política, no es obra de unos pocos años, ni siquiera de un sexenio; es el producto de una amplia reflexión, de construcción de consensos sociales y, desde luego, de liderazgo gubernamental. Se trata de la difícil búsqueda de equilibrios, balances, convergencias entre objetivos migratorios, realidades migratorias y normas, nacionales e internacionales, migratorias.4 Las respuestas a esa búsqueda son, además, cambiantes en el tiempo en función de circunstancias también variables.

En este contexto, ¿en qué podría traducirse una política migratoria madura para México? En la concreción de los grandes principios migratorios en términos de objetivos, criterios y reglas de implementación. Así, se trataría de encontrar un control razonable de las fronteras y del ejercicio de la soberanía sobre el territorio, control y soberanía que pueden ser negociados bilateral o multilateralmente, al modo de la Unión Europea. Se trataría de encontrar reglas de movilidad y movimiento en el interior, al menos, de espacios regionales. De lograr una amplia apertura a la inmigración, pero no indiscriminada, sino selectiva y acorde con los objetivos nacionales. De ofrecer una acogida humanitaria y generosa, pero fundamentada y ordenada, para refugiados y asilados. De pugnar por una integración plena de inmigrantes y refugiados a la vida económica, social y política del país. De lograr una reinserción cabal de los migrantes nacionales retornados al país.

Las oportunidades y beneficios de moverse en esa dirección son relevantes, pero los desafíos para su materialización no son menores. Ante un contexto migratorio más receptivo por parte de una administración de Biden (en todo caso, alejado del contexto de zero tolerance), es previsible un resurgimiento de las presiones migratorias desde Centroamérica (nuevas caravanas) para llegar a Estados Unidos y hacer de México país de tránsito. Por lo tanto, México se vería obligado a mantener su control fronterizo y a hacer valer el ejercicio de su soberanía territorial, así como a exigir y hacer efectivo el ingreso ordenado y regular. Por otro lado, México se convertirá, temprano o tarde, en país de inmigración y refugio; por lo tanto, el país deberá ampliar, fundamentar y fortalecer la construcción del andamiaje legal, institucional y administrativo para encauzar esos flujos de manera segura, ordenada y regular, incluidas las provisiones pertinentes para su incluyente integración en la vida del país, al igual que para la cabal reinserción de los migrantes mexicanos de retorno.

¿Podría transitarse por el camino de una política migratoria madura en los próximos años? Yo, moderadamente pesimista, no preveo mucho movimiento en esa dirección, pues, más allá de la actitud reactiva ante la política de Estados Unidos y del fuerte anclaje en la tradicional postura principista de la política migratoria mexicana, no encuentro en el actual gobierno una clara indicación de hacia dónde iría la política migratoria mexicana en el futuro. Pero, moderadamente optimista ante un clima menos antagónico, es factible que se lleguen a dar algunos pasos adicionales en el camino de la madurez.◊

 


 

1 El presente texto se terminó a mediados de noviembre de 2020, en un cierto contexto de incertidumbre, con Biden como virtual ganador, pero aún no oficialmente declarado electo.

2 La elección de los dos asientos del estado de Georgia se decidirá en enero de 2021.

3 Mis ideas iniciales respecto a una política migratoria madura de México se encuentran en Francisco Alba, “Facing Trump: A New Cycle of Mexican Migration Policies?”, ponencia dictada en el marco del Seminario “The Changing Faces of Migration in Mexico and the US: Challenges and Opportunities”, Puebla, upaep, 14 y 15 de noviembre de 2019.

4 Véase, al respecto, Francisco Alba, “Conflict and convergence in migration policies between national objectives, migration trends and international norms”, en Global Studies Institute, Migrations, droits et obligations des États dans un contexte globalisé, Ginebra, Université de Genève, 2019, pp. 45-51.

 


 

* FRANCISCO ALBA

Es economista y demógrafo. Sus líneas de especialización son el trabajo y la movilidad territorial, así como la población, el territorio y la sostenibilidad. Trabaja como profesor-investigador en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Entre sus títulos cabe destacar La población de México: evolución y dilemas.