Tripping hope. Luis Bass / México / CNDH - 14ª BICM 2016

Migración y violencia: cambios en la migración interna e internacional en México

El desplazamiento forzado que se relaciona con violencia e inseguridad ha modificado las características de la migración en México y su análisis requiere de una “lupa propia”. A partir de esta afirmación, los autores del siguiente texto advierten sobre la ceguera de las autoridades ante la imbricación de migración y violencia y la consecuente falta de políticas específicas que atiendan a sus víctimas.

 

CLAUDIA MASFERRER Y OSCAR RODRÍGUEZ*

 


 

Los patrones migratorios en México han cambiado en los últimos años, particularmente después de 2008. En este mismo periodo, la situación social y política en el país ha sufrido varias transformaciones. El aumento de la violencia y la inseguridad propiciada por el crimen organizado es una de ellas y, aunque varias organizaciones nacionales e internacionales identifican en México un incremento en los desplazamientos forzados por la violencia, tanto internos como internacionales, el gobierno aún no reconoce de manera oficial a ésta como causa de ellos.

De ser un país netamente expulsor de migrantes a Estados Unidos, México se ha convertido en uno de retorno, destino y tránsito de miles de nacionales y extranjeros. Además, la migración tanto interna como internacional ya no se da mayormente desde zonas rurales hacia zonas urbanas, sino que tiene como origen y destino a estas últimas, con un incremento en la migración de las grandes urbes a las ciudades medianas, resultado de cambios en el modelo económico y regional, así como del crecimiento demográfico, que se relacionan con procesos de urbanización y metropolización del país. Los cambios en la migración internacional, particularmente la migración México-Estados Unidos, son resultado no sólo de la situación económica mundial y de la crisis financiera de 2008, sino de los cambios en las políticas migratorias y de seguridad: el endurecimiento y militarización de las fronteras, el aumento de la criminalización de los migrantes y el incremento en las deportaciones desde el interior de Estados Unidos. Desde 2009, el número de mexicanos que emigra a Estados Unidos es igual o menor al de mexicanos que regresa al país, sumado al de estadounidenses que llegan a México.

Los cambios en los patrones migratorios de la última década ocurrieron a la par de otras transformaciones en el país. A finales de 2006, el presidente Felipe Calderón implementó una estrategia de seguridad que consistió esencialmente en la confrontación de las fuerzas armadas con las organizaciones criminales, y particularmente contra algunos de los cárteles de drogas mexicanos. Esto propició diversas consecuencias sociales y económicas, como el aumento de la violencia en diversas regiones del país y de los homicidios relacionados con el crimen organizado, así como el incremento y diversificación de los delitos cometidos por los grupos criminales, además del desplazamiento de miles de familias para tratar de salvaguardar su seguridad y la de sus seres queridos.

Específicamente, la violencia se intensificó en la zona noroeste del país, comprendida por las entidades de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Esta región experimentó un crecimiento en la tasa de homicidios dolosos de casi 250% entre 2006 y 2010, para llegar a un nivel máximo de 55.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. A la par de este incremento, la zona noreste del país, constituida por las entidades de Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, también mostró un crecimiento constante de la violencia entre 2006 y 2011, la cual se incrementó en casi 350%. Esto llevó a la región a un máximo de 30.6 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. En este periodo, la tasa nacional tuvo un aumento de 77.88%, con un máximo de 19.4 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 2011.1

Los efectos de la violencia sobre los movimientos de población se vieron reflejados con mayor intensidad en algunas de las ciudades y municipios de la frontera norte de México,2 los cuales se habían caracterizado en el pasado por la atracción de importantes flujos de migrantes internos que se insertaban en los mercados laborales de la industria maquiladora de exportación ligada a Estados Unidos. No obstante, el aumento sustancial de la violencia, sumado a la crisis económica y financiera global de 2008-2009, provocó que algunas de estas ciudades vieran reducidos sus niveles de crecimiento poblacional como consecuencia de la disminución en los flujos de emigrantes y del aumento de los desplazamientos hacia el interior y fuera de México durante la primera década del siglo xxi.

No existen cifras oficiales de la magnitud de los desplazamientos forzados en el interior y fuera de México, particularmente después de la implementación de la denominada Guerra contra el narcotráfico en 2006. Sin embargo, algunas estimaciones, como las del Internal Displacement Monitoring Centre (idmc) mencionan que, entre 2009 y 2017, cerca de 345 mil personas se vieron desplazadas de forma directa en el interior del territorio mexicano como resultado de los conflictos armados y la violencia en entidades como Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán.3 Estimaciones de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica calculan que en México, entre 2009 y 2014, 6% de los que migraron internamente y 1% de los que lo migraron internacionalmente lo hicieron como consecuencia directa de la violencia y la inseguridad en sus comunidades de origen. Evidentemente, esta cifra subestima la migración por violencia, ya que no cuenta ni las personas ni los hogares completos cuyos miembros salieron por efectos indirectos de la violencia.

Pese a no contar con cifras oficiales de los desplazamientos internos forzados por la violencia, es posible relacionar a los municipios con altos niveles de homicidios con aquéllos con altos niveles de migración interna, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los mapas de la gráfica 1 muestran un análisis espacial municipal de la relación entre migración y violencia en los periodos 2005-2010 y 2010-2015, lo que nos permite analizar regiones del país donde ocurren ambos fenómenos con alta o baja intensidad. Por ejemplo, en el periodo 2005-2010, algunos municipios norteños de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Sonora y Baja California, además de otros de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, experimentaron niveles altos tanto de violencia como de emigración interna. Posteriormente, en el periodo 2010-2015, la relación de altas tasas de violencia y altas tasas de emigración interna se incrementa en municipios de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, mientras que disminuye o desaparece en algunos de los municipios de Baja California, Sonora, Guerrero y Oaxaca. Asimismo, surge y se expande una nueva región con altas tasas de violencia y altas tasas de emigración interna en la frontera norte de México, la cual comprende municipios del norte de Nuevo León y Tamaulipas.

 

Gráfica 1. Relación espacial de municipios de México según tasas de homicidios y tasas de emigración interna municipal

A. 2005-2010

B. 2010-2015

Fuente: Elaboración propia, con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, la Encuesta Intercensal 2015 y los datos de defunción del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

 

De acuerdo con estimaciones propias que buscan cuantificar el efecto de la violencia en la migración interna, encontramos que, en contextos de alta violencia, entre 12 y 20% de la emigración interna de los municipios más violentos de México durante el periodo 1995-2015 puede explicarse por la violencia. No obstante, las características demográficas y económicas de los desplazamientos forzados difieren de la migración tradicional, pues se ha identificado que la mayor parte de los emigrantes de municipios con muy alta violencia en México tienden a desplazarse a municipios cercanos a sus comunidades de origen, ya sea por los altos costos que representa  migrar a lugares más alejados del país o fuera de éste, o porque desean estar cerca de los lugares que abandonaron con el propósito de regresar una vez que las condiciones de seguridad mejoren.

No todos los desplazamientos forzados causados por la violencia en años recientes se han dado hacia el interior del país. Dependiendo de los recursos económicos y de las redes migratorias con las que cuenten, algunas personas se desplazaron a otros países. Éste es el caso de los empresarios que migraron desde diferentes estados del norte, como Nuevo León y Tamaulipas, a Texas y otros lugares en Estados Unidos con visas de turismo, negocios o inversión, pero con el objetivo de huir de la violencia y de salvaguardar su seguridad. Esta estrategia de buscar vías alternas a la figura de refugio para poder emigrar en busca de protección se da en un contexto en el que la mayoría de las solicitudes de asilo de mexicanos en Estados Unidos es rechazada año tras año.

De 2005 a 2009, México se convirtió en el país de origen del mayor número de solicitudes de asilo en Canadá, número que llegó a 10 mil en 2009. Este número de solicitudes aumentó de manera sostenida desde mediados de los noventa hasta 2009, cuando Canadá impuso un visado a mexicanos para ingresar al país, argumentando un alto número de solicitudes de asilo bajo condiciones infundadas de persecución. Es incierto cuántos de estos solicitantes migraron motivados por los efectos directos o indirectos de la violencia; lo que es cierto es que, después de 2009, solicitar protección en Canadá se volvió mucho más complicado, cosa que ocurrió a la par del aumento en la violencia y la inseguridad en México.

Además, migrar a Estados Unidos se volvió también más complicado, y el retorno aumentó. Las actuales políticas migratorias en Estados Unidos provocaron el aumento de las deportaciones de mexicanos, así como mayor temor entre la población indocumentada. La reducción de la circularidad entre ambos países, el incremento de migrantes con mayor tiempo de residencia en Estados Unidos y el retorno de familias completas que decidieron regresar a México tras la deportación de alguno de sus familiares implicó un cambio en las características de los que regresan. Aunque algunos estudios empiezan a explorar esta relación,4 no sabemos bien a bien cómo la violencia y la inseguridad afectan la decisión de regresar o la elección del destino de los migrantes que vuelven a México, pero es de esperar que influya, junto con otros factores socioeconómicos y políticos, en una mayor complejidad del fenómeno migratorio, tanto interno como internacional. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, la crisis económica y la violencia registrada entre 2009 y 2011 provocaron el aumento de su emigración interna y hacia Estados Unidos, tal y como se observó en los llamados juarochos, migrantes de Veracruz que llegaron al norte del país a inicios del siglo xxi y que, tras el aumento de la violencia y el declive de la maquila, regresaron a Veracruz.

Diversas organizaciones y grupos se han dado a la tarea de visibilizar el desplazamiento forzado en México como una problemática que ha crecido y se ha intensificado por el aumento de la violencia y los enfrentamientos entre grupos criminales en diversas regiones del país, lo que ha provocado que las personas no sólo pierdan sus hogares y fuentes de ingreso, sino también su bienestar emocional y su seguridad, ante el temor de ser víctimas de algún acto violento, dadas las condiciones de inseguridad en las que viven. Las consecuencias del desplazamiento forzado no se limitan a la pérdida de los bienes materiales que dejan las personas tras la huida de sus lugares de residencia habitual; incluyen también las secuelas emocionales que trae consigo la violencia directa e indirecta de la que han sido víctimas y los problemas de adaptación que enfrentan en las comunidades de destino, en donde muchas veces son revictimizados y estereotipados por las personas y autoridades locales.

Organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos apelan en principio al gobierno mexicano para que reconozca que el desplazamiento forzado es un fenómeno que conlleva la violación de los derechos humanos.5 De hacerlo, el gobierno tendría la obligación de proveer seguridad y estabilidad a las víctimas mediante la aplicación de leyes y programas de prevención y atención que en principio permitan diagnosticar la magnitud y localización del problema, para posteriormente brindar ayuda a las víctimas en las diversas fases del desplazamiento forzado y, finalmente, hacer una reparación integral de los daños mediante la reinserción segura y acompañada de las personas a sus comunidades de origen o su reasentamiento pleno y adecuado en las comunidades de destino.

El estudio de las migraciones desde contextos adversos marcados por la violencia y la inseguridad merece una lupa propia, así como datos que permitan realizar análisis comprensivos de la interrelación de la migración con varios fenómenos a la vez, y actores que estudien las implicaciones de migrar desde contextos marcados por la violencia. Aceptar que la violencia es causal de migración es un primer paso.◊

 


1 sesnsp (2019), “Datos de incidencia delictiva del fuero común a nivel estatal. Cifras con base en la metodología anterior: 1997-2017”, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponible en <https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun?idiom=es>.

2 Viridiana Ríos (2014), “The role of drug-related violence and extortion in promoting Mexican migration”, Latin American Research Review, 49 (3), pp. 199-217, disponible en <https://scholar.harvard.edu/files/vrios/files/riosv2014_larr2014_securityimmigration1.pdf>.

3 idmc (2018), “Internal displacement in Mexico. Country Information 2017”, obtenido de Internal Displacement Monitoring Centre, disponible en <http://www.internal-displacement.org/countries/mexico>.

4 Chort I. y M. de La Rupelle (2016), « Determinants of Mexico-US outward and return migration flows: A state-level panel data analysis”, Demography, 53(5), pp. 1453-1476.

5 Véase cmdpdh (2018), “Desplazamiento interno forzado en México”, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, disponible en <http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno/>, y cndh (2016), “Informe especial sobre desplazamiento forzado interno (dfi) en México”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, disponible en <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/2016_ie_desplazados.pdf>.

 


* CLAUDIA MASFERRER

Es profesora-investigadora en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México.

OSCAR RODRÍGUEZ

Es estudiante del Doctorado en Estudios de Población en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México.