Matrimonio igualitario y su efecto en el mercado laboral

A pesar de que en México (y en el mundo en general) existe hoy una mayor aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo, no contamos con fuentes confiables para mirar a la comunidad lgbt+ con fines estadísticos y de investigación. El autor de este texto aventura unos resultados preliminares sobre la relación entre el matrimonio igualitario y algunos aspectos laborales, como el salario y la seguridad social.

 

MARCO ANTONIO GÓMEZ LOVERA*

 


 

A lo largo de las últimas dos décadas, la aceptación de las relaciones entre personas del mismo sexo ha crecido en el mundo. En México, el apoyo al matrimonio igualitario se incrementó de 23% en diciembre de 2000 a 56% en mayo de 2016, de acuerdo con una encuesta realizada por bgc, empresa especializada en la investigación de la opinión pública. Sin embargo, este avance en la aceptación social el matrimonio igualitario y el reconocimiento de sus derechos en la legislación no se han dado sin debates y polémicas en la esfera pública.

Se considera que en el ámbito mundial la lucha por los derechos de la comunidad lgbt+ tuvo su origen en los Disturbios de Stonewall, que sucedieron hace 50 años, en junio de 1969, en Nueva York. En México el inicio formal se dio en 1971, cuando se creó el Frente de Liberación Homosexual, aunque no fue sino hasta 1978 cuando se llevó a cabo la primera marcha del orgullo en la capital del país.

El primer gran logro del movimiento en el ámbito público-político se dio en 1997, cuando Patria Jiménez fue elegida como diputada plurinominal, convirtiéndose en la primera persona abiertamente homosexual en ostentar un cargo de elección popular. Luego, en 1999, el Distrito Federal aprobó una ley que prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual; en el ámbito federal, esta protección se logró en 2003, cuando también se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Aunque la lucha por la no discriminación avanzó lentamente, la oposición a estas reformas no fue significativa. No puede decirse lo mismo de la legislación que busca permitir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo o la posibilidad de que esas parejas adopten hijos; en estos casos hay una fuerte oposición tanto de organizaciones conservadoras como de la propia clase política.

En el año 2000, Enoé Uranga, política abiertamente lesbiana, propuso una ley para permitir la unión civil de parejas del mismo sexo en la capital. Sin embargo, la Asamblea Legislativa jamás discutió la propuesta debido a la oposición no sólo de la Iglesia católica, sino también del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Cuando el hoy presidente de la República renunció para iniciar su primera campaña presidencial, la oposición a la ley desapareció y se aprobó en noviembre de 2006. A esta legislación de uniones civiles le siguieron las de Coahuila (2007), Campeche (2013), Colima (2013), Jalisco (2014), Michoacán (2015) y Tlaxcala (2017).

En marzo de 2010, el Distrito Federal volvió a ser ejemplo en la lucha por los derechos de las minorías sexuales al convertirse en la primera entidad del país en legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo y otorgar los mismos derechos que al matrimonio de una pareja heterosexual: adopción, solicitudes de hipotecas, herencia y protección de seguridad social al cónyuge, pese a que el gobierno del presidente Felipe Calderón presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la desechó.

A partir de entonces más estados se han unido a la lista de entidades que reconocen el matrimonio igualitario, ya sea por iniciativas legislativas similares, decretos del Ejecutivo o sentencias del Poder Judicial. Al día de hoy, incluida la capital, estas entidades suman 14: Quintana Roo (2012), Coahuila (2014), Chihuahua (2015), Nayarit (2015), Jalisco (2016), Campeche (2016), Colima (2016), Michoacán (2016), Morelos (2016), Chiapas (2017), Puebla (2017), Baja California (2017) y Nuevo León (2019).

En junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis jurisprudencial en la que afirma que la figura del matrimonio no excluye a las parejas del mismo sexo, por lo que cualquier legislación local que la defina como la unión de un hombre y una mujer es inconstitucional y discriminatoria. Sin embargo, esto no legaliza automáticamente el matrimonio igualitario, sino que permite a las parejas homosexuales acceder al matrimonio interponiendo un amparo.

En mayo de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa para reformar el artículo 4º constitucional a fin de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país. La propuesta no prosperó, pues se enfrentó a una fuerte oposición de grupos conservadores y religiosos en distintas partes del país y a ella se le atribuyeron los malos resultados electorales del pri en las elecciones de ese año.

Como puede apreciarse, el avance del matrimonio igualitario en México (y también en el mundo) se ha dado en un contexto de debate ideológico, principalmente religioso, y legal, con muchos de los avances ganados en las cortes. Pero ¿podrá encontrarse una justificación económica para avanzar en la legislación y protección de los derechos de las minorías sexuales?

La investigación económica enfocada en las minorías sexuales es reciente. Se inició apenas a mediados de los años noventa, y es aún escasa, pues es difícil detectar las fuentes de información pertinentes.

Con la información que los investigadores han logrado reunir se han estudiado principalmente los efectos de la orientación sexual y la legalización del matrimonio igualitario sobre los salarios. Se esperaría que las personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual sufrieran un efecto adverso en sus salarios —debido a la discriminación, ya sea porque los empleadores deciden pagarles menos o porque, ante un ambiente laboral adverso, son menos productivas—, mientras que los avances en la aceptación social —visible en la legislación a favor de las minorías sexuales, como permitir los matrimonios igualitarios o las leyes antidiscriminación— tendrían un impacto positivo en el ámbito y en los resultados laborales de estos grupos.

En el primer caso se han hecho estudios con datos de Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Canadá. Lo que se ha encontrado es que los hombres homosexuales tienen una penalización en sus salarios, es decir, ganan menos que sus pares heterosexuales, posiblemente producto de la discriminación, mientras que las mujeres homosexuales reciben una prima, es decir, ganan más que las mujeres heterosexuales. Como explicación principal se propone que, al tener una probabilidad de embarazo menor, disponen de más tiempo para su desarrollo profesional y sus empleadores podrían percibirlas como “menos riesgosas”.1

Para el segundo caso los estudios son más escasos. El que cuenta con mayor información, elaborado con registros administrativos suecos, encuentra la misma prima para mujeres en una relación del mismo sexo y la penalización para los hombres después de que la pareja entró en una unión civil o matrimonio, una vez que alguna de estas figuras se legaliza en el país. Un segundo estudio, enfocado en hombres en Estados Unidos, encuentra que, tras la aprobación de la legislación que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, existe una prima de 8% sobre salarios respecto de los que existían antes de este cambio.

En el caso de México, es posible analizar si la aprobación del matrimonio igualitario en los estados ha tenido efectos positivos o negativos sobre diversas variables laborales, como salario, horas trabajadas, acceso a seguridad social y especialización en el trabajo de la pareja (que uno se dedique al hogar y otro a un empleo remunerado). La fuente de información es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) que levanta trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) desde 2005, con la que puede identificarse si las parejas en los hogares encuestados son del mismo o diferente sexo.2

Lo que se encuentra es que los homosexuales (así considerados según el sexo de su pareja) reciben un salario 6% menor que los heterosexuales, aunque trabajan más de 2.6 horas más a la semana; por lo demás, reciben 20 puntos porcentuales adicionales en la probabilidad de tener acceso a la seguridad social. Ser homosexual en un estado donde el matrimonio igualitario es legal representa una mejora de 24% en el salario, 30 puntos porcentuales adicionales en la probabilidad de tener acceso a seguridad social y una reducción de cinco horas en el diferencial de horas trabajadas entre los miembros de la pareja.

En resumen, pareciera que aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo tiene un beneficio económico, para los que pudieran acceder a él, de 18% sobre los salarios y 50 puntos porcentuales en la probabilidad de tener acceso a seguridad social. Sin embargo, hay que resaltar que la investigación se encuentra limitada por la dificultad de identificar a los miembros de las minorías sexuales en las encuestas disponibles.

En esta investigación en particular, el método para analizar el sexo de la pareja deja fuera a buena parte de la población que integra las minorías sexuales, pues no considera a los solteros, y deja también fuera a otras parejas que, al preguntárseles la relación que hay entre dos miembros del hogar, prefieren no revelar que son una pareja. Esto es evidente si se analiza cuántas personas en una relación del mismo sexo es posible identificar en la enoe; la cifra ronda las 30 personas por trimestre de 2005 a 2012 y aumenta cada trimestre posterior hasta un máximo de 120 en el segundo trimestre de 2017. Esto lleva a suponer que, conforme la aceptación y la protección legal han avanzado, también lo ha hecho la disposición de las personas a revelar su orientación sexual a los encuestadores, por lo que los resultados posiblemente presentan un sesgo.

Ante esto surge la pregunta: ¿cómo podemos medir mejor a las minorías sexuales para tener información que permita tomar decisiones de política pública informadas? La mejor manera es preguntar directamente por la orientación sexual y por la identidad de género en las encuestas o censos, aunque esto requiere asegurar a los entrevistados que sus respuestas son secretas y que nadie podrá identificarlos a partir de la respuesta, así como ser asesorados por organizaciones que trabajen los temas de minorías sexuales para asegurarse de hacer las preguntas correctas con el lenguaje adecuado.

Las oficinas de estadística de diversos países, incluido México, están conscientes de la necesidad y urgencia de contar con información sobre poblaciones minoritarias y vulnerables, como la comunidad lgbt+; sin embargo, aún hay obstáculos metodológicos y conceptuales que deben sortearse. La mejor manera de que el tema avance es con un diálogo constante entre las oficinas de estadística y los activistas de la propia comunidad.◊

 


1 Aksoy et al., “Sexual Orientation and Earnings: New Evidence from the UK”, Industrial and Labor Relations Review, 2016, engloba una explicación de los efectos encontrados en la literatura y, además, explica cómo diferentes formas de identificar a las personas homosexuales influye en los resultados.

2 Marco Antonio Gómez Lovera, For Richer, For Poorer: The Effect of Marriage Equality on Labour Outcomes in México, trabajo de investigación para obtener el grado de Maestro en Economía, México, El Colegio de México, junio de 2018.

 


* MARCO ANTONIO GÓMEZ LOVERA

Es egresado de la Maestría en Economía del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México (promoción 2016-2018). Actualmente es subdirector de Análisis del Contexto Macroeconómico en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.