El triunfo arrasador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las recientes elecciones federales y locales es indicio de que habrá un Estado fuerte en México, elegido democráticamente. Para compensar esa fuerza extraordinaria —argumenta Prud’homme en este artículo—, el propio Estado tendrá que crear o fortalecer los órganos autónomos que vigilen su actuación.

–JEAN-FRANÇOIS PRUD’HOMME*–

La victoria de Andrés Manuel López Obrador y de su coalición electoral Juntos haremos historia en la elección del 1 de julio marca un cambio político de profunda magnitud cuyas causas y significado serán el tema de múltiples estudios. Llama la atención la importancia de la mayoría obtenida por el virtual presidente electo, con 53% de los votos, y el haber conseguido el primer lugar en las preferencias de los electores en 31 de los 32 estados. Hay que regresar a 1982 para encontrar un mayor porcentaje de sufragios emitidos a favor de un candidato presidencial —cuando, como todos sabemos, las condiciones de la competencia electoral en México eran muy distintas—. Ese fuerte apoyo se reflejó también en las elecciones legislativas, donde la coalición Juntos haremos historia logró que fuera electa en el Senado una bancada de 69 senadores y en la Cámara de Diputados, otra, de 310 diputados. Es una cómoda mayoría que queda a una distancia alcanzable de la mayoría calificada, de dos tercios, requerida para aprobar reformas constitucionales. Y es la primera vez, desde 1997, que un presidente podrá contar con un apoyo mayoritario en las dos Cámaras del Congreso. La magnitud de la victoria de López Obrador puede apreciarse también en las mayorías obtenidas en 20 de las 27 contiendas para la renovación de Congresos estatales y en la consecución, por el momento, de cinco de las nueve gubernaturas que estaban en juego. El mapa de la representación política en el país experimentó una brusca reconfiguración. La concepción de los equilibrios políticos de la postransición mexicana y de las reglas de funcionamiento del sistema político se verá también transformada, empezando por el sistema de partidos y el federalismo.

Las instituciones políticas mexicanas de la postransición han sido criticadas por su fragilidad y su aparente ineficiencia, como lo mostraron frecuentemente las encuestas que miden el nivel de satisfacción con la democracia y de confianza en las entidades encargadas de administrar los procesos democráticos. Sin embargo, es justamente en el marco de esa institucionalidad donde la ciudadanía expresó su rechazo al gobierno en turno y a los partidos tradicionales, depositando, con un mandato fuerte, sus esperanzas en una nueva alternativa política. De la misma manera, la fuerza del apoyo al candidato presidencial de Morena se debe en gran parte a una estrategia electoral exitosa que logró vencer estigmas del pasado, captar el ánimo actual de la ciudadanía y conquistar espacios geográficos y sociales que López Obrador no había logrado penetrar en elecciones anteriores. Es de esperar que esa hazaña contribuya a despejar el halo de desconfianza que seguía rodeando a las instituciones y procesos democráticos nacionales, y permita un saneamiento más completo de las prácticas electorales ilegales que persisten en la actualidad.

A la luz de las tendencias que observaron las encuestas en cuanto a las preferencias de los votantes,  y que más tarde anunciaron correctamente el resultado de la contienda, los temas del pluralismo en la representación política y del juego de balance entre pesos y contrapesos institucionales adquirieron importancia para muchos analistas de la vida política nacional: ante la posibilidad de la elección de un presidente con mayoría absoluta, parecía necesario evitar que esa mayoría se reflejara en la composición del Poder Legislativo. Sin embargo, la defensa del pluralismo y el temor a un presidencialismo fuerte nos condenaban a seguir viviendo una situación de democracia poco eficiente, en donde la necesidad de negociar todas las iniciativas legislativas entre las agrupaciones políticas establecidas solía producir resultados barrocos y acuerdos poco vigorosos. De ahí viene, en parte, la desilusión compartida por un segmento del electorado ante el hecho de que la democracia no contribuye a solucionar los problemas apremiantes del país. De ahí también provenía esa sensación de colusión entre élites políticas aparentemente desconectadas de la realidad nacional, sensación ampliada por los casos frecuentes de agravio a la ética pública.

El pluralismo es un ingrediente esencial de la vida democrática, como lo es la existencia de pesos y contrapesos institucionales que permiten controlar los excesos de los distintos poderes. A la vez, la regla de la mayoría es el principio fundamental para definir el desenlace de las contiendas electorales y, sobre todo, para orientar el proceso de toma de decisiones públicas. Es lo que permite la expresión clara de la voluntad del electorado y el cabal funcionamiento de las instituciones de la democracia representativa. El apoyo recibido por el futuro gobierno le confiere un mandato fuerte que debería permitirle implantar sus propuestas de cambio político, económico y social. Es destacable y encomiable que ese apoyo se haya obtenido por la vía electoral.

Pero, a la vez, ese mandato se ejercerá en un marco institucional democrático vulnerable, al cual le hace falta la consolidación de órganos autónomos de supervisión y vigilancia de los actos de gobierno. Le tocará a la nueva administración completar la obra inacabada de construcción de un sistema de pesos y contrapesos en un contexto en el que la oposición será débil, y sabemos que habitualmente el fortalecimiento de esos sistemas proviene de las iniciativas de la oposición. Además, todavía ronda la sombra del hiperpresidencialismo que solemos, por historia y tradición, asociar a formas excesivas de ejercicio de la autoridad. En ese contexto, será responsabilidad del nuevo gobierno crear los instrumentos que le permitan vigilarse a sí mismo y así poder ejercer de manera íntegra el fuerte mandato que le han confiado los electores. De esta manera podrá contribuir a algo que todavía hace falta después de 40 años de cambio político: la construcción de un Estado democrático fuerte.◊