01 Abr La reconstrucción institucional de Chile
El exdirigente estudiantil Gabriel Boric llegó a la presidencia de Chile apoyado por una coalición de partidos de izquierda y como colofón de una serie de movimientos sociales que arrancaron precisamente en aquellas movilizaciones estudiantiles de 2011 en las que el hoy madatario chileno empezó a ser protagonista de la política. Llevar a la realidad un amplio programa de beneficios para los más desposeídos y la gestación de una nueva Constitución política se presentan como los principales retos del nuevo gobierno chileno.
FRANCISCO ZAPATA*
En las elecciones que tuvieron lugar en Chile el 19 de diciembre de 2021, Gabriel Boric fue electo presidente del país con 55% de los votos. Nacido en 1986, en la ciudad de Punta Arenas, la más austral del país, Boric fue presidente de la Federación de Estudiantes de Chile (fech) en 2011 y diputado por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena durante el periodo 2018-2022. Con 35 años de edad, es el presidente más joven de la República en la historia del país y el originario del territorio más alejado de la capital.
Los resultados constituyen la culminación de varios procesos que tuvieron como actores centrales a los estudiantes universitarios y a organizaciones sociales feministas, medioambientales y regionalistas, entre otras, que conformaron una serie de partidos políticos articulados en el Frente Amplio, el cual participó en las elecciones de 2017 y en las de 2021. Hay que resaltar que estos procesos representaron un terremoto que reveló el fracaso de la clase política, emanado de la transición democrática que ocupó el poder desde 1990.
Se puede afirmar que esa clase política no pudo o no quiso enfrentar las demandas de quienes participaron en el estallido de octubre de 2019 (véase “¡Chile despertó!” en Otros Diálogos, 10 de enero de 2020) y cuya culminación fue la manifestación del 25 de octubre que congregó a más de un millón de personas en el lugar que fue bautizado como la Plaza de la Dignidad (ex Plaza Baquedano). Dicho fracaso, que pudo tener consecuencias graves para la estabilidad política del país, tuvo un resultado inesperado que reflejó la realización de amplias negociaciones y que se materializó en la convocatoria de una Convención Constitucional cuyos 155 integrantes fueron electos en 2021 para elaborar una nueva Constitución que reemplazará a la vigente, promulgada por el gobierno de Pinochet en 1980.
A partir de esta brevísima crónica de los antecedentes de la elección de Gabriel Boric como presidente de Chile, quisiera analizar las implicaciones que dicho proceso tiene para la sociedad y el sistema político chileno.
Los orígenes del triunfo de Boric
En primer lugar, es necesario distinguir entre a) los agravios que sufrió la sociedad chilena y que se reflejaron en los resultados electorales del 19 de diciembre y b) las consecuencias que tendrán las decisiones del gobierno de Boric y de la Convención Constitucional.
Como se manifestó en el estallido del 18 de octubre de 2019, los agravios que experimentaba la sociedad suscitaron el cuestionamiento de cambios institucionales que tuvieron un fuerte impacto sobre la vida de los chilenos. Éstos fueron la promulgación autoritaria de la Constitución de 1980, del Plan Laboral, del Código Minero, del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (afp), de las instituciones de salud previsional (Isapres), de la municipalización de la educación primaria y secundaria y de la privatización de gran parte de la educación superior. Además, la generalización del crédito no bancario (es decir, la emisión de tarjetas para supermercados y tiendas de menudeo) agravó el endeudamiento de las familias. Estimaciones del Banco Central de Chile indican que, en 2019, más de 70% de la población estaba endeudada en montos que superaban sus ingresos mensuales, lo que contribuyó a generar altos niveles de ansiedad.
Tampoco los niveles salariales guardan, a la fecha, relación alguna con el pago de muchos servicios, como el transporte público, cuyas tarifas son de mercado (el precio del boleto de metro, por ejemplo, es actualmente de 800 pesos chilenos por viaje, equivalentes a 1.11 dólares). Para los estudiantes universitarios, la creación del Crédito con Aval de Estado (cae), a través del cual el gobierno avala los créditos impagos al sistema bancario, generó deudas equivalentes a 7 700 millones de dólares por créditos impagos, dado que los salarios vigentes no permiten la liquidación de la deuda.
Los agravios mencionados se exacerbaron por diversos escándalos que involucraron a dos excomandantes en jefe del ejército y a un comandante en jefe de Carabineros de Chile, la policía uniformada, que hicieron un uso indebido de los fondos reservados de ambas instituciones. Como si esto fuera poco, se añade el financiamiento ilegal de la política por parte de empresarios que realizaron transferencias directas en beneficio de los partidos y de los candidatos a puestos de elección a fin de presionarlos en el trámite de proyectos de ley de interés para las empresas. También se puede mencionar la existencia de prácticas de colusión entre empresas para fijar precios de medicamentos, así como de artículos de consumo y provisiones.
A todo lo anterior se suma la ausencia de fiscalización de esas prácticas por parte del Servicio de Impuestos Internos (sii), que no presentó querellas por delitos tributarios. El Ministerio Público se abstuvo de seguir las investigaciones. Ambas medidas fueron determinadas por las autoridades políticas, que no instruyeron al sii para implementar esa fiscalización. Además, en los casos en los que sí se realizó y, por ende, se procesó a los involucrados, se aplicaron penas risibles para los culpables, como la asistencia a clases de filosofía moral.
Por último, la reforma de la seguridad social de 1981 dio lugar en años recientes a ingresos muy por debajo de los que recibían las personas cuando estaban activas. En efecto, las pensiones no reflejan el costo de la vida, dado que una pensión promedio no supera los 300 dólares. Si los jubilados tienen una deuda hipotecaria, por ejemplo, ese pago consume gran parte de su pensión, y si no se pagan las cuotas del crédito, los bancos rematan sus viviendas. El sistema de las afp contrasta con el hecho de que las fuerzas armadas mantienen el sistema de seguridad social financiado por el presupuesto público.
Algo similar ocurre con el sistema privado de salud, que ofrece planes diferenciados de acuerdo con las enfermedades cubiertas. Por ejemplo, los partos no están incluidos en los planes, por lo que generan cuotas adicionales. Los precios de los medicamentos quintuplican los de otros países. Así, la libertad de precios abre la posibilidad de que los costos de bienes de consumo inmediato estén indizados a variaciones en el tipo de cambio: de este modo, los precios de los artículos de los supermercados superan los vigentes en España, por ejemplo. Todo ello conformó un escenario que alcanzó una crisis extrema con la destrucción de las estaciones del metro de Santiago, el saqueo de comercios y supermercados y la violencia urbana.
Las respuestas a las demandas del estallido de octubre de 2019
Frente a ese escenario, el gobierno de la coalición encabezada por Boric, compuesto por 14 ministras y 10 ministros, enfrentará esas demandas con propuestas como las siguientes:
- Reformar la legislación tributaria para que permita aumentar la recaudación fiscal en 5 puntos del pib mediante mecanismos como la generación de un nuevo régimen de impuesto a la renta para las grandes empresas, el establecimiento de impuestos a la riqueza a través de sobretasas a varios ingresos y al patrimonio de los superricos, reducciones a las exenciones tributarias, la creación de impuestos verdes y el aumento del royalty.
- Establecer una institución pública que administre los actuales fondos de las afp y permita crear una Pensión Básica Universal para los mayores de 65 años, reemplazar los actuales pilares solidarios de vejez y crear una nueva cotización a cargo de los empleadores, entre otras medidas.
- Regular la política de empleo y de salarios para fijar una remuneración mínima equivalente a unos 625 dólares al tipo de cambio de diciembre de 2021 ($500 mil pesos chilenos); reducir la jornada a 40 horas semanales, de modo que se permita la generación de nuevos empleos y la mejoría de las condiciones de trabajo de las pequeñas y medianas empresas.
- Incentivar la paridad de género en el mercado de trabajo para generar 500 mil empleos femeninos y fomentar la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, así como la capacitación y la formación profesional en las nuevas tecnologías; fortalecer el Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio al Empleo Joven como uno de los mecanismos contemplados para lograr esos objetivos; y crear un Sistema Nacional de Cuidados que brinde nuevas oportunidades de empleo a las mujeres.
- Asegurar las condiciones financieras de las pequeñas y medianas empresas por medio de la fiscalización del pago efectivo del iva por las facturas emitidas por las grandes empresas, así como a través del mejoramiento del acceso al crédito bancario y de los programas de financiamiento directo a cargo de las instituciones gubernamentales.
- Avanzar hacia un Sistema Universal de Salud Pública que descanse en un Fondo Universal de Salud financiado por una cotización obligatoria de todos los ciudadanos y con aportes estatales, lo cual conduce a la cancelación de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) mediante un proceso de transición que asegure la continuidad de los servicios de salud, lo que también implica aumentar el gasto fiscal en salud en 1.5 puntos del pib.
- Fortalecer la educación inicial a través del aprendizaje integral como derecho de niñas y niños, para así poder superar las inequidades existentes y avanzar hacia el objetivo de igualar el financiamiento de los establecimientos que reciben aportes del Estado; ampliar la cobertura a través de un programa de expansión de al menos 60 mil lugares, principalmente con el financiamiento de mejoras estructurales y de ampliación de aulas, así como con el fortalecimiento de las directoras, educadoras y técnicos.
- Asumir un compromiso con el establecimiento de la educación pública desde la construcción de salas cuna, jardines, escuelas y liceos públicos, que deben ser la garantía institucional del derecho universal a una educación integral; por eso, se enfatiza la necesidad de fortalecer y expandir la educación pública, y de continuar con el proceso de desmunicipalización e instalación de la Nueva Educación Pública.
- Crear albergues ubicados en diversos lugares del territorio para enfrentar el aumento de la población migrante y de los habitantes que se ven en situación precaria por catástrofes, además de ratificar el Pacto de Marrakech.
- Construir 65 mil viviendas al año y 260 mil en cuatro años para reducir 40% del déficit existente con la adquisición de terrenos urbanos y el diseño de espacios educacionales, deportivos y de esparcimiento cultural y, al mismo tiempo, fortalecer los alquileres.
- Descentralizar las decisiones con políticas de rentas regionales que permitan generar mayor autonomía financiera y equidad entre los territorios y entre los 340 municipios del país para que el ingreso per cápita por municipio no sea inferior a 325 dólares.
En suma, las respuestas planteadas por el gobierno de Boric a las demandas de 2019 demuestran su pertinencia y explican los resultados de las elecciones. No obstante, vale la pena referirnos al proceso en curso de la elaboración de una nueva Constitución por parte de la Convención Constitucional, que tiene como plazo hasta julio de 2022 para proponerla a través de un plebiscito.
Quizá la nueva Constitución dará lugar a la reconstrucción del sistema político y de los elementos constitutivos de un régimen democrático que supere lo que estuvo vigente desde 1980. También dará lugar al establecimiento de mecanismos de representación, de organización del poder, de consolidación de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión y de afirmación de la centralidad de los derechos humanos en el ejercicio de la autoridad.
Le tocará al gobierno de Boric poner en marcha la nueva Constitución e inaugurar un Chile que, después de 32 años (1990-2022), dejará atrás la herencia de gobierno militar y del modelo neoliberal.◊
* Es doctor en Sociología por la Universidad de París. Se desempeña como profesor-investigador en el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, del que fue director de 1994 a 2000. Ha sido también presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo (aist) y, desde 1991, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus principales líneas de investigación son la estructura sindical, las relaciones laborales y el desarrollo regional.