El Pacto Mundial para la Migración: qué dice, qué no dice y por qué no les gusta a Donald Trump, a Matteo Salvini y a otros más

A punto de ser firmado, el Pacto Mundial para la Migración recibió un duro revés. De la mano de Estados Unidos, 12 países se negaron a firmarlo, alegando que hacerlo sería tanto como atentar contra su propia soberanía nacional. Pero, sin un pacto global, ¿intentarán los Estados afrontar individualmente los problemas migratorios? Sería una locura, dice Massimo Livi en este texto.

 

MASSIMO LIVI BACCI*

 


 

Hace tres años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó con bombo y platillos la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, estructurada en 17 grandes “objetivos” (ods, Objetivos de Desarrollo Sostenible) y 169 “metas” que deben alcanzarse, como límite, justamente, en el año 2030. En el atiborrado listado de acciones, recomendaciones y exhortaciones dispuestas para guiar el desarrollo en los próximos años, estaban completamente ausentes (o casi completamente) las indicaciones sobre temas de migración para los gobiernos.1 Como si ésta fuera una cosa menor, y no un fenómeno imponente que involucra a más de 250 millones de individuos, o como si no representara un poderoso factor de cambio social, un componente importante del desarrollo y, en su forma patológica, de flujos de prófugos y refugiados (éste, un factor, precisamente, de insostenibilidad del mismo). Aquellos que saben un poco de las organizaciones internacionales, que operan sobre la base del amplio consenso de varios países, no se sorprendieron por esto: el tema de las migraciones ha quedado casi siempre al margen de las confrontaciones internacionales porque ningún país está dispuesto a poner en juego ni siquiera una mínima fracción de su soberanía por este asunto. Mejor mantener el tema aparte, mejor no suscribir los documentos —sean genéricos o vinculantes— que apunten a la necesidad de una regulación supranacional de los flujos.

 

Algo se mueve en la comunidad internacional

 

Aunque con cautela, algo se ha movido en los últimos años. La Organización Internacional para las Migraciones (oim) se ha convertido en una agencia de las Naciones Unidas con mayor capacidad operativa. Y la clamorosa ausencia del tema migratorio en la Agenda 2030 orilló a las Naciones Unidas, en la Asamblea General de septiembre de 2016, a aprobar la “Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes”. Los Estados miembros reconocieron la necesidad de un acercamiento global hacia la movilidad humana con el objeto de “proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, sea cual fuere su estatus migratorio, en todo momento”. Por lo tanto, esto puso en marcha la elaboración del “Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular”, que debía realizarse en una conferencia intergubernamental posterior, como, en efecto, sucedió el 11 de diciembre de 2018 en Marrakech.2

Bienvenido, entonces, un Migration (o Global) Compact. Según estimaciones de las Naciones Unidas, el conjunto de migrantes en el mundo (para simplificarnos la vida, las estadísticas internacionales, grosso modo, definen como migrantes a todos aquellos que viven en un país distinto de aquél en el que nacieron) estaba compuesto por 258 millones de personas en 2017 (69% más con respecto a los 152 millones que había en 1990) y se incrementa a razón de 2% al año, contra 1.1% de crecimiento anual de la población mundial. En los países en vías de desarrollo existen menos de 2 migrantes por cada 100 habitantes, pero hay casi 12 (seis veces más) en los países desarrollados (alrededor de 8 en Italia). Si todos los migrantes fueran expulsados, o si ellos mismos se cruzaran de brazos, las economías del mundo desarrollado sufrirían un duro golpe y el tejido social padecería heridas graves.

Y también existe el componente “patológico”: la migración provocada por la violencia, las catástrofes, las persecuciones o la discriminación, que necesita de la solidaridad humana, amén de la coordinación internacional, recursos y capacidad de gestión. Pensemos en la migración forzosa de los rohinyá en Myanmar, el éxodo sirio, la huida de Estados fallidos, como Somalia o Libia, la salida con rumbo al norte desde el triángulo formado por Honduras, Guatemala y El Salvador, trastornado por el crimen, la emigración de Haití después de las catástrofes naturales o la salida de Venezuela por la hecatombe económica. Todos, fenómenos que atentan contra el desarrollo, que dañan o hieren las relaciones entre las naciones, que ponen en crisis el orden internacional. Que la comunidad internacional, aun cuando sea con culposa tardanza, comience a reflexionar sobre la necesidad de poner en orden el caos migratorio es algo positivo. El Global Compact es una oportunidad que no puede perderse. Desafortunadamente, este hecho positivo se ha encontrado, ante la inminencia de la firma final, con un freno inesperado. Catorce Estados, que incluso habían contribuido a la elaboración del documento, se retractaron y no lo suscribieron, siguiendo la estela que dejó la defección de Estados Unidos, acaecida a finales de 2017. Se trata de países del mundo desarrollado, además de Chile y República Dominicana, entre ellos Australia, Israel, Italia, Polonia, Suiza y Hungría.

 

Los 23 objetivos del Pacto Mundial

 

Antes de revisar las razones que estropearon la celebración final (porque, no obstante, 164 países firmaron el pacto), se subraya que el preámbulo cierra con una importante afirmación: “Este Pacto Mundial presenta un marco de cooperación no vinculante jurídicamente que se basa en los compromisos acordados por los Estados miembros en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. Su propósito es fomentar la cooperación internacional sobre la migración entre todas las instancias pertinentes, reconociendo que ningún Estado puede abordar la migración en solitario, y respetar la soberanía de los Estados y sus obligaciones en virtud del derecho internacional”.

Los 23 objetivos que constituyen el documento tienen una naturaleza compleja. Algunos son de carácter administrativo y están relacionados con: recopilación de datos e información, identidad de los migrantes, hacer menos costosas y más sencillas las remesas, portabilidad de los derechos sociales adquiridos y cooperación en la gestión de las fronteras (1, 3, 4, 11, 22, 23); otros confirman obligaciones ya establecidas en varias convenciones, entre ellas la reducción de la vulnerabilidad de los migrantes y la salvaguarda de sus vidas (7, 8) o la lucha contra el tráfico de migrantes (9, 10). Se trata, hasta aquí, de objetivos no controversiales, tal vez difícilmente alcanzables, pero largamente compartidos.

Otro grupo de objetivos es de carácter más complejo y controvertido, y se refiere a la gestión de los flujos migratorios, a las modalidades legales, a la claridad y no arbitrariedad de los procedimientos, al mejoramiento de la asistencia consular durante el ciclo de migración, a la detención de los migrantes sólo como solución extrema —si soluciones menos traumáticas no son viables— y a la cooperación para la reintegración de los migrantes de retorno o expulsados (5, 12, 13, 14, 21). Se recomienda, incluso, el reforzamiento de las acciones para minimizar los factores que fomentan la salida de las personas de sus países de origen (2).

Una serie de objetivos concierne a las políticas, principalmente internas, de los Estados con respecto a los migrantes, entre ellas la creación de criterios justos para la contratación y el trabajo de los mismos, su acceso a los servicios básicos, la eliminación de la discriminación y la inversión en el desarrollo de las habilidades de los migrantes (6, 15, 17, 18). Finalmente, dos objetivos, incluso en su generalidad, son indigeribles para los soberanistas-nativistas: aquel que invita a los Estados a promover la plena inclusión y cohesión social, y el que llama a “crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible de todos los países” (16, 19). El último objetivo (23), genérico, reafirma lo que ya está plasmado en el título del Global Compact: “Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, ordenada y regular”.

 

Por qué el Pacto Mundial no le gusta a Trump, a Salvini y a muchos otros

 

Estos objetivos del Global Compact, incluso en su propio caos, delinean un camino civil para la comunidad internacional. Hasta el momento de la defección de Estados Unidos, hace poco más de un año, existía un acuerdo general, e incluso en julio de 2018 el texto definitivo del Global Compact era apoyado por todos los Estados (excepto Estados Unidos). Por lo demás, tratándose de un documento no vinculante y respetuoso de la soberanía de cada país, este apoyo parecía darse por descontado. En los últimos meses se desencadenó, en cambio, una campaña mediática para desviar la atención, alimentada por grupos de extrema derecha y think tanks conservadores-soberanistas, que difundieron la falsa idea de que el Global Compact interfiere en la soberanía de los Estados, suprime la distinción entre migrantes regulares e irregulares, crea una suerte de “derecho a la migración”, sostiene que toda forma de migración es legítima e invariablemente un factor positivo para el desarrollo. La misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, pocos días antes del encuentro en Marrakech, en una declaración oficial, sostuvo que el Global Compact implica una suerte de “globalización de la migración, a costa de la soberanía nacional”, y que sus objetivos serán utilizados, a la larga, para construir una especie de derecho internacional consuetudinario de la migración, por encima de la soberanía nacional.

¿Los 12 países disidentes —entre los cuales, por desgracia, está el nuestro [Italia]— piensan, acaso, administrar los fenómenos migratorios por sí solos, aislándose del contexto internacional? Esto es una locura. Es imposible manejar la presión migratoria en el sur del mundo sin acuerdos entre los países de salida y los de llegada, sin una mezcla inteligente de apoyos económicos, sin reforzar las relaciones políticas, culturales y sociales, sin establecer canales migratorios legales, desdeñando reglas y normas comunes, descuidando los derechos de los migrantes. Desgraciadamente, no todos piensan de este modo.◊

 

Gráfica 1: Número de migrantes por cada 100 habitantes en las regiones del mundo, 1990-2017

Nota: lac se refiere a América Latina y el Caribe.  |   Fuente: Naciones Unidas.

 

Gráfica 2: Variación media anual del conjunto de migrantes en las regiones del mundo, 1990-2000, 2000-2010 y 2010-2017 (en millones)

Fuente: Naciones Unidas.

 


1 Entre las 169 metas, sólo dos nombran explícitamente las migraciones: la genérica 10.7, que pide “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”, y la más específica 10.7.c, que invita a reducir las comisiones económicas por las remesas de los migrantes.

2 Véase <https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf>.

 


* MASSIMO LIVI BACCI

Es demógrafo. Realizó estudios clásicos en la Facultad de Ciencias Políticas “Cesare Alfieri” de la Universidad de Florencia y en la Universidad de Brown en Estados Unidos. Profesor de la Universidad de Roma y de la Universidad de Florencia. Además de otros reconocimientos, en 2001 recibió el Premio Invernizzi de Economía. Su texto, originalmente escrito en italiano, fue traducido por Gabriela Said.