Desigualdad en la educación

¿Son tan eficaces como plantea la propaganda estatal los programas gubernamentales de intervención del lado de la demanda para mejorar la educación pública mexicana? ¿Ayuda este enfoque a desarrollar la infraestructura? Raymundo Campos escribe al respecto.

 

RAYMUNDO M. CAMPOS VÁZQUEZ*

 


 

Todavía recuerdo que las campañas políticas de mi niñez y adolescencia usaban mensajes como “más educación” o “mejor salud”. Cuando decían esto, la propuesta implicaba mejorar o ampliar la infraestructura existente. Al día de hoy, los mensajes claramente han cambiado. Ahora tenemos los “vales para la salud” o “becas para la educación”, entre muchos otros similares. Se ha descuidado la oferta y provisión de servicios públicos para concentrar las políticas públicas en la persona que exige ese servicio.

En este breve artículo quiero invitar a una reflexión sobre esa postura. Existe una amplia investigación sobre el efecto de las intervenciones del lado de la demanda. Por ejemplo, el caso de Progresa-Oportunidades-Prospera, el programa del Estado mexicano para combatir la pobreza y que operó de 1997 a 2018, muestra que mejoraron la escolaridad y la salud de los beneficiarios. Sin embargo, fue insuficiente para cambiar de manera radical la evolución de la pobreza de nuestro país. Por lo tanto, en el mejor de los casos, este tipo de programas puede “ayudar” en el margen a las familias beneficiarias, pero poco para cambiar la realidad del país.

La razón es sencilla: estas intervenciones no pueden tener un mayor impacto si no se acompañan con mejoras en la provisión de mejores servicios públicos. A mi parecer, las mismas han retrasado que nos aboquemos como país a reducir las grandes desigualdades en la provisión de esos servicios. En otras palabras, si las familias reciben una transferencia monetaria para que sus hijos vayan a la escuela, y quiere reducirse la pobreza con ello, es necesario que la escuela sea un centro de aprendizaje con la infraestructura y pedagogía adecuadas. Al mismo tiempo, la realidad local determina expectativas y aspiraciones sobre la propia escolaridad y ocupación de niñas, niños y sus padres de familia. Peor infraestructura y peores insumos se relacionan con una menor asistencia escolar y con peor aprovechamiento académico, lo cual, a su vez, conduce a que la desigualdad se reproduzca y se dificulte la movilidad social.

Las desigualdades educativas entre las entidades federativas siguen siendo grandes e inaceptables. En la tabla que aparece a continuación incluyo algunas estadísticas relevantes para mostrar esa desigualdad: los porcentajes de estudiantes en secundaria que asisten a una telesecundaria, de escuelas que carecen de drenaje, de personas entre 12 y 18 años que asistieron a la escuela en 2010 y 2020 y de personas de 25 años o más que contaban con, al menos, bachillerato en 2010 y 2020. Incluyo entre paréntesis el lugar de cada entidad federativa. Las carencias en las entidades con mayor población en pobreza, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, son evidentes; la desigualdad, también. Mientras que en Nuevo León sólo 1% de los estudiantes de secundaria asisten a una telesecundaria, en Chiapas son casi 50%. Si en la Ciudad de México prácticamente todas las escuelas tienen drenaje, en Oaxaca cuatro de cada cinco no lo tienen. En Aguascalientes la asistencia escolar aumentó entre 2010 y 2020, pero en Chiapas, que ya tenía una bajísima asistencia escolar en 2010, disminuyó todavía más para 2020. En Aguascalientes y Chihuahua, el porcentaje de personas adultas que tiene al menos bachillerato aumentó 13% entre 2010 y 2020, pero sólo 8% en Chiapas y Guerrero en el mismo periodo. Todo indica que la pandemia de covid empeorará la desigualdad educativa existente.

 

Porcentajes sobre educación por entidad federativa

 

Notas: Cálculos del autor a partir de diferentes fuentes. En Telesecundaria es el porcentaje de estudiantes de secundaria que asisten a telesecundaria con datos provenientes de la sep (2015-2016). En Escuelas con carencia de drenaje, los datos provienen del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica de la sep (año 2013). En Bachillerato o más y asistencia escolar, provienen de los censos de población 2010 y 2020.

 

Tanto disminuir la desigualdad regional como mejorar la infraestructura y la calidad de la educación deberían ser las principales prioridades de cualquier gobierno. Lamentablemente, una mexicana que nace en Chiapas tendrá diferentes oportunidades a las de un mexicano nacido en Ciudad de México o Nuevo León. Que las oportunidades no estén bien distribuidas terminan por afectarnos a todos. Desde la perspectiva estrictamente económica, no se logra un desarrollo económico incluyente cuando se rezaga una parte de la población. Además, no sabemos lo que se ha perdido en producción por tener una fuerza laboral menos capacitada. Desde el lado político, esta falta de equilibrio produce polarización y una cohesión social menor, lo que termina por complicar los acuerdos a los que puede llegar nuestra sociedad sobre la magnitud y el destino de la inversión pública.

Esas desigualdades históricas y estructurales no dejarán de existir mientras se siga pensando únicamente en términos de intervenciones por el lado de la demanda, como los programas de transferencias monetarias. No quiero que esta crítica se malinterprete: algunas intervenciones del lado de la demanda son necesarias por su efecto inmediato en reducir la vulnerabilidad de las familias. Sin embargo, por necesidad, requieren complementarse con servicios de calidad. El efecto de corto plazo de las intervenciones del lado de la demanda no puede dominar el efecto de mediano y largo plazos de asegurar una provisión de calidad en los servicios públicos.

El reto de disminuir la desigualdad, entonces, abre nuevos frentes que debemos contestar como sociedad. ¿Por dónde empezar para resolverlo? ¿Son suficientes los recursos que se dedican a educación? Si se necesitan más, ¿cómo van a financiarse? ¿Quién tomará la decisión de qué escuelas se mejorarán o construirán? ¿Qué otras inversiones públicas en transportación y seguridad se requieren para maximizar la inversión en educación? ¿Qué transferencias monetarias sí deben mantenerse? Son muchos los cuestionamientos válidos. Estas preguntas, no obstante, no pueden responderse si no se pone como eje central de política pública la eliminación de las desigualdades existentes en el sistema educativo.

Ahora que recuerdo mi niñez y adolescencia, me gustaría que las campañas políticas de hoy discutieran más esas preguntas fundamentales sobre nuestro país. Al mismo tiempo, me gustaría que como sociedad exigiéramos a nuestros gobernantes, de cualquier partido, que todas nuestras escuelas tuvieran la infraestructura adecuada y que los procesos de enseñanza y aprendizaje fueran los apropiados. Un país en el que el origen social no determine el destino socioeconómico requiere, como mínimo, que las oportunidades y posibilidades de logro educativo estén igualmente distribuidas. Estos “otros diálogos” son más que relevantes hoy para encontrar un punto común desde donde lograr ese ideal.◊

 


* Es doctor en Economía por la Universidad de California, Berkeley, y se desempeña como profesor-investigador en el Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México. Sus áreas de especialización son la economía laboral, la economía del sector público y la economía del desarrollo. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. El autor agradece la asistencia de investigación de Yunoen Badillo y Carolina Rivas.