Para ser congruentes con la importancia de la educación en México, su reforma y sus leyes no deben ser, por principio, un impedimento para su desarrollo. En este contexto, Manuel Gil Antón teje las desavenencias de haber elegido el criterio de evaluación de los profesores —como centro de la política de este gobierno— en los ajustes de esa materia.

– MANUEL GIL ANTÓN*–

I

Con frecuencia hay que volver a los clásicos. Vivimos tiempos en los que resulta imprescindible hacerlo. Ir a la parte del librero donde nos aguardan los libros añosos y recordar, por ejemplo, que ejercer la duda como raíz del derecho a disentir y criticar lo que se considera evidente, siempre necesaria, ahora es urgente.

Como parte del diseño y puesta en marcha de la Reforma Educativa (re) en la administración del presidente Peña Nieto, la evaluación de los profesores y las maestras es central. No es exagerado decir que la evaluación es la piedra angular en que descansa el proceso que, desde 2012, se ostenta como el que establecerá las bases de la educación en México durante el siglo xxi.

Desmesura aparte, el diagnóstico realizado por el gobierno, en torno a los pésimos resultados de los alumnos mexicanos en todas las pruebas habidas y por haber, fue nítido: la causa de este problema reside en el magisterio. El profesorado —por incapaz, ignorante, improvisado, rijoso o indolente— genera pésimos niveles de aprendizaje. En consecuencia, es menester evaluar a todos para distinguir a los que deben permanecer en el servicio de los que tienen que ser re-formados o, si no tienen remedio, separados del cargo.

Si en un Estado de derecho la máxima es que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, en el “Estado de derecho educativo” que impuso la re se invirtió el principio: todos son culpables —no idóneos o insatisfactorios— hasta que demuestren lo contrario.

La más elemental consideración sobre el complejo haz de relaciones que se entrelazan en el proceso del aprendizaje encontraría esta simplificación inaceptable. Sin embargo, por todos los medios, y con todos los medios, las autoridades educativas divulgaron e hicieron “evidente” que así eran las cosas, de tal manera que la solución al malestar educativo era una: evaluar. Y cuanto antes, a cuantos más y pronto, mejor. La opinión pública, la publicada y el sobrevalorado sentido común asumieron como evidente lo propuesto. Y a evaluar se ha dicho.

La crítica más honda que puede hacerse a un proceso de política pública es ponerlo en cuestión en sus propios términos, esto es, suponiendo, sin conceder, que llevan razón en su diagnóstico y propuestas. Si en realidad todo, o lo más relevante, del problema de la educación en el país deviene de la acción de los docentes, y examinarlos al por mayor permitirá discernir a los buenos de los malos, cuestionar la confiabilidad y validez de la evaluación pone en jaque la idoneidad de la reforma en su conjunto. Por eso, recordar a Descartes y la importancia de la duda en el esfuerzo por dar base sólida al conocimiento humano es, hoy, imprescindible.

II 

Para valorar los saberes y destrezas con las que cuenta cada integrante del magisterio y poner en juego el desempeño de su trabajo, las autoridades, con el visto bueno de los especialistas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (inee), han generado una serie de instrumentos que, se supone, permiten apreciar la calidad en el ejercicio de sus labores. A tal punto se confía en este mecanismo que otorgan, a quien lo sustenta, un certificado de la escala: insatisfactorio, satisfactorio, bueno o destacado. Las consecuencias de la ubicación en estas categorías no son menores, pues van desde el riesgo de perder el empleo, en el nivel inferior, hasta recibir un sobresueldo considerable si se consigue la calificación mayor. No es trivial, en absoluto, otro impacto: los grupos de profesores en cada plantel se van estratificando y, por ende, no sólo está en juego el trabajo o ingresos adicionales, sino el prestigio de cada docente ante sus colegas, los padres de familia y la estima propia.

Esta evaluación, como se ha realizado hasta hoy, consiste en un examen de conocimientos mediante una prueba estandarizada; colocar, a su vez, en una plataforma electrónica, evidencias de su trabajo y desarrollar, en la sede en que previamente realizaron las decisiones de opción múltiple, una planeación pedagógica argumentada, es decir, se les pide redactar, y explicar las razones en que se basan, todos los elementos y pasos necesarios (desde objetivos, aprendizaje esperado, estrategias para el desarrollo del tema y formas de valorar los resultados) de una hipotética sesión de clase.

A petición del propio inee, un grupo de investigadores del Departamento de Investigaciones Educativas (die) del Cinvestav,¹ reconocidos por la calidad de su trabajo a lo largo de muchos años, diseñaron y llevaron a cabo una indagación muy importante. Conformaron una muestra intencional, que incluyó profesores de escuelas urbanas y rurales ubicadas en diferentes contextos socioeconómicos y culturales, para contrastar el resultado de la valoración de su desempeño obtenido en la prueba oficial con un sistema de observación en el aula durante varios días, al que se añadió —para contar con más información— una serie de entrevistas no sólo a ellos, sino a directivos, padres de familia y alumnos.

Tres dimensiones formaron parte del análisis: el ejercicio de la actividad en el aula, la aproximación a las prácticas de la enseñanza del español y de las matemáticas. De esta manera, con base en la revisión colegiada por parte del equipo de investigadores de los tres aspectos, ubicaron a cada docente en categorías semejantes a las del proceso de la sep. La idea central consistió en contrastar si, en efecto, aquéllos denominados insatisfactorios, o cualquier otra clasificación planteada por las instancias oficiales, lo eran si se llevaba a cabo un sistema de valoración de sus capacidades y destrezas en el desempeño real de su trabajo.

La discrepancia de la comparación no fue ocasional, sino tendencia a ser constante: un buen número de los acusados de insatisfactorios, al ser valorados de manera cualitativa y en su ámbito de trabajo específico, no lo son. Por otro lado, tampoco son perfectos: la observación de los investigadores encontró, por ejemplo, muy buenas prácticas en la relación con los alumnos y sus diferentes ritmos de aprendizaje, aunque posibilidades de mejoría en cuanto a modalidades de enseñanza. De manera contraria, algunos clasificados como destacados lo fueron quizá en el examen, pero no en el proceder observado, sin que, tampoco, fueran deficientes sus actividades en todas las dimensiones.

En las memorias del XIV Congreso de Investigación Educativa organizado por el comie (Consejo Mexicano de Investigación Educativa) (véase la nota 2), el lector podrá adentrarse en la riqueza del trabajo,² a partir del cual puede señalarse, atento a la exposición, que la falta de concordancia conduce a Descartes: el filósofo señaló que, si en una ocasión, tan sólo en una, “los sentidos nos engañan”, ¿qué confianza puede tenerse en el conocimiento que aportan? Desde ahí, con base en esa duda, se afana por encontrar un camino para conseguir ideas claras y distintas e, incluso, afianzar un sitio desde el cual afirmar la existencia: “pienso, luego existo”.

De manera análoga, si, no sólo en uno, sino en varios casos, la valoración de las instancias oficiales a través de instrumentos que revisó y aprobó en su momento el inee no confluye con una forma más adecuada de mirar el desempeño de uno de los oficios humanos más complejos y difíciles, pues lleva consigo la generación de ambientes para el aprendizaje, ha lugar a la duda, al cuestionamiento y a la crítica.

No es válido descartar los resultados porque “la muestra no fue aleatoria ni representativa”. Ésta es una forma, grosera e ignorante, de descalificar el estudio que procede de la creencia en un solo modo de hacer las cosas de manera rigurosa. La calidad y coherencia lógica del proceder de nuestros colegas del die proporciona evidencia empírica suficiente para sostener, como conjetura con asidero firme, que la forma de evaluar el desempeño por parte de la sep es inadecuada.

Se afirma que, en efecto, hay problemas y defectos, pero que es necesario hacer una evaluación, aunque sea mala, tanto porque así lo dice la ley, como porque “lo que no se evalúa no se puede mejorar”. Falso: a la mala ley hay que cambiarla, y, siguiendo su cantar: “lo que se evalúa mal, seguramente va a empeorar”.

A diferencia de Descartes, y solicitando su aquiescencia generosa, podemos decir: pienso, luego insisto. La evaluación del desempeño que se realiza, como expresaron los investigadores en San Luis Potosí, no es confiable ni válida. Sin embargo, está causando graves daños al proceso educativo al acusar, acosar y dividir a quienes serían unos de los sujetos más importantes en el proceso de reforma: las maestras y profesores de la educación básica, esos colegas de todos que son, sin duda, los que realizan el trabajo intelectual más trascendental en el desarrollo del talento en el país, pues contribuyen, de manera crucial, a la construcción de las estructuras cognitivas sobre las cuales los académicos de otros niveles nos apoyamos para trabajar. Ellos, a los que la re consideró objetos por transformar, y no sujetos con los cuales impulsar un cambio en los ambientes para el aprendizaje en nuestra tierra.

Lo dicho: incluso si se concede que tiene razón la re en su planteamiento, los errores en la evaluación la desacreditan. En sus propios términos, son evidentes las fallas estructurales que provocan su colapso en tanto proyecto de transformación educativa, aunque al someter al magisterio a pruebas no idóneas, dañan no sólo los procesos educativos actuales, sino merman, además, las energías sociales para una necesaria —sin duda— mejora en los sistemas de aprendizaje en el país.

III

Faltan semanas —pocos meses— para las elecciones. El tema de la re será recurrente en las campañas. El oficialismo exclama que tocar un ápice de lo que han hecho (la reforma estructural más importante) es traicionar a la patria y a los niños. Que, como en este caso, criticar lo sucedido es estar a favor del retorno “de la venta y herencia de plazas” y otros vicios.

No es verdad: la venta y herencia de plazas, cuando ocurrió, siempre fue coordinada por el gobierno federal y los estatales en complicidad con las dirigencias sindicales. De ello no se hacen cargo. Y las prestaciones indebidas fueron pactadas a favor de la conveniencia política de los dos partícipes del acuerdo: cómplices.

En el otro extremo, no faltará quien diga que en la educación no hay ningún problema y que hay que volver al pasado sin más y asunto arreglado. No: es preciso emprender un conjunto de acciones, bien pensadas y en los tiempos y con ritmos adecuados, para ampliar las posibilidades de acceso al saber de todos los mexicanos. Es inexcusable.

Cuestionar la idoneidad de la actual re no se reduce, ni orienta necesariamente, al retorno de los privilegios de unos cuantos, sino —aunque parezca paradójico— a la imperiosa necesidad de darle nuevas formas (reformar) a la oportunidad de aprender en nuestro sistema educativo con equidad.

Sin desmitificar la re actual, que no merece ese apellido por la incoherencia de sus fundamentos, no hay condiciones de posibilidad del cambio que requerimos en esa zona de la vida social. Para que el cambio en los procesos educativos ocurra en las aulas, y no sólo en la penosa y carísima propaganda que pagó con dinero público un gobierno impresentable, es ineludible revisar muy a fondo los cambios constitucionales y las leyes que de ellos derivaron, y actuar en consecuencia. Hasta donde sea preciso.

En síntesis: la reforma es necesaria, sí, pero no así. La evaluación tiene mucha importancia, pero no como mecanismo laboral sino como medio para hacer mejor las cosas. Además, no puede sostenerse en su proceder actual, plagado de inconsistencias y premuras. La transformación educativa es urgente, pero no avanzará sin la participación del magisterio, al que se le ha negado la voz en estos años. Hace falta el hombro y la energía de ese grupo mayoritario de profesores que, como todos nosotros, ha de mejorar su quehacer con base en su experiencia, el análisis de sus errores y los aciertos, que no son ni pocos ni menores.

La continuidad arrogante no tiene sentido. Negar la problemática precedente es absurdo. Pensar con hondura la complejidad del tema y actuar con responsabilidad política no es frecuente. Es indispensable, nada más.◊

1 Los responsables de la investigación fueron Eduardo Weiss, Dolores Amira Dávalos, Alicia Civera y David Block, y presentaron los resultados en el XIV Congreso de Investigación Educativa, en San Luis Potosí, el 22 de noviembre de 2017. El título de su ponencia fue: “La evaluación del desempeño docente desde la perspectiva de la práctica”.

2 Las versiones preliminares de la ponencia general y de dos de las específicas pueden consultarse en:

Eduardo Weiss: http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/0626.pdf

Alicia Civera: http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/2350.pdf

Amira Dávalos: http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/1174.pdf