Derechos lingüísticos parciales vs. violencias: “el efecto bola de nieve”

Como una bola de nieve que se despeña, crece y arrasa todo a su paso, así han funcionado las políticas del Estado mexicano con la vida de los pueblos y de las comunidades hablantes de las lenguas originarias de México, echando mano de un catálogo completo de violencias y la consecuente violación de sus derechos individuales y colectivos.

 

MARIBEL ALVARADO GARCÍA*

 


 

Marta, una mujer bilingüe de la región de la Cañada, Oaxaca, tiene 30 años, terminó la secundaria y es madre de 3 niños. Una mañana del 2015, se presentó de emergencia en la clínica del pueblo porque tenía fiebre, cólicos y sangrado. Una vez que la enfermera la revisó, le dijo que había tenido un aborto; hasta entonces, ella no sabía que estaba embarazada. Para que recibiera la atención adecuada, la enfermera la mandó al hospital más cercano, que está a una hora y media de su comunidad. Ya ahí, el médico le confirmó que había tenido un aborto y le comunicó que tenían que hacerle una cirugía. En el área de urgencias le dieron unos documentos que tenía que firmar antes de la cirugía. Se trataba de una autorización para que le hicieran una salpingoclasia (ligadura de trompas de Falopio). Marta le dijo a la enfermera que no iba a firmarlos, que ella iba por lo del aborto. La enfermera llamó al médico, quien argumentó: “Es lo más conveniente; ya tienes tres hijos. Para evitar este tipo de problemas [el aborto], es mejor que te ligues. Así hacemos dos cirugías en una”. Ella respondió: “Aún no sé si quiero tener más hijos. No estoy aquí por eso; no lo he platicado con mi marido”. Entonces, el médico mandó traer al marido y trató de convencerlo, pero el marido contestó: “Si mi esposa ya dijo que no, entonces es no”. Ya enojado, el médico le pidió a la enfermera que solicitara un traductor porque seguro no estaban entendiendo, pues no hablaban bien español. Ya desesperada, Marta le respondió que claro que entendía lo que había leído y lo que le estaba explicando, que simplemente no quería ligarse, que lo más seguro es que quisiera más hijos. Insistió en que estaba ahí sólo por lo del aborto. Ante la determinación de Marta, el médico le condicionó la atención si no firmaba. Marta y su esposo decidieron dejar el hospital público y buscar atención privada. Tiempo después, recibió una asesoría que le sugirió denunciar, pero no quiso, pues esto significaba que sus hijos ya no fueran atendidos en la clínica y en el hospital.1

La historia de Marta pone de manifiesto que la violación de sus derechos se presenta como un manojo de violencias simultáneas, en este caso, sobre la autonomía reproductiva: la violencia obstétrica, la negación del bilingüismo, la descalificación de conocimientos por el uso de un español particular que no se ajustó a lo que el médico consideraba “hablar bien” y, por si fuera poco, la simulación del ejercicio de derechos lingüísticos a través de la solicitud de un intérprete. Es tal la gravedad de la esterilización forzada que, para las Organización de las Naciones Unidas, puede considerarse como un tipo de tortura y como un crimen de lesa humanidad.

Esta historia revela cómo en las instituciones públicas la violación de derechos se da en situaciones ya de enorme vulnerabilidad, en este caso, un aborto involuntario, en el cual, además, se ignoró, en palabras de Marta, que “de pronto estaba de duelo por la pérdida. ¿Por qué iba a querer ligarme en ese momento?”. Pero, además, mencionó algo que creo que debe resonar: “Nos dijeron que aprendiéramos español para defendernos. ¿No es suficiente lo que sé de español? El doctor no me escuchaba”.

Aunque suene repetitivo, no podemos dejar de reconocer y de recalcar que durante el siglo xx y lo que va del xxi la intervención del Estado mexicano se ha dado en todos, absolutamente todos, los aspectos de la vida de los pueblos y de las comunidades hablantes de las lenguas que integran la diversidad lingüística en México. Ha sido una intervención permanente sobre las autonomías de heterogéneas comunidades, en las que se han trastocado las estructuras sociales, alimentarias, ambientales, jurídicas, psicológicas, reproductivas, condiciones que hasta antes del siglo xx habían soportado el embate del periodo colonial y las primeras décadas del México independiente. Pese a este periodo, tales autonomías persistieron y permitieron que gran parte de la diversidad lingüística se mantuviera en pie. No sólo se determinó bajo coerción qué lenguas hablar, también en qué territorios vivir, cuántos hijos tener, qué y cómo comer, qué y cómo sembrar, etcétera. El curso de la vida colectiva de un sinfín de pueblos cambió y ha ido cambiando abrupta y violentamente.

En su conjunto, estas políticas de Estado son una bola de nieve que se echó a andar de manera deliberada para la construcción del Estado mexicano, una construcción permanente que no es asunto acabado ni homogéneo. Esta bola de nieve sigue descendiendo y aumentando su tamaño, arrasando con la diversidad cultural y lingüística a su paso.

A la par de estas políticas y bajo una constante tensión en lo que va del presente siglo, se ha ido desarrollado un conjunto de legislaciones internacionales, nacionales, regionales y locales en materia de derechos humanos. Dentro de todos los cambios jurídicos y constitucionales, particular relevancia tienen aquéllos referentes a los derechos de los pueblos indígenas, sujetos de derecho cuyo papel es central en la existencia y la continuidad de la diversidad en general. En este escenario, a casi 20 años de la declaración de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en México (2003), cabe preguntarse si esta ley cubre la realidad lingüística de México y si da sustento a las políticas lingüísticas de esa realidad. La respuesta es no.

Como en repetidas ocasiones señaló Leopoldo Valiñas, una persona en México tiene derechos como hablante de alguna de las lenguas indígenas, pero no como persona bilingüe o como monolingüe de español, de un español en particular. Se trata de una ley parcial y fragmentaria, tan general y con interpretaciones sobre todo esencialistas que dan pie a seguir perpetuando prejuicios y estereotipos, con vacíos y ambigüedades en materia de derechos, lo cual puede advertirse, como lo señala el mismo Valiñas, en el mapa de la diversidad lingüística del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali), que representa las poblaciones como si fueran sólo monolingües en lenguas indígenas. No es mi intención restarle trascendencia a la declaración de esta ley en 2003, mucho menos demeritar los titánicos esfuerzos para construirla y los esfuerzos reales para hacerlos cumplir. Más bien se trata de poner los reflectores en que las características de esta ley no son un asunto fortuito, pues ésta se inserta en un panorama más amplio. Es necesario ponerla en la misma mesa de discusión que las políticas lingüísticas posteriores a su declaración y junto a las políticas lingüísticas del español (porque desde luego que las hay), así como con las políticas lingüísticas que de facto determinan las fuerzas económicas locales, regionales, nacionales y globales que hoy en día regulan el mercado, la oferta laboral y educativa, y el mundo digital.

Uno de los pocos señalamientos sobre las políticas lingüísticas actuales del español lo hizo en 2019 la escritora María Teresa Andruetto en el cierre de la octava edición del Congreso de la Lengua Española en Córdoba, Argentina. Ella afirmó que el idioma español es “una y muchas lenguas” y que éstas se enfrentan a la persistente búsqueda de un castellano a la española o un latinoamericano neutro que permita circular, por dar unos ejemplos, diversos productos audiovisuales y literarios, penetrando de manera más rápida, a costa de las singularidades. De tal manera, las multinacionales promueven la ampliación del mercado del castellano en su modalidad española, o en lo que llaman “americano neutro”, como un monopolio de la lengua, como negocio. Buscan un idioma de modalidad única, artificial, para hablantes de culturas muy distintas.

A lo ya dicho por Andruetto hay que añadir que tales políticas lingüísticas del español estándar intentan, de manera deliberada, dejar en la ambigüedad la diferencia radical entre la lengua escrita y las lenguas orales, pero, sobre todo, omiten reflexionar sobre la posibilidad que tiene cualquier persona de aprender cuantos registros del español sean necesarios, tanto orales como escritos. Esto último ha sido, sobre todo, responsabilidad de los sistemas educativos de los países donde se ha usado el español como la lengua de instrucción. Así que urge poner los ojos sobre cuáles han sido las políticas reales del español en México a partir de 2003, y advertir si, como se espera, el conocimiento lingüístico del español se refleja en las políticas educativas.

Me anticipo: ni el escenario de las políticas lingüísticas del español ni la ley de derechos lingüísticos o las políticas lingüísticas que esta ley desencadenó contemplan los derechos de personas bilingües o de personas con distintos tipos de bilingüismos. Es en este escenario en el que el médico descalificó el español de Marta, pero no sólo el de ella, sino el de toda su comunidad, que al día de hoy es mayoritariamente bilingüe. No es posible seguir evadiendo la discusión pública de cómo aprendemos español (oral y escrito), ya sea como primera o segunda lengua. Sobre todo, se requiere discutir qué políticas lingüísticas del español(es) se necesitan ante la pérdida de la diversidad lingüística.

¿Por qué es tan difícil reconocer la naturalidad de distintos bilingüismos en escenarios de diversidad lingüística, así como las múltiples necesidades de políticas lingüísticas que tienen las comunidades bilingües o monolingües? Las ideas sobre el español que aprendemos en México determinan cómo vemos y vivimos la diversidad en general. Tal es la situación que alguien que sin duda es bilingüe de una variante del tseltal y de una variante del español decide no tomar un trabajo porque le dijeron que no habla bien español, en contraste con una persona monolingüe en español que considera que es posible someterse a una evaluación para acceder a un trabajo bilingüe español-tarahumara porque es posible simular que se es bilingüe. Es tal la falta de políticas multilingües que incluyan al español que una persona que no ha podido tener acceso al aprendizaje del español puede creer que es posible que haya un medicamento para aprender español ante la oferta miserable de alguien que ve la oportunidad de estafar porque ser bilingüe español-tseltal es una necesidad. Cabe dejar en claro que no hay que confundir la necesidad de aprender español como segunda lengua con el proyecto nacional de castellanización. La enseñanza del español como segunda lengua existe, pero no ha sido una oferta educativa para las personas que tienen una lengua indígena como primera lengua, sino para cierta parte de la población extranjera.

El caso de Marta no es excepcional; se repite en muchos lugares, y no sólo en México, sino en muchos otros países. Es urgente realizar una discusión pública y poner los reflectores sobre las políticas lingüísticas de las que no se habla, de las que no hay documentos públicos oficiales que estén a debate. Insisto, hay que empezar a preguntarnos al respecto. ¿Cuáles son las políticas lingüísticas del Estado mexicano, considerando la coexistencia de la enorme diversidad lingüística de las llamadas lenguas indígenas, del español, del inglés y de las lenguas que siguen llegando a este territorio? ¿Cuáles son las políticas lingüísticas del español hoy en día? ¿Cuáles las políticas lingüísticas para aprender una segunda lengua en México? ¿Cuáles son las políticas lingüísticas para pueblos mixtecos o zapotecos hispanohablantes monolingües? ¿Tienen derechos lingüísticos individuales y colectivos? ¿Por qué para estas comunidades no se contemplan escuelas bilingües? ¿El Estado mexicano va a hacerse responsable del monolingüismo en español al que orilló a un sinnúmero de pueblos indígenas? ¿Por qué se acota a ciertos lugares la existencia de escuelas y maestros bilingües? ¿Es posible pensar los derechos lingüísticos como derechos multilingües? Preguntas para dar pie a esta discusión.

Se necesitan con urgencia investigaciones sobre cómo se ha ido aprendiendo español como segunda o primera lengua en la población bilingüe en español y en alguna de las lenguas indígenas de México, en contraste con cómo sucede con la población que tiene como primera lengua el inglés, el francés, el alemán u otra. Como sabemos, nadie que hable algunas de estas últimas lenguas y que aprenda español como segunda lengua considera en lo más mínimo dejar de hablar su primera lengua, ni tampoco sufre de la descalificación de sus competencias lingüísticas como aprendiz de español, además de que no se le exigen competencias lingüísticas para acceder al campo laboral como si ésta fuera su primera lengua.

Hasta ahora no existe un programa de aprendizaje del español como segunda lengua para la población hablante de las llamadas lenguas indígenas. Ha habido propuestas, pero no como una política lingüística del alcance que ha tenido la castellanización, como sí lo hay para la población extranjera, que es, incluso, un negocio pujante. Cabe resaltar la demanda que tienen las escuelas de idiomas para extranjeros, muchas en ciudades y estados donde hay un mayor número de población hablante de lenguas indígenas (por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca, en San Cristóbal de las Casas y en Taxco, entre otras). Se trata de ofertas educativas de universidades públicas y privadas, fenómeno que se da tanto en México como en otros países. Cuántos recursos se han invertido en crear no sólo programas de español como segunda lengua, sino también para investigar sobre el tema y crear infraestructura tanto en México como en otras partes el mundo. Basta mencionar el Centro de Enseñanza para Extranjeros (cepe) de la unam y sus extensiones tan sólo en Estados Unidos. Sin duda, esto tiene que ver con un asunto de mercado, como lo describe Andruetto.

Podríamos decir que hay políticas lingüísticas explícitas, pero las que están implícitas en las políticas socioeconómicas no favorecen la continuidad de las lenguas indígenas en México y han fortalecido el español en tanto lengua que rige la operación del Estado y la economía nacional. Por ejemplo, todo el andamiaje institucional del Estado mexicano funciona sólo en español. Tanto así, que todo programa o proyecto institucional para las lenguas indígenas se opera a través de personas bilingües. Esta situación hace urgente evaluar de manera seria las políticas lingüísticas desarrolladas de 2003 a la fecha, teniendo en claro que toda política pública en México ha estado sujeta por mucho a la politización del sector público y a los cambios de cada gobierno por encima de los conocimientos que pueden contribuir a la toma de decisiones y a la participación real de los sujetos de derecho.

Tan no es de interés del gobierno pensarse como una nación con diversas comunidades bilingües que en el contexto de la educación básica las instituciones educativas no han garantizado que los maestros sean bilingües. Los maestros son una población heterogénea en muchos sentidos, pero, sobre todo, respecto a sus competencias lingüísticas. Por poner un ejemplo, los hay desde los que son casi monolingües en alguna lengua indígena hasta quienes son monolingües en español. Los maestros que son monolingües en español lo son desde su ingreso hasta su jubilación. La gravedad no es que ingresen monolingües en español, sino que se mantengan así a lo largo de su trayectoria laboral en el subsistema de educación indígena y que la sep no haga nada al respecto. Quienes sí son bilingües simétricos y con competencias en la lengua escrita en dos lenguas suelen dejar el sistema de educación indígena bilingüe para pasar al sistema de educación formal porque aspiran a mejores sueldos y a movilidad tanto laboral como geográfica, por ejemplo, a salir de zonas de riesgo por el narcotráfico. Los hay también bilingües, pero no son visibles porque no están en el subsistema de educación indígena.

Para que haya continuidad en el uso y en la transmisión de la diversidad lingüística en México se requieren políticas públicas que creen condiciones en las que la población tenga la libertad y la posibilidad de decidir de manera libre e informada cómo formar parte de una comunidad y de un estado multilingüe sin renunciar a su identidad, condiciones en las que el multilingüismo sea un derecho tanto individual como colectivo, aunque es urgente, sobre todo, que sea colectivo.

Las comunidades multilingües han sido y son posibles. Por mencionar un caso, en una comunidad mixteca hay familias que usan tanto el mixteco de la comunidad como una variante del español y una variante del inglés de Estados Unidos. El escenario es el ideal, aunque el costo social para que sucediera ha sido altísimo para las comunidades, pues entraña un tipo de migración que atenta contra la existencia de la comunidad misma. Sin embargo, estos ejemplos nos muestran que es posible imaginar bilingüismos más igualitarios, no perfectos, pero sí en los que puede coexistir más de una lengua. Sobran ejemplos de situaciones multilingües, pero queremos que sean la regla y no casos excepcionales.

Investigaciones prehistóricas e históricas sobre las lenguas han identificado que el multilingüismo, la migración y la movilidad fueron factores para que exista tal diversidad de lenguas en el mundo. Pero no es cualquier multilingüismo: se habla de un multilingüismo igualitario, es decir, de contextos en los que pueden usarse y transmitirse cada una de las lenguas coexistentes. Con la formación de los estados, tales condiciones se perdieron, razón suficiente para que cada uno se haga responsable, creando de manera deliberada y de forma explícita condiciones para equilibrar las desigualdades. Entonces, no puede haber derechos, y tampoco políticas lingüísticas, que no sean multilingües en las que el español(es), oral y escrito, no esté presente, si el propósito principal es que todas las lenguas indígenas se usen y se transmitan.

Habría tantas respuestas como ojos críticos y perspectivas para mirar la situación de la diversidad lingüística en México, pues las políticas públicas se implementan de forma correlacionada y, al paso del tiempo, actúan de forma simultánea. El caso de Marta puede verse desde otra mirada, desde las políticas de control de la fecundidad a través de diversos mecanismos de coerción o de la esterilización forzada, lo cual significa la reducción o la eliminación a largo plazo de las estructuras sociales. La disminución de la población es, en sí misma, una de las más graves y violentas maneras de atentar contra la vitalidad de las comunidades y, por lo tanto, para la transmisión y la existencia de las lenguas. Dejo abierta esta puerta para continuar hurgando en este tipo de políticas que de muchas maneras arremeten como bola de nieve contra la diversidad en general.◊

 

Referencias

 

Andruetto, María Teresa, “Discurso completo de Maria Teresa Andruetto en el Congreso de la Lengua Española en Córdoba”, YouTube, 1 de abril de 2019. Consultado el 25 de noviembre de 2022.

Valiñas, Leopoldo, “La lengua materna”, YouTube, 7 de junio de 2018. Consultado el 25 de noviembre de 2022.

Valiñas, Leopoldo, “Las lenguas indígenas frente al español”, YouTube, 4 de agosto 2017. Consultado el 25 de noviembre de 2022.

 


 

1 Por el derecho a la privacidad, esta relación no hace referencia a datos del caso real, pero no es necesario: esta situación se replica en muchos lugares, no sólo de México y no sólo para mujeres.

 


 

* Es lingüista, investigadora independiente y asesora de proyectos lingüísticos y culturales para comunidades mixtecas, nahuas y tarahumaras; tiene experiencia en el servicio público y en instituciones privadas. Entre 2020 y 2021 fue subdirectora de Lenguas de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del gobierno de la Ciudad de México.