01 Abr Cuando la opinión pública se enfrenta a la clase política
Uno de los problemas que lacera el periodismo en nuestros tiempos es la manera acomodaticia en que se amenaza la libertad de expresión. Como un estudio de caso, Sergio Aguayo relata en este breve testimonio los pormenores de un enfrentamiento legal derivado de un ejercicio de su derecho a la opinión.
SERGIO AGUAYO*
Para Eugenia, Cristina y Andrés.
Gracias por acompañarme.
En 1971 ingresé como estudiante a El Colegio de México y en 1977 fui aceptado como profesor-investigador. Desde entonces, el tema al que le he dedicado más tiempo y energía ha sido el de los resortes de la violencia política y criminal, la responsabilidad del Estado y los mecanismos de defensa utilizados por la sociedad para enfrentar las agresiones de esa fracción del Estado aliada con los criminales.
En 2013 le propuse al entonces presidente del Colmex, Javier Garciadiego, crear un Seminario sobre Violencia y Paz, que sigue vigente a la fecha. En marzo de 2016, El Colegio firmó un convenio con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (ceav) para estudiar las masacres cometidas por los Zetas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y en Allende, Coahuila, en 2011. Gracias a este innovador acuerdo, el Seminario tendría acceso a expedientes de dependencias oficiales tanto de Coahuila como de la Federación.
Sostengo —como hipótesis de trabajo— que fue por este convenio que Humberto Moreira me demandó y exigió 10 millones de pesos de compensación por los daños a su honor causados por una de las columnas que publico semanalmente en el diario Reforma. (Tengo 50 años presentando mis opiniones en medios de comunicación, una actividad que disfruto y que me ha traído tanto satisfacciones como problemas).
Mi litigio con Moreira inició a partir de la columna que publiqué el 20 de enero de 2016. Pese a haber sido gobernador de Coahuila y presidente del pri, así como de gozar del afecto del presidente Enrique Peña Nieto, cinco días antes la Policía Nacional de España lo había detenido. Por medio de una fuente cercana a la justicia española, obtuve el documento de la Audiencia Nacional donde se establecía que a Moreira se le acusaba por “su participación en los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho”. Con base en ese y otros documentos aseguré en mi escrito: “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”. Fueron estas 39 palabras las que utilizó para exigirme, por la vía judicial, 10 millones de pesos.
Recibí en julio la notificación formal, con la cual empezó un litigio jurídico complejo debido a la confluencia de cuestiones, como el derecho a la libertad de expresión, al honor y a la información.
Desde un primer momento partí del supuesto de que se trataba de una demanda mediante la cual Moreira buscaba intimidarme o distraerme de una investigación académica que podía sacar a la luz su posible complicidad con los Zetas, el cártel que se apoderó de buena parte de Coahuila cuando él fue gobernador.
Sostengo esa hipótesis porque pasaron seis meses entre la publicación de la columna y la notificación de la demanda, así como por lo endeble de sus acusaciones. Por mi parte no hubo dolo: en el texto demostraba que contaba con información documental para sustentar lo afirmado.
Decidí seguir adelante con la investigación sobre Coahuila y separarla lo más posible del litigio. Sin embargo, eran inevitables las interacciones: un ejemplo de ello es que quien entregó los expedientes judiciales al Seminario de El Colegio de México sobre Coahuila fue el gobernador Rubén Moreira, hermano de Humberto.
La justicia mexicana
Litigar en México es una experiencia que consume tiempo, energía y recursos: el laberinto judicial mexicano es costoso, lento e impredecible, profundamente impredecible. En los casi cinco años desde que inició el asunto, mis abogados han presentado aproximadamente 300 recursos, promociones y amparos ante jueces capitalinos y federales. Sintetizo lo vivido diferenciando entre los dos ámbitos.
Pese a que la izquierda empezó a gobernar la Ciudad de México en 1997, el Poder Judicial es esquizofrénico; no hay coherencia entre los jueces. Algunos son parciales; otros, profesionales. Los primeros nueve meses del litigio fueron un infierno por la arbitrariedad del juez de primera instancia que atendía todas las peticiones hechas por los abogados del profesor Moreira, algunas descabelladas. Cambiaron al juez después de que protesté públicamente, presenté una queja formal y asistí a tres “audiencias de oídas” con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (según una tradición no escrita, los juzgadores tienen la obligación de escuchar la argumentación oral de las partes).
El asunto pasó al juez Francisco Castillo, un hombre de expresión hermética, pero escrupuloso en el estudio de los argumentos, de las audiencias y del testimonio de las partes. Cumplí con disciplina y buen ánimo las exigencias de un sistema burocratizado: peritajes psicológicos de 20 horas de duración, audiencias de seis horas, certificación notarial de docenas de pruebas. El juez Castillo falló a mi favor con una sentencia sólida que me hizo pensar que ahí terminaría el asunto.
Me equivoqué. Tal vez porque contaban con un aliado estratégico dentro de la justicia capitalina, los abogados de Moreira apelaron el veredicto y, entonces, el magistrado Francisco Javier Huber Olea y Contró se esmeró en castigarme. Me impuso, por ejemplo, dos fianzas: una por 225 mil pesos que pude recuperar después de un tiempo; y otra por 450 mil pesos, mismos que siguen en un fondo para garantizar el pago de los 10 millones y que efectué para evitar, en enero de 2020, el embargo de mi patrimonio.
El magistrado me juzgó, pese a que desde noviembre de 2017 debió haberse excusado por un conflicto de intereses: ese mes su hermano recibió una notaría del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, hermano de quien me demandaba. El acoso fue tan deliberado que presenté una queja contra ese magistrado ante el Consejo de la Judicatura, quien se declaró competente y en algún momento informará sobre su fallo.
La pesadilla vivida con la justicia capitalina se hizo llevadera porque tenía la esperanza de que algún día mi caso llegara ante la justicia federal, bastante más imparcial y confiable. Cabe señalar que me han dado la razón en todos los recursos interpuestos, y no sólo eso: el ministro de la Suprema Corte Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena me rescató del laberinto judicial de la Ciudad de México anunciando, en enero de 2020, que propondría la atracción de mi caso al máximo tribunal del país. Meses después, la Primera Sala aceptó su moción y, en algún momento de 2021, emitirán su dictamen (mismo que espero que me sea favorable; de lo contrario, llevaré el asunto al ámbito internacional).
Investigar Coahuila
Si el Colmex firmó un convenio con la ceav fue porque existía un compromiso del entonces gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, de entregar los expedientes que, en mi interpretación, llevaron a Humberto Moreira a demandarme.
Era un convenio notable por tratarse de una comisión de la verdad peculiar. En el pasado había recibido filtraciones de documentos oficiales confidenciales; ésta sería la primera ocasión en que los obtendría amparado en un convenio legal firmado entre instituciones públicas. Además de ello, la ceav y la Fundación Ford proporcionaron los recursos para hacer un buen trabajo. Era una oportunidad imposible de rechazar.
Armé un equipo de investigadores experimentado y durante varios meses procesamos miles de folios de expedientes oficiales, llevamos a cabo docenas de entrevistas y recuperamos todo tipo de materiales. El objetivo principal era entender cómo había interactuado en Coahuila el crimen organizado con las instituciones del Estado y la sociedad entre 2009 y 2014. Primero estudiamos la masacre de Allende; luego, la manera en que los Zetas convirtieron la cárcel de Piedras Negras en una fortaleza criminal y, finalmente, el proceso mediante el cual los Zetas fueron descabezados y desmembrados, con lo que se redujeron notablemente los homicidios dolosos y las desapariciones en Coahuila.
El resultado fueron cuatro libros publicados como documentos de trabajo de El Colegio de México, obras que se han distribuido gratuitamente en sus versiones impresas y digitales. Entre los aportes al conocimiento del tema destacan:
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- La lógica de la brutalidad sistémica empleada por los Zetas, uno de los cárteles más violentos en la historia de México.
- Las estrategias seguidas por las instituciones del Estado para desmantelarlos. En esa tarea se reconoció el protagonismo de los gobiernos de Rubén Moreira y Miguel Ángel Riquelme.
- El error frecuente de conceder todo el protagonismo a los criminales y a las fuerzas de seguridad que los combaten. Demostramos la importancia de la participación de la sociedad y de sus organizaciones. Las sacamos del anonimato.
- En el combate al crimen organizado actúan seis grupos sociales: los medios de comunicación independientes, los empresarios, los colectivos de víctimas, los académicos, los organismos de la sociedad civil y los grupos religiosos. Estos mismos grupos aparecen en otros casos de combate exitoso del crimen organizado (Chicago en los años veinte y Sicilia en la década de los noventa, ambos en el siglo pasado).
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La comprensión de Coahuila ha permitido que El Colegio de México se coloque a la vanguardia en la investigación sobre soluciones a la violencia. En el Seminario sobre Violencia y Paz, y en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (sectei), reproduciremos un proyecto en la Ciudad de México. Tenemos claro que para conquistar la paz se necesita entender a fondo la lógica de los criminales.
La solidaridad
Hasta este punto he relatado mi experiencia usando la primera persona del singular cuando lo correcto habría sido el plural. Los cinco años del litigio con Moreira han sido un esfuerzo colectivo que bosquejaré en estas páginas. El balance indica que vamos ganando la batalla legal, mediática y del conocimiento. Esto es gracias a que un gran número de instituciones y personas entendieron que en la demanda en mi contra estaba en juego la libertad de expresión y el derecho a la información. Las anécdotas que relato a continuación ilustran lo que sucede en un proceso de este tipo.
Como ya señalé, poco después de iniciado el litigio, la justicia capitalina me impuso la obligación de depositar una fianza por 225 mil pesos para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no ventilara mis cuentas personales, de ahorro, cheques, tarjetas de crédito y de débito, así como sus saldos de los últimos tres años. Era una violación grave por tratarse de información confidencial sin relación con el presunto daño moral.
Entregué a la afianzadora las escrituras de nuestro departamento en la capital y en octubre de 2016 viajé a los Países Bajos a impartir unas conferencias en la Universidad de Leiden. Estando allá, mi abogado me avisó que no aceptaban la escritura y que el dinero debía depositarse en efectivo; de lo contrario, procederían a embargar. Me vi entonces en la necesidad de solicitar un préstamo por esa cantidad, que devolvería a mi regreso de Europa. En una muestra de gran solidaridad, a las tres horas tenía yo un cheque de caja, que recogió mi abogado Héctor Beristain.
Meses antes, cuando se iniciaba el juicio, Carmen Aristegui me buscó para avisarme que el bufete de los hermanos Beristain, Héctor y Sergio, estaban dispuestos a defenderme sin cobrar. En el incidente de la fianza contado en el párrafo anterior, Héctor tomó el cheque de caja y llegó poco antes de que cerrara la sucursal de Bansefi donde tenía que depositarse. No le querían aceptar el cheque, pero, sabedor de que cualquier falla sería utilizada para golpearme, se rehusó a salir de la sucursal hasta que le admitieran el documento. Estuvo ahí hasta el anochecer.
Cuando un despacho defiende sin cobrar, pide que el cliente asuma los gastos del juicio. Por los usos y costumbres del Poder Judicial mexicano, es muy oneroso llevar un asunto, pues deben notarizarse muchos documentos, y los notarios mexicanos abusan en el cobro. En los cinco años transcurridos he gastado cerca de 500 mil pesos. El costo ha sido llevadero gracias a que docenas de colegas y amigos de México y del extranjero han hecho donativos para ayudarme a sufragar los gastos. Les he ido informando sobre la manera en que se han gastado esos recursos.
También me conmueve el apoyo recibido del gremio periodístico. Sería interminable la relación de todos los medios que han intervenido; entre otros, Grupo Reforma, El Siglo de Torreón y Vanguardia de Saltillo. La cantidad de textos y respaldos es abrumador. Me emocionó, sobre todo, que Humberto Mussachio y Lorenzo Meyer organizaran una manifestación frente a la Suprema Corte y que Denise Dresser se plantara frente al presidente durante una mañanera.
Lo mismo podría decir de diputados de Morena y de otros partidos, de funcionarios federales y capitalinos. ¿Y qué decir de los organismos mexicanos y extranjeros protectores de periodistas y defensores de derechos humanos? Se han pronunciado a mi favor las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reporteros sin Frontera, la Sociedad Interamericana de Prensa, Artículo 19, el Comité para la Protección de Periodistas y Propuesta Cívica, entre muchas otras. Perla Gómez, ex ombudsperson de la Ciudad de México, el senador Germán Martínez y un grupo de organizaciones se han presentado amicus curiae a la Suprema Corte. Y, finalmente, el cariño y la firmeza de mi esposa, hijos, nietos y una cantidad enorme de personas.
Epílogo
En algún momento de 2021 la Suprema Corte emitirá su fallo. Espero que sea favorable, pues coincidirá con el 50º aniversario de mi llegada a la capital a iniciar una licenciatura en El Colegio de México. En ese entonces quería formarme como profesional, pero también ponerme a salvo de la violencia política en Guadalajara. El Colmex me arropó y consintió que investigara temas polémicos, defendiera derechos humanos y opinara en diversos medios.
Algunos de mis colegas se sintieron incómodos por la temática que me interesaba; muchos otros me respaldaron. El enfrentamiento con un político poderoso me demostró la suerte que tengo por haber pasado la mayor parte de mi vida al cobijo de una institución capaz de transformarse y renovarse. Gracias a ello he podido seguir mi vocación, entender los resortes de la violencia y la paz, y enfrentar con relativa tranquilidad un largo litigio.◊
* SERGIO AGUAYO
Es académico y analista. Realizó estudios en Relaciones Internacionales en El Colegio de México y la Universidad Johns Hopkins y es actualmente profesor-investigador en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, donde también coordina el Seminario sobre Violencia y Paz. Es autor de docenas de libros y artículos académicos, entre los que se encuentra Remolino. El México de la sociedad organizada, los poderes fácticos y Enrique Peña Nieto (Ediciones Proceso, 2014).