¡Chile despertó!

El estallido de la revuelta popular en Chile no es fácil de explicar, y sin embargo los chilenos han insistido, desde el momento en que salieron a las calles en octubre pasado, en que el hartazgo es muy evidente. En este texto, Francisco Zapata nos deja entrever las diversas facetas de un problema generalizado y de una situación nacional a todas luces insostenible.

 

FRANCISCO ZAPATA*

 


 

En octubre de 2019 un mismo grito resonó por las calles de Santiago: “No son treinta pesos, son treinta años”. La consigna se refiere a los treinta años de corrupción y de abusos que hasta entonces había permitido un modelo económico diseñado —o tal parece— para fomentar la injusticia. “¡Chile despertó!”, decía una pancarta; “Estamos en guerra”, decía otra. Y quizá el más elocuente de todos los carteles de la manifestación: “Estamos peor, pero estamos mejor, porque estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad”. La toma de conciencia de la desigualdad existente en Chile puede parecer repentina a los ojos del mundo, pero en realidad tiene raíces que se extienden a lo largo de tres décadas de agravios a la población derivados de la institución de políticas neoliberales. Aquí se perfilan, de manera sucinta, algunas de sus causas.

 

Políticas del modelo neoliberal

 

Para enfrentar la crisis de la deuda que se generó en 1982 y abrió la década perdida (1982-1989), Chile adoptó gran parte de las recomendaciones del Consenso de Washington, como la apertura comercial, que permitió la diversificación de las exportaciones (fruta, madera, salmón); la privatización de las empresas de propiedad estatal en la siderurgia, en los puertos, en la electricidad, en los servicios públicos, en las comunicaciones, en el transporte aéreo; y la desregulación laboral, que impulsó la generalización del empleo subcontratado, el cual representa más del 50% del empleo del país.

Además, entre 1979 y 1980 se implementaron cambios institucionales que tuvieron, y tienen al día de hoy, un fuerte impacto sobre la vida de los chilenos. En efecto, se promulgó la Constitución de 1980, el Plan Laboral, el Código Minero, el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (afps), las Instituciones de Salud Previsional (isapres). Se procedió a la municipalización de la educación primaria y secundaria, lo cual generó una diferenciación muy fuerte entre las escuelas situadas en municipios cuya diferenciación por ingresos basados en las contribuciones de bienes raíces (impuestos prediales) resulta en fuertes desniveles en los salarios de los profesores, en la calidad de las escuelas y en las instalaciones.

 

El financiamiento de la educación básica, media y superior

 

Las escuelas primarias “públicas”, así como las que imparten educación media, se financian con aportes de los padres de familia a los dueños de dichas escuelas, los denominados sostenedores, que, además, reciben contribuciones del Estado en función de una matrícula que le proporcionan al Ministerio de Educación. Este procedimiento se ha prestado a abusos derivados de la entrega de listas infladas de manera artificial con la inclusión de niños y niñas que en realidad no asisten a la escuela.

Durante la dictadura militar, y con base en la Ley Orgánica Constitucional de Educación (loce), se generó la posibilidad de crear nuevas universidades por parte del sector privado, que se financian a través de empresas inmobiliarias que rentan los terrenos y las instalaciones a los dueños. Éstos, para cubrir los pagos, cobran cuotas por concepto de colegiatura y escolaridad. Dicho contexto obligó a concebir un sistema de crédito para los jóvenes que desean realizar estudios universitarios.

Fue así como se creó el Crédito con Aval de Estado (cae), a través del cual el gobierno avala los créditos impagos al sistema bancario. Las estadísticas recientes informan que éste ha generado una deuda equivalente a 7,700 millones de dólares por créditos impagos. En efecto, la situación presiona sobre la capacidad de pago, dado que los salarios vigentes no permiten la liquidación de la deuda: existen profesiones remuneradas en las cuales la proporción de los abonos rebasa la mitad de los ingresos de los profesionales graduados de la educación superior.

Este proceso refuerza la lógica del lucro de las empresas que obtienen rentas significativas con las cuotas de los estudiantes. El concepto de lucro ha sido una de las principales demandas de quienes han protestado en fechas recientes.

 

El endeudamiento generalizado de la población

 

La generalización del crédito no bancario (es decir, la emisión de tarjetas para supermercados y tiendas de menudeo) ha fomentado el endeudamiento de las familias que, al tener que abonar pagos para los créditos, tienen un margen muy restringido para gastos que no pueden cubrirse con ese sistema de pago. Estimaciones del Banco Central de Chile indican que más de 70% de la población está endeudado en montos que superan sus ingresos mensuales, lo que intensifica la morosidad y contribuye a generar altos niveles de ansiedad.

Además, los niveles salariales no guardan relación alguna con el pago de muchos servicios, como el transporte público, cuyas tarifas son de mercado (como el precio del boleto de metro, actualmente de 800 pesos chilenos por viaje, equivalentes a USD 1.11). Si bien a la fecha el sueldo mínimo vigente es de 301,000 pesos (USD 420), la mediana de los salarios (es decir, la que recibe el 50% de la población asalariada) es de 400 mil pesos chilenos (USD 559), mientras que el promedio es de 573,964 pesos chilenos (USD 802). Es cierto que los salarios son comparativamente más altos que los de muchos países latinoamericanos; no obstante, hay que señalar que el costo de la vida en Chile es, por mucho, superior al de tales países.

 

La concentración del ingreso y la desigualdad

 

Chile tiene 11 billonarios con patrimonio superior al billón de dólares, cuyo capital representa en conjunto 41.9 billones de dólares. En 2014, según la revista Forbes, la riqueza acumulada por estos individuos representó el 25 % del pib. Además, el 1% más rico detenta el 26.5% de la riqueza del país. Por su parte, el 10% de la población concentra el 66.5%, mientras que el 50% más pobre accede solamente al 2.1% del capital. En 2018, la riqueza chilena siguió creciendo, alcanzando los 500 mil millones de dólares. Esto significa que las fortunas del país crecieron un 3%. Un informe del Boston Consulting Group (bcg) entregó cifras decidoras en cuanto a la distribución de la riqueza en Chile: un 18% de los activos pertenece a individuos con un patrimonio mayor a 100 millones de dólares; 20%, a individuos con entre 1 millón y 100 millones de dólares; 8%, a individuos con entre 250,000 y 1 millón de dólares; y 54%, a individuos con un patrimonio menor a 250,000 dólares. Las cifras parecen insolentes. La Fundación Sol las aterriza: el 50% de los chilenos, es decir, casi 9 millones de personas, reciben menos de 500,000 pesos al mes, versus el 1% de la población, unos 180,000 ciudadanos, que perciben 14.9 millones de pesos mensuales.

Por su parte, el presidente de Chile es dueño de una fortuna de 2.8 billones de dólares, que corresponde al 0.94% del pib. Es uno de los 11 billonarios chilenos, según la revista Forbes 2018, cuyo patrimonio reúne 41.9 billones de dólares. Su fortuna sobresale en términos relativos, dado que es muy superior a la del presidente de Estados Unidos, el magnate Donald Trump, dueño de un patrimonio de 3.1 billones, que representan un 0.02% del pib de su país. El porcentaje de la fortuna del presidente Sebastián Piñera en el pib de Estados Unidos significaría aproximadamente 200 billones, muy superior a los 112 billones de dólares de Jeff Bezos, el principal billonario estadounidense, que es el 0.5 % del pib. El porcentaje del patrimonio de Trump en el pib de Estados Unidos, aplicado al de Chile, lo reduciría a 59.6 millones, menor al que poseen varios empresarios que entraron a la política chilena. Además, recientemente se constató que el presidente Piñera no ha pagado nunca las contribuciones de bienes raíces de propiedades que posee en la zona lacustre del sur de Chile.

 

Los escándalos

 

En años recientes, la población se ha visto agraviada por diversos escándalos, en particular el que involucró a dos excomandantes en jefe del Ejército y a un comandante en jefe de Carabineros de Chile, la policía uniformada, los cuales están procesados por uso indebido de los fondos reservados de ambas instituciones. Ellos abusaron de dichos fondos al dedicarlos a financiar viajes internacionales, automóviles de lujo, adquisición de viviendas sin pago de contribuciones de bienes raíces (impuestos prediales) y otros.

Otro escándalo se identifica con el financiamiento ilegal de la política por parte de los empresarios. Estos sujetos han realizado transferencias directas en beneficio de los partidos y los candidatos a puestos de elección para presionarlos en el trámite de proyectos de ley de interés para las empresas. Un caso ilustrativo es el de un empresario que ocupaba un cargo público, la subsecretaría de minería, que, literalmente, dictó el texto de una cláusula de una ley que estaba en discusión en el Congreso Nacional y que favorecía a su empresa. También se puede mencionar la existencia de prácticas de colusión entre empresas para fijar precios de medicamentos, así como de artículos de consumo y alimentos.

A todo lo anterior se suma la ausencia de fiscalización de esas prácticas por parte del Servicio de Impuestos Internos (sii), que no presentó querellas por delitos tributarios. El Ministerio Público se abstuvo de seguir las investigaciones. Ambas medidas fueron determinadas por las autoridades políticas, que no instruyeron al sii para implementar esa fiscalización. Además, en los casos en los que sí se realizó, y por tanto se procesó a los involucrados, se aplicaron penas risibles para los culpables, como la asistencia a clases de filosofía moral.

 

Los montos de las pensiones

 

La reforma de la seguridad social de 1981, que creó un sistema administrado por empresas no asociadas al sistema bancario, dio lugar en años recientes, cuando empezaron a jubilarse muchos pensionados, a ingresos muy por debajo de los que recibían las personas cuando estaban activas. En efecto, las pensiones no reflejan el costo de la vida, dado que una pensión promedio no supera los 300 dólares. Si los jubilados tienen una deuda hipotecaria, por ejemplo, ese pago consume gran parte de su pensión, y si no se pagan las cuotas del crédito, los bancos rematan sus viviendas. El sistema de las afps contrasta con el hecho de que las fuerzas armadas mantienen el sistema de seguridad social financiado por el presupuesto público.

Algo similar ocurre con el sistema privado de salud, que ofrece planes diferenciados de acuerdo a las enfermedades cubiertas. Por ejemplo, los partos no están cubiertos en los planes, por lo que generan cuotas adicionales. Los precios de los medicamentos quintuplican los de otros países como España. Así, la libertad de precios abre la posibilidad de que los costos de bienes de consumo inmediato estén indizados a variaciones en el tipo de cambio: de este modo, los precios de los artículos de los supermercados superan los vigentes en España.

 

El estallido de las tensiones

 

Los factores mencionados, entre otros que se fueron acumulando desde 1982, culminaron, el pasado mes de octubre, con una protesta que lanzó a los chilenos a las calles de Santiago. La revuelta no es motivo de extrañamiento: en términos de desigualdad económica, Chile tiene uno de los coeficientes de Gini más altos del mundo (0.50), lo que lo sitúa en la posición número 15 en una lista de 157 países (el coeficiente de Francia es 0.29; el de Estados Unidos, 0.39; el de Austria, 0.28). En momentos de crisis como éste, no está de sobra un resumen: la desigualdad es resultado de la privatización de la educación básica, media y superior; del endeudamiento generalizado de la población; de la concentración del ingreso; de los escándalos por corrupción; de la insuficiencia de las pensiones. Es resultado también del contraste entre el salario que percibe el promedio de la población y el que reciben los diputados y senadores chilenos, que contempla no sólo dietas parlamentarias sino también recursos para el sustento de oficinas distritales, la contratación de asesores, etc. Es resultado, igualmente, de la privatización de las empresas de servicios de utilidad pública, como Aguas Andinas, la Empresa Nacional de Electricidad, el Metro, las carreteras y demás, que no han realizado los debidos trabajos de mantenimiento y que, por tanto, generan numerosas incomodidades en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Sobre todo, la desigualdad ha provocado un profundo descontento al respecto del funcionamiento de las instituciones políticas y, en particular, de la “democracia”. En efecto, una de las razones que explican el actual malestar chileno es, como ha escrito Carlos Huneeus, “la estrategia de legitimación democrática en torno al crecimiento económico [que optó] por la continuidad y no por la reforma del sistema económico heredado. Se empleó una lógica tecnocrática, es decir, una visión racional y de expertos de la política y la economía. Se creyó que esta estrategia produciría bienes políticos para alcanzar una democracia plena”. El curso de treinta años ha demostrado que esa decisión estratégica fue la equivocada. Queda por ver, en el futuro, adónde conduce esta toma de conciencia. “Estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad.” Es cierto: Chile ha despertado.◊

 


* FRANCISCO ZAPATA

Es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.