Cambios demográficos en México, desigualdad y políticas de población

El México en el que nació El Colegio de México y el que ahora lo ve convertirse en octogenario muestran transiciones significativas en el plano demográfico, al tiempo que evidencian los avances y rezagos nacionales, así como las diferencias regionales. Siguiendo la tradición de investigación y análisis de nuestra institución en la materia, Rosario Cárdenas da cuenta del curso demográfico mostrado en el país en este período, a la vez que expone las problemáticas que deben atenderse impostergablemente.

 

ROSARIO CÁRDENAS*

 


 

Si bien El Colegio de México, desde su fundación en 1940, ha tenido como uno de sus objetivos contribuir a la identificación de las principales problemáticas que aquejan al país, el inicio de la formación de recursos humanos en demografía en 1964 ilustra de manera clara cómo el quehacer de esta institución provee insumos para el fortalecimiento de la política pública. Una década después, en 1974, las investigaciones realizadas en El Colegio fundamentaron el punto de inflexión más importante, hasta la fecha, en las definiciones de los programas de población, al evidenciarse la potencial evolución demográfica del país y su posible resultado en el desarrollo nacional. Una mirada a las transformaciones que han tenido lugar en el devenir demográfico en los últimos 80 años muestra un país con grandes desigualdades y la exigencia de modernizar la aproximación a los temas poblacionales.

En México, entre 1940 y 2020, la esperanza de vida en el momento del nacimiento aumentó, para las mujeres, de 39.8 a 78.1 años y, para los hombres, de 37.7 a 72.4 años (Arriaga, 1968; inegi, 2007). Dado que la esperanza de vida al nacimiento es un indicador que hace patente el nivel de desarrollo de las sociedades, estos cambios denotan las transformaciones de gran calado que tuvieron lugar en el país durante este período. De manera paralela, otros indicadores del progreso en el bienestar de la población también mejoraron en el transcurso de estos 80 años. La tasa de mortalidad infantil disminuyó de 138.6 defunciones de menores de 1 año por cada mil nacidos vivos registrados a una estimación de 12.8 (inegi, 2001; conapo, 2020); la razón de mortalidad materna de 540 defunciones debidas a esta causa por cada 100 mil nacidos vivos a 36.7 en 2016 (inegi, 2001; siods, 2020), y la tasa global de fecundidad de 6.57 hijos por mujer en 1950 a 2.05 en 2020 (conapo, 2020). Las transiciones que muestran estos indicadores han estado acompañadas de modificaciones en la composición etaria de la población. Entre 1950 y 2020, la edad mediana de la población, es decir, la cifra que distingue hasta cuántos años tiene el 50% más joven de la población, se incrementó de 17.1 a 28.5 años, dando cuenta de un proceso de envejecimiento de la sociedad mexicana, resultado del efecto conjunto de la reducción de la fecundidad y el aumento de la longevidad promedio de la población; esto se expresa, también, en el índice de envejecimiento, el cual señala que para 1950 había 6.7 personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 15 años y que para 2020 esta relación se incrementó hasta alcanzar una cifra de 29.6 (conapo, 2020).

Elementos tales como la intensificación de la urbanización, la movilidad de la población hacia las ciudades, la ampliación de la cobertura y de los niveles de los servicios educativos, la organización de las instituciones de seguridad social, la mejora de la infraestructura de servicios de salud y la expansión de las vías de comunicación promovieron los avances sociales y económicos que subyacen a las mejoras en los indicadores demográficos señalados. No obstante, el país registra vastas desigualdades socioeconómicas.

En 2004, la Ley General de Desarrollo Social mandató medir la pobreza en el país utilizando una aproximación multidimensional con una perspectiva de derechos sociales. Las estimaciones más recientes sobre pobreza indican que, en 2018, en México, 41.9% del total de la población se encontraba en situación de pobreza y que, a pesar de tratarse de derechos reconocidos por el Estado, 16.9% de la población registraba rezago educativo; 16.2%, carencia de acceso a servicios de salud; 57.3%, falta de cobertura de seguridad social; 11.1%, carencia de calidad y espacios de la vivienda; 19.8%, inexistencia de servicios básicos en la vivienda y 20.4%, carencia de acceso a la alimentación (coneval, 2020).

El examen de la información sobre pobreza según entidades federativas manifiesta la heterogeneidad de condiciones que prevalecen en el país y la profundidad de estos diferenciales. En 2018, considerando el porcentaje de población en situación de pobreza residente en cada entidad federativa y las seis dimensiones sociales que integran la medición multidimensional, Nuevo León tiene los indicadores menos graves para el porcentaje de población en condición de pobreza (14.5%), carencia de calidad y espacios de la vivienda (3.1%), falta de servicios básicos en la vivienda (2.4%) y carencia de acceso a la alimentación (12.2%); la Ciudad de México los tiene para rezago educativo (8.1%), San Luis Potosí, para carencia de acceso a servicios de salud (9%) y Coahuila, para falta de cobertura de seguridad social (30.4%); en contraste, Chiapas es una de las entidades federativas que registró los mayores rezagos, con 76.4% del total de su población en situación de pobreza, 29.2% con rezago educativo y 83.6% con carencia de cobertura de seguridad social, junto con Guerrero, con 28.8% de carencia de calidad y espacios de la vivienda, y 58.6% de falta de servicios básicos en la vivienda, Michoacán con 21.2% de falta de acceso a servicios de salud y Tabasco con 46.8% de carencia de acceso a la alimentación (coneval, 2020). Los datos señalados permiten distinguir que la pobreza en Chiapas es más de cinco veces superior a la reportada para Nuevo León, que su rezago educativo es 3.6 veces superior al de la Ciudad de México y que la carencia de cobertura de seguridad social es 2.7 veces la de Coahuila; asimismo, que para Guerrero las carencias de calidad y espacios de la vivienda y de servicios básicos en ésta que registra son 9.2 y 24.4 veces, respectivamente, las de Nuevo León; que en Michoacán, la falta de accesos de servicios de salud es más del doble de la observada en San Luis Potosí y que en Tabasco la carencia de acceso a la alimentación es 3.8 veces la identificada para Nuevo León. La desigualdad de condiciones de vida y cumplimiento de derechos sociales entre las entidades federativas evidenciadas por las estimaciones de pobreza se ve reflejada, también, en los indicadores demográficos.

El análisis de las esperanzas de vida al nacimiento muestra la magnitud de las divergencias entre las entidades federativas. Mientras que en la Ciudad de México los valores estimados para este indicador, para 2020, son 73.6 y 79.5 años para hombres y mujeres, respectivamente, en Guerrero éstas son al menos tres años más bajas, 70.3 y 76.3, denotando un rezago de más de 20 años respecto a lo reportado para el país en su conjunto, dado que cifras equivalentes fueron registradas, en el ámbito nacional, para los hombres en 1997 y para las mujeres en 1998 (conapo, 2018 y 2020). El contraste entre los niveles de fecundidad por entidad federativa también da cuenta de las disparidades presentes en el territorio nacional. La tasa global de fecundidad estimada para la Ciudad de México, para 2020, indica que las mujeres en edad fértil residentes en esta entidad tienen, en promedio, 1.5 hijos cada una, lo que describe un despoblamiento de la ciudad al no sustituirse una pareja en la siguiente generación. En comparación, la tasa global de fecundidad señalada para Chiapas para el mismo año es de 2.7 hijos por mujer, lo que no sólo esencialmente duplica la identificada para la Ciudad de México, sino que es equivalente a la observada en el país 20 años atrás (conapo, 2018 y 2020). El índice de envejecimiento proporciona una imagen adicional de las disimilitudes entre las entidades federativas y los divergentes patrones demográficos que prevalecen en el país. Se estima que en Chiapas, en 2020, hay 17.8 personas mayores de 60 años por cada 100 de hasta 15 años, cifra comparable a la registrada en el país en 2005, lo que revela un escenario dispar del de la Ciudad de México, que registra una cifra de 60.8 (conapo, 2018 y 2020).

Indiscutiblemente, existe una estrecha relación entre los derroteros que pueden seguir el desarrollo de una sociedad y la composición de su población. Los patrones de inmigración a países europeos, organizados o aceptados por las naciones receptoras, enfatizan esta relación al compensar de esta forma el envejecimiento de sus poblaciones. En el caso de México, las tres leyes de población promulgadas por el país hasta la fecha evidencian esta relación entre desarrollo y población. Las emitidas en 1936 y 1947 subrayaban el aumento del tamaño de la población como un fenómeno deseable para el desarrollo del país. En cambio, la publicada en 1974 establecía la reducción del ritmo de crecimiento poblacional como un requisito para la obtención de los logros que en materia de desarrollo fueron planteados por el gobierno en turno. Como lo expresan los indicadores demográficos previamente anotados para el país, si bien las acciones de otorgamiento gratuito de anticonceptivos articuladas a la ley de población de 1974 fueron exitosas en disminuir la intensidad de la fecundidad, el resto de las intervenciones llevadas a cabo en el marco de las políticas de desarrollo o de población no se tradujeron en niveles homogéneos de acceso a satisfactores ni tampoco en patrones demográficos similares.

Las condiciones de inequidad en el disfrute del desarrollo, así como en el cumplimiento de derechos sociales que actualmente se registran en el país, requieren acciones de política pública adecuadamente diseñadas y eficaces para reducir estas brechas, tanto como para acercar patrones demográficos divergentes y planear intervenciones a fin de impedir un deterioro del goce de los beneficios del desarrollo.

Las siguientes son algunas de las problemáticas que de manera más acuciante requieren integrarse en una política de población que aborde el panorama que en la actualidad encara la sociedad mexicana.

Los diferenciales en la intensidad de la mortalidad obligan a reexaminar el papel de los determinantes sociales y el impacto que un sistema fragmentado y segmentado ha significado en el acceso de la población a los servicios de salud y, con ello, al cumplimiento de los derechos constitucional, humano y social de preservar y mejorar las condiciones de salud de las personas. La diferencia de más del doble en las tasas de mortalidad infantil estimadas para 2020 para Chiapas (19.4 defunciones de menores de 1 año por mil nacidos vivos) y la Ciudad de México (9.1) ilustran estas inequidades, al igual que las discrepancias en las razones de mortalidad materna que para 2016 indican una cifra siete veces superior en Chiapas (58.3 defunciones por causas maternas por cada 100 mil nacidos vivos) que en Baja California Sur (8.3) (conapo, 2018; siods, 2020).

El acelerado proceso de envejecimiento registrado en el país exige destinar esfuerzos no sólo para atender con acciones de política pública al grupo poblacional de sesenta años o más, sino también a fin de orientar intervenciones preventivas desde las edades adultas jóvenes, con el objetivo de posponer el deterioro funcional asociado a la vejez y propiciar la autosuficiencia para el desempeño de actividades cotidianas; al mismo tiempo, debe articularse un sistema de protección social mediante el cual se instaure un régimen universal de pensiones, así como el establecimiento de un sistema de cuidados con perspectiva de género.

La atención a la población con discapacidad es un tercer elemento de gran relevancia para una política demográfica moderna en México. La discapacidad reportada para el país es resultado no únicamente del proceso de envejecimiento, sino también del acotamiento de servicios preventivos y de rehabilitación. De acuerdo con el inegi (2020), en 2018, 6.3% del total de la población declaró tener algún tipo de discapacidad, lo que representa más de 7.8 millones de personas, de las cuales esencialmente la mitad son menores de sesenta años.

La disparidad entre los patrones de fecundidad por entidad federativa exige flexibilizar las acciones de planificación familiar con el fin de alinearlas a realidades de gran contraste y enfatizar, de entre los componentes que la integran, aquéllos requeridos en mayor medida por la población. Mientras en las entidades federativas con las tasas globales de fecundidad más altas cabe que la ampliación de la cobertura anticonceptiva sea la intervención más demandada, en lugares como la Ciudad de México quizá lo sea la atención a los problemas de infertilidad o subfecundidad, o bien, en otro orden, la existencia de políticas públicas para servicios de guardería y apoyo a la crianza de los hijos. Las desigualdades de género que enfrenta especialmente la población femenina no sólo se ven traducidas en limitaciones para la participación en las actividades económicas remuneradas, sino que permea también otros ámbitos de la vida personal, como las relaciones de noviazgo o de pareja, la reproducción y la muy alta prevalencia de violencia hacia la mujer, incluidos los feminicidios. La intensidad de la fecundidad ocurrida durante la adolescencia constituye un problema social con implicaciones para la salud y que frecuentemente contribuye al traslado de condiciones de pobreza entre generaciones. Para 2020, se estima para Coahuila una tasa de fecundidad adolescente de 94.3 nacimientos de hijos de mujeres de 15 a 19 años por cada mil mujeres de este grupo etario, casi el doble de la correspondiente a la Ciudad de México (47.8) y más de 20 veces la registrada en 2018 en Dinamarca, Japón, Países Bajos o Singapur (Cárdenas, 2020; conapo, 2018).

La participación de México en la conformación de las agendas internacionales de desarrollo y su adhesión a las mismas proveen una oportunidad para definir políticas públicas orientadas a reducir tanto las desigualdades sociodemográficas documentadas en este texto como las restantes. La Agenda 2030, que conjunta los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), establece, como elementos centrales de su quehacer, la eliminación de la pobreza, la reducción de las desigualdades en una sociedad y entre países, así como el propósito de no dejar a nadie al margen del desarrollo. Las labores previstas para dar consecución a los ods, aunadas a las relativas a satisfacer la agenda poblacional precisada por la región en el Consenso de Montevideo, propiciarán una siguiente etapa en las transiciones sociales y demográficas que el país ha registrado en las últimas décadas. La formación de recursos humanos y de especialización para la investigación en el área de los estudios de población seguirá siendo fundamental para lograr un país con mayor justicia social, en el cual cada persona pueda lograr su potencial en un clima de desarrollo y con posibilidades de ejercer todos los derechos que el país reconoce, contribuyendo con ello a lograr una sociedad equitativa.◊

 


Referencias

 

Arriaga, Eduardo E. (1968), New Life Tables for Latin American Populations in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Berkeley, University of California Press.

Cárdenas, Rosario (en prensa), “Una mirada a la desigualdad de las condiciones de vida de las mujeres en México”, en II Jornadas Sociedad y Mujer, México, El Colegio Nacional.

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conapo (2020), Indicadores demográficos de México de 1950 a 2050, México, Consejo Nacional de Población, disponible en <http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Mapa_Ind_Dem18/index_2.html>, consultado el 30 de julio de 2020.

coneval (2020), Medición de la pobreza. Anexo estadístico 2008-2018, México, Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, disponible en <https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.aspx>, consultado  el 30 de julio de 2020.

inegi (2001), Indicadores sociodemográficos de México (1930-2000), México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

inegi (2007), Mujeres y hombres en México 2007, 11ª ed., México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

inegi (2020), Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. enadid 2018. Principales resultados, México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, disponible en <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf>, consultado el 30 de julio de 2020.

siods (2020), Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, México, Gobierno de México-inegi, disponible en <http://agenda2030.mx/#/home>, consultado el 30 de julio de 2020.

 


* ROSARIO CÁRDENAS

Es profesora-investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.