Austeridad y capacidad de gobierno frente a la pandemia

¿Es la austeridad promovida por el actual gobierno una medida eficaz contra los efectos negativos de la pandemia del COVID-19? Fernando Nieto Morales responde a esta pregunta mediante un análisis de las capacidades del gobierno, actuales y heredadas, en materia administrativa y de salud.

 

FERNANDO NIETO MORALES*

 


 

Durante los últimos meses hemos sido testigos de esfuerzos globales para contener la pandemia de COVID-19. Gobiernos de todo el mundo han anunciado distintas medidas destinadas a atender a los enfermos y a mitigar el riesgo colectivo (sanitario, pero también social y económico). Éstas han incluido restricciones y nuevas regulaciones (por ejemplo, cuarentenas y medidas de distanciamiento social), inversiones en infraestructura y en materiales de salud, así como paquetes de estímulos fiscales y transferencias para reactivar la economía y compensar la contracción del consumo.

Desde el 23 de marzo, el gobierno mexicano anunció medidas de contención de la pandemia. Quizá la más importante fue el inicio de la “Jornada Nacional de Sana Distancia”. En su discurso del 5 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció otra serie de medidas orientadas a paliar los efectos económicos de la crisis. Entre otras, se comprometió a crear dos millones de empleos, a ampliar la cobertura de los programas sociales y a emitir nuevas líneas de crédito para personas físicas. Además, dijo que se redoblarán los esfuerzos de combate a la corrupción y de “austeridad republicana”. Como insistió en su conferencia del 6 de abril: “O sea, es seguridad, salud pública, enfrentar el coronavirus, reactivar la economía y acabar con la peste de la corrupción”. Para remachar la idea, tan sólo unas semanas después, el 23 de abril, el gobierno federal emitió un nuevo decreto con medidas adicionales de austeridad que incluyen la reducción (aparentemente voluntaria) de hasta 25% del salario de algunos funcionarios federales, la cancelación de 10 subsecretarías de Estado y el recorte de 75% del gasto operativo (en materiales, luz, agua, gas, renta, consumibles, mensajería, mantenimiento, telefonía, internet, etc.) de la mayoría de las dependencias y entidades federales.

En el contexto de una pandemia global, resulta elemental reflexionar sobre el tipo de respuesta del gobierno mexicano, pero también es muy importante pensar en la capacidad del mismo para poner en marcha acciones y políticas creíbles y efectivas. Una cosa es formular soluciones en el discurso; otra es tener capacidad para llevarlas a cabo. No menos importante, la respuesta del gobierno mexicano amerita una reflexión sobre si las medidas de austeridad pueden o no ser contraproducentes.

Al menos en su versión administrativa, la capacidad de gobierno se refiere a la existencia de organizaciones públicas competentes, bien apertrechadas, eficaces e imparciales que permiten implementar medidas apropiadas y efectivas. La capacidad, en este sentido, se refiere a la habilidad de los gobiernos para solucionar problemas públicos en los hechos mediante el análisis de información, la coordinación, la aplicación de reglas y la provisión de bienes y servicios públicos.

Lo anterior es central: si bien la pandemia es un reto común para muchos gobiernos, no todos cuentan con las mismas capacidades para hacerle frente. Sabemos que los gobiernos con mayor capacidad pueden responder más rápida y eficazmente ante emergencias y desastres. Mayor capacidad puede proveer un conjunto más amplio de opciones de política pública, así como mayor flexibilidad operativa para enfrentar retos concretos. Por ejemplo, puede atenderse a distintas poblaciones vulnerables o proveer con mayor holgura paquetes de estímulos y transferencias. Además, los gobiernos con mayor capacidad tienen más herramientas para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones y regulaciones. En tiempos en los que restringir la movilidad de las personas es una cuestión de salud pública, el punto no es para nada menor.

En términos de capacidades, en el caso de México, la perspectiva no es muy halagüeña. Si bien es cierto que existen miles de servidores públicos comprometidos, el Estado mexicano tiene capacidades limitadas que imponen restricciones prácticas a la buena voluntad de las personas (y de los discursos y decretos oficiales). Por ejemplo, México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) con menor número de camas de hospital y respiradores per cápita, y el gasto público en salud está por debajo de varios países latinoamericanos y muy por debajo de los países desarrollados.

Tenemos un sistema de salud fragmentado y asimétrico. Hay varios subsistemas de salud (imss, issste, insabi y sistemas estatales) con recursos y lógicas distintas. También la efectividad de las diferentes piezas del sistema de salud es desigual y, por lo tanto, la calidad de los servicios varía considerablemente. Por lo demás, persiste una gran asimetría entre las regiones del país; carecemos de una cadena efectiva de suministro de medicamentos; hay escasez de materiales e insumos, y tenemos una geografía extensa y heterogénea que impone desafíos específicos para la provisión de servicios médicos universales.

Por si lo anterior fuera poco, no deja de ser preocupante que el gobierno mexicano enfrente la crisis con una hacienda pública débil (disminuida aún más por la desaceleración económica, la depreciación del peso y la caída en los precios del petróleo), sin un servicio civil profesional y con lastres administrativos que heredó del sistema autoritario, como el acceso condicionado (con frecuencia mediante redes clientelares) a programas y servicios públicos esenciales.

De ahí que el discurso de austeridad, como parte central de la respuesta del gobierno mexicano ante la pandemia, sea, cuando menos, desconcertante. Primero, la austeridad no responde al desafío de las capacidades limitadas preexistentes, por ejemplo, en infraestructura y capacidad de provisión. Segundo, y contrario a lo que pueda pensar el presidente, no es claro que los potenciales ahorros en materiales, salarios, aguinaldos y recortes de estructuras sean de la magnitud necesaria para atender la pandemia y, en cambio, sí pueden tener el efecto perverso de debilitar aún más las capacidades del gobierno mexicano. Esto es así no sólo porque el punto de partida para México es menos ventajoso, en términos de capacidad de gobierno, que el de otros países. También es grave porque los recortes pueden mellar y hasta paralizar las burocracias públicas, ya de suyo sobrecargadas de atribuciones, a menudo rebasadas por la demanda y operando con insumos escasos y frecuentemente inadecuados.

Vale recalcar: una cosa es declarar soluciones; otra es ser capaz de llevarlas a cabo. Si las medidas de austeridad no se piensan en el contexto de la ya limitada capacidad del gobierno mexicano, es muy probable que terminen por empeorar las cosas. Es decir, simultáneamente con la ejecución de medidas de contención de la pandemia, el gobierno debería invertir en sus propias capacidades y, por ende, en sus agencias, herramientas y servidores públicos. El prospecto de disminuir aún más la capacidad de gobierno por medio de medidas de austeridad es terrible, sobre todo si se considera que hay patrimonios y vidas humanas en peligro. En este sentido, no sólo es la “peste de la corrupción”, como dice el presidente: la austeridad también puede matar.◊

 


* FERNANDO NIETO MORALES

Es profesor-investigador en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.