Lluvia de papel / Vicente Rojo

Los dreamers a cambio del muro*

Ante la expectativa de la respuesta del Congreso de Estados Unidos a la situación legal de los “dreamers”, Mae Ngai advierte la urgencia de dejar atrás la premisa falsa de que “las fronteras de una nación pueden en efecto hacerse impenetrables”. La lógica que vincula la legalización con el control sigue presente en cada una de las corrientes principales de los partidos, desafortunadamente: tanto el Partido Demócrata como el Republicano olvidan la historia reciente de la inmigración estadounidense.

 

– MAE NGAI**

 


 

El Congreso de Estados Unidos tiene hasta el 5 de marzo próximo antes de que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (daca, por sus siglas en inglés) —el programa de la era de Obama que protege a los jóvenes que llegaron a ese país sin documentos cuando eran niños y que Donald Trump eliminó en septiembre de 2017— se termine de manera oficial. Está por verse si el Congreso legalizará a los llamados dreamers y qué concesiones será necesario hacer a cambio, pero es un hecho que cualquier acuerdo incluirá la asignación de un mayor presupuesto para el aumento del control fronterizo.

No es la primera vez que sucede algo así. La última gran reforma a la ley migratoria, firmada por el presidente Ronald Reagan en 1986, legalizó a casi tres millones de inmigrantes indocumentados, aumentó el control en la frontera entre Estados Unidos y México, y estableció sanciones en contra de los empleadores que contrataban a trabajadores indocumentados de manera intencional. Aquella Ley de Reforma y Control de Inmigración (irca, por sus siglas en inglés) de 1986 era más que un arreglo entre los liberales proinmigrantes y los conservadores procontrol: partía de la idea, ampliamente compartida y común todavía en los debates actuales, de que era posible hacer tabula rasa al legalizar a los indocumentados que ya estaban en Estados Unidos e impedir futuras entradas no autorizadas.

Esta idea parte de la premisa, fundamentalmente equivocada, de que las fronteras de una nación pueden, en efecto, hacerse impenetrables. En realidad, la migración indocumentada no es una aberración de la inmigración “normal”. Es el resultado invariable de la política general de restricción de Estados Unidos, que establece un tope a la inmigración y asigna visas en función de varias reglas (relaciones familiares, empleo, lotería,1 etc.). La restricción crea dos corrientes de inmigración, la lícita y la ilícita. Creer que es posible recibir únicamente inmigración legal es una muestra de arrogancia por parte del poder soberano.

La historia de la inmigración a Estados Unidos muestra que la restricción engendra inmigración ilegal. Las leyes de exclusión para los migrantes de China de fines del siglo xix provocaron la entrada ilícita de los llamados paper sons, o hijos de papel,2 y dieron pie a una burocracia basada en el escrutinio extremo, la detención y las deportaciones, todo lo cual resultó, en gran medida, un fracaso. La Ley de Orígenes Nacionales de 1924 redujo la inmigración general a 15% de los niveles previos a la Primera Guerra Mundial y estableció cuotas para los europeos del sur y del este; creó la patrulla fronteriza e hizo de la migración indocumentada un fenómeno masivo. La Ley de Inmigración de 1965 mantuvo los topes de migración bajos, pero reemplazó las cuotas racistas por un sistema basado en cuotas iguales para todos los países (26 500 al año) y la preferencia para los familiares de los migrantes que ya estaban en Estados Unidos. Esto creó largas listas de espera para las visas de los países con una gran demanda de emigración (México, India, China y Filipinas) y, por lo tanto, un pico en las entradas no autorizadas.

La ley de 1986 buscó corregir ese problema. Desde entonces, Estados Unidos ha gastado 263 mil millones de dólares en el control fronterizo, en especial en la frontera sur. Estos esfuerzos redujeron las entradas no autorizadas, pero no las eliminaron. También tuvieron la consecuencia no intencional de fomentar que los inmigrantes indocumentados se quedaran en ese país, en lugar de arriesgarse a los cada vez mayores peligros que conlleva la migración estacional, de modo que ahora Estados Unidos tiene una acumulación de 12 millones de personas indocumentadas. El auge económico de los años noventa del siglo pasado y del inicio del actual los sostenía. Sólo la recesión de 2008 detuvo este flujo. Ahora, a pesar de que la economía ha mejorado, la migración neta entre México y Estados Unidos sigue siendo de cero.

La idea que introdujo la irca en 1986, de que podía hacerse tabula rasa al combinar la legalización con el control, reapareció en los esfuerzos legislativos bipartidistas de hacer una reforma de la inmigración en el periodo 2008-2010 y en 2013. El bloque conservador del Partido Republicano echó por la borda estas propuestas.

Hoy día, en Washington, los demócratas y los republicanos moderados de nuevo respaldan un trato basado en la combinación de legalización y control. Sólo que esta vez hay más cosas en juego. Alrededor de 750 mil beneficiarios del programa daca tienen la oportunidad de ser legalizados. Es un número considerable, pero pequeño si se compara con los otros 11 millones de indocumentados, en su mayoría gente que ha estado trabajando en Estados Unidos durante al menos cinco años. Del otro lado de la ecuación, el presidente Trump quiere un muro físico, “grande y hermoso”, a todo lo largo de los más de 3 mil km que mide su frontera con México. Su orden ejecutiva sobre la seguridad fronteriza (del 25 de enero de 2017) define el “control operacional” de la frontera como “la prevención de todas las entradas ilícitas” a Estados Unidos. El aparente apoyo del presidente a los dreamers es de hecho incongruente con la manera en que aborda el tema de los indocumentados en general, es decir, deportación para todos. Esto ya está sucediendo ante nosotros: los agentes de inmigración arrestan y deportan a personas detenidas por infracciones de tránsito o por comparecer en la Corte por motivos que no tienen nada que ver con su estatus migratorio, gente que trabaja en restaurantes y tiendas de autoservicio, padres de bebés enfermos, profesionales e incluso beneficiarios del programa daca cuyas solicitudes de renovación están en tránsito en el correo.

Más de 80% de los estadounidenses están a favor de la legalización de los indocumentados. Las grandes mayorías se oponen a las deportaciones masivas, porque son crueles, y al muro, porque es inefectivo, además de caro. La migración es propulsada por deseos humanos irreprimibles de unificación familiar, mejoras en el ámbito económico y seguridad física. Es muy difícil, si no imposible, que los Estados nacionales la detengan, a menos que implementen medidas extraordinarias que excedan lo que cualquier sociedad democrática puede tolerar.

Si se opta por establecer restricciones a la inmigración, éstas deben ser razonables, permitir la unificación familiar, estar en sincronía con el mercado laboral y darle refugio a aquellos que huyen del desastre y la persecución. Es posible promulgar estatutos que limiten la presencia de los migrantes no autorizados (a, digamos, cinco o, incluso, 10 años), que reconozcan no sólo la inevitabilidad de su entrada sino también su incorporación a la sociedad. De hecho, Estados Unidos tenía una política así antes de 1924.

No obstante, la corriente principal de ambos partidos se aferra a la falsa lógica de los años ochenta que vinculaba la legalización con el control. En esta ocasión, los demócratas están en una posición particularmente débil y defensiva, en gran medida porque los extremistas, tanto del Congreso como de la Casa Blanca, están tomando a los dreamers como rehenes de una agenda nativista radical. La Casa Blanca emitió una propuesta del tipo “la tomas o la dejas” que no deja muchas opciones: legalizar a los beneficiarios del programa daca a cambio del financiamiento del muro, la aceleración de las deportaciones, la eliminación de algunas preferencias familiares y el fin de la lotería de visas de diversidad. El senador de Arkansas Tom Cotton, del Partido Republicano, está detrás de una ley aún más restrictiva que reduciría la inmigración legal 43% al eliminar la mayor parte de las preferencias familiares. Cotton, el consejero de la Casa Blanca Stephen Miller y otros extremistas imaginan un Estados Unidos que funcione como una fortaleza, que reciba únicamente a personas calificadas de países con una población predominantemente blanca, mismas que no suelen mostrar interés por migrar a ese país. En cualquier caso, el aumento de las restricciones a la inmigración legal simplemente creará una mayor inmigración indocumentada del Sur global debido a que, al igual que la mayoría de los blancos nacidos en Estados Unidos, los inmigrantes europeos idealizados no van a cosechar lechugas ni a lavar platos. Los nativistas no podrán ofrecer más que su disciplina, de métodos despiadados, y la deportación de la clase marginal de personas no blancas, resultado de sus propias políticas.◊

 


* Traducción de Claudia Itzkowich S.

1 N. de la T. El Programa de Visas de Diversidad de Inmigrantes administrado cada año por el Departamento de Estado de Estados Unidos dispone de una categoría de inmigrantes, conocidos como “de diversidad”, para países con un historial bajo de inmigración a Estados Unidos. Las visas se otorgan a personas elegidas al azar, por sorteo computarizado, de ahí que se le conozca como “lotería de visas”.

2 N. de la T. Personas nacidas en China que migraban a Estados Unidos de manera ilegal comprando documentos falsos en los que certificaban su parentesco con ciudadanos de origen chino en Estados Unidos.

 


** MAE NGAI
Es profesora de Historia en la Universidad de Columbia y autora de Impossible Subjects: Illegal Aliens and the Making of Modern America.